“Yo le creo”. Se inició juicio por «reducción a la servidumbre» en Villa Dolores
Esta semana inició un juicio que sienta precedente en la provincia de Córdoba bajo la carátula de “reducción a la servidumbre”. Jesús Agüero está acusado de infringir diversos mecanismos de tortura a su pareja en la localidad de San José desde el año 1996. La víctima declaró los vejámenes a los que fue sometida con una voz casi imperceptible, mientras el fiscal y el juez le decían «yo le creo» para ayudarla a sostener su relato.
Por Romina Pezzelato para La Marea
Este lunes se inició un juicio que sienta precedente en nuestra provincia bajo la carátula de “reducción a la servidumbre”. Jesús Agüero (42 años) está acusado de infringir diversos mecanismos de tortura a su pareja desde el año 1996, en la localidad de San José.
La víctima declaró y le puso palabras a los vejámenes a los que fue sometida durante años. Su voz fue prácticamente imperceptible a lo largo de todo el relato. “Yo le creo”, le decían el fiscal Cuello y el Juez, para sostener el testimonio de una mujer que, sin esas palabras, sin que alguien le crea, difícilmente hubiera podido llegar a esta instancia.
El fiscal y magistrado pusieron en evidencia que se puede procurar la empatía y el entendimiento, en un momento de tanta vulnerabilidad como el que se vivió el lunes pasado en los tribunales de Villa Dolores.
Eduardo Cuneo, defensor del acusado manifestó su desacuerdo con los términos, aduciendo que se constituyen en un “adelanto de sentencia”. Argumento que sólo da cuenta de la falta de humanidad con que se puede ejercer la profesión.
En diálogo con La Marea Noticias Mary Luque, integrante de la Mesa de trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, relató: “Se llega a esta instancia judicial gracