La normativa que regulaba la importación de residuos peligrosos y que Mauricio Macri modificó días atrás imponía toda una serie de restricciones al ingreso de desechos de otros países. Por un lado, una extensa lista de los productos que tenían expresamente prohibido el ingreso al territorio nacional, pero también la obligación de acompañar de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen que debía ser ratificado por la autoridad competente en Argentina de aquellos residuos no incluidos en ese listado. “Esta es una de las cosas más graves, porque dentro de los residuos reciclables es muy común en el comercio internacional que ingresen otro tipo de residuos más peligrosos o sustancias más complejas”, señaló en diálogo con Nuestras Voces Enrique Viale, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas que está trabajando junto a Greenpeace y otras organizaciones en la presentación de un amparo en contra de la nueva normativa.
En ese listado de productos prohibidos y que el titular del Poder Ejecutivo actual eliminó figuraban los desechos hospitalarios, mercaderías con vencimiento operado, lodos provenientes de actividades industriales, entre ellas de látex, de limpieza de recipientes, de las industrias generadores de gases, ricos en solventes, residuos de industrias elaboradoras de aceites y harinas de pescado, que contengan blanqueador con tenor de aceites minerales, de ácidos de residuos aceitosos, de aceites minerales y combustibles impurificados, entre muchos otros de alto valor contaminante.
Pero, además, el decreto 591/2019 habilitó cuatro instancias en las que los desechos de otros países pueden ingresar al nuestro pero en las que ya no entrarían como basura sino como insumos, motivo por el cual no sólo se permitirá la importación de desechos que podrían ser peligrosos sino que también se pagará por ellos. El texto publicado en el Boletín Oficial habilita el ingreso de residuos cuando la sustancia u objeto se utilice para fines específicos; cuando exista un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto; cuando la sustancia u objeto satisfaga los requisitos técnicos para las finalidades específicas, y cumpla la legislación existente y las normas aplicables al producto; y que el uso de la sustancia u objeto no genere impactos adversos para el ambiente o la salud, esto último de difícil corroboración ya que se eliminó el requerimiento de presentar el certificado de inocuidad.
“Además de importar residuos peligrosos, Argentina va a pagar millones de dólares para entrarla al país”, señaló a este medio Leonel Mingo, integrante del área de Campañas de Greenpeace Andino.
Y agregó: “Es una de las medidas mas ilógicas y ambientalmente escandalosas que yo recuerde. Por supuesto que nuestro país tiene problemas ambientales más serios que estos, como el Riachuelo por ejemplo, pero esto es un escándalo. Es pagar para gestionar basura de otros países. El gobierno te lo quiere vender como algo positivo y es aún más nefasto porque técnicamente no va a comprar basura, va a comprar insumos porque lo van a esconder que es para abastecer a las industrias del reciclaje, motivo por el cual van a pagar un costo más elevado, porque van a estar comprando formalmente materia prima. Lo insólito es que los grandes generadores de residuos ahorran por no gestionar sus residuos y además ganan dinero con ellos. Por otro lado, países como Argentina cuyos rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto están desbordados, gastan en comprar más residuos”.
En el mismo sentido, el diputado nacional Roberto Salvarezza, señaló: “No sólo estamos perjudicando a los que trabajan en el circuito del reciclaje en nuestro país, que hace muchos años ha sido una salida laboral para mucha gente, sino también el hecho que si importás tenés que pagarlo con divisas, en momentos en los que Argentina lo que menos debe hacer es descuidar los recursos que tiene. En lugar de importar otros insumos vamos a terminar importando basura”. Salvarezza acompañó con su firma, al igual que otros diputados del Frente Para la Victoria, un pedido de Informes que impulsó Gabriela Cerruti, en el que se exige al Poder Ejecutivo que de cuenta de las razones por las cuales eliminó la lista de residuos prohibidos; los motivos por los cuales eliminó la necesidad de presentar el certificado de inocuidad; el impacto ambiental que tendrá la flexibilización de la importación de residuos peligrosos; el impacto económico de la medida; y la relación con los países que exportan residuos a la Argentina.
“Uno de los argumentos del gobierno para impulsar este decreto es en realidad una verdad a medias. Las industrias que hacen el reciclaje, que reciben el plástico, el papel y los cartones y vuelven a hacer botellas están trabajando por debajo de su capacidad instalada. Esto es cierto. Ahora, si vos querés que esas industrias trabajen de manera óptima no tenés que gastar millones de dólares en traer basura de afuera sino que tenés que gestionar la basura que tenés acá. Y se sabe que a lo largo y a lo ancho de todo el país todos los rellenos sanitarios están colapsados, hay basurales a cielo abierto, incluso encontrás residuos tirados en la calle. O sea, sobran residuos y no es necesario ir a buscarlos afuera”, aseguró Mingo. Y concluyó: “Tenés residuos de sobra en todo el territorio del país y más aún en la zona metropolitana para abastecer a estas industrias que hacen el reciclaje, por eso es inadmisible lo que están haciendo”.
La quema
Otro de los interrogantes respecto a esta decisión del presidente Mauricio Macri está vinculado con la promoción de las plantas de incineración que aprobó el año pasado la legislatura porteña con la mayoría automática del oficialismo. El 3 de mayo de 2018, con 36 votos a favor y 22 en contra se aprobó la normativa que habilitó a la Ciudad de Buenos Aires a incinerar los residuos urbanos mediante la técnica de termovalorización energética. “Hay altas probabilidades de que estos residuos alimenten las plantas de incineración que el Gobierno de la Ciudad pretende instalar, y esto traerá más tóxicos y consecuencias para la salud de los vecinos. Las aristas de este problema, son múltiples”, aseguró Mingo en un comunicado que emitió Greenpeace sobre el tema. Y en diálogo con este medio agregó: “La ley de Basura Cero original prohibía de manera explícita la incineración. El año pasado Larreta impulso la modificación de la ley para que se pueda incinerar. Esto obviamente generó una discordia tremenda en la sociedad, en los ambientalistas y en los recuperadores. Impusimos un amparo y se frenó y el camino legal sigue su curso. Ahora, como no tienen combustible para la incineración que no solo es peligrosa para el medioambiente y la salud sino que es la forma más costosa de gestionar residuos, esto tranquilamente puede servir de combustible para justificar la existencia de las plantas de incineración que son tan nocivas y tan caras”, sostuvo.
La necesidad de Estados Unidos y de los países europeos de encontrar nuevos mercados para enviar la basura que producen se acentuó en enero de 2018, cuando China, uno de los principales importadores de residuos del mundo hasta ese momento, impuso restricciones al prohibir el ingreso de 24 categorías de residuos sólidos, entre los que se incluían plásticos, papeles y textiles.
En un artículo publicado en 2018 en el diario La Nación, el ambientalista Javier Corcuera –que dirigió organismos ambientales en el Gobierno de la Ciudad, en Pilar y en ONGs– explicó: “El problema es que mandan basura ‘mal separada’ y China ya no está dispuesta a recibir residuos que son rechazados por sus industrias. Ahora solo recibirán residuos bien separados y envasados. Para la enorme escala de la que estamos hablando, casi nadie tiene capacidad de respuesta rápida. En los Estados Unidos ya hay congestiones de stocks y cambios en el valor de commodities como el aluminio y los plásticos. Oregon -un estado exportador de residuos- fue el primero en alertar sobre el problema. El gobierno de Portland anunció que rediseñará sus rellenos sanitarios para aguantar el período de adaptación. El mensaje descoloca a empresas y ciudadanos, acostumbrados a poner en un contenedor botellas PET con sus tapitas y con otros plásticos parecidos. En China, eso ahora es considerado material plástico ‘contaminado’. El ultimátum chino no da tiempo para masificar este cambio que depende de más educación ambiental ciudadana”.
En ese marco, Enrique Viale sostuvo que la decisión de Macri va en contra de lo que está pasando a nivel internacional. “China a principios de año hizo diametralmente lo opuesto a este decreto. Redujo en un 99% los residuos que ingresan a ese país y este es uno de los grandes motivos de este decreto. Estados Unidos era el mayor proveedor de basura a China y se ha quedado sin ese mercado y están las ciudades norteamericanas colapsando debido a la cantidad de residuos plásticos que no saben donde colocarlos. Yo creo que hay un pedido de Estados Unidos a los países aliados, entre comillas, para que flexibilicen su normativa. En Ecuador y en Paraguay en este momento se está discutiendo algo parecido. Ecuador ya tiene una problemática en ese sentido. Estados Unidos necesita un mercado internacional”. Y en el mismo sentido que Mingo, también vinculó la decisión con el proyecto de incineración de basura en la ciudad: “Hay que ver si esto no tiene una relación con la autorización que hizo Larreta hace un año. Si bien todavía no están construidas las plantas, son muy demandantes de residuos para funcionar, entonces también ahí habría que ver si hay algún tipo de relación”, explicó.
Mientras los diputados nacionales aguardan las respuestas del Poder Ejecutivo respecto a los motivos que llevaron a impulsar la flexibilización de la normativa respecto a la importación de residuos peligrosos, los ambientalistas presentarán en los próximos días un amparo para declarar inconstitucional la medida que constituye un retroceso en términos ambientales y sanitarios.
*Por Sabrina Roth para Nuestras Voces.
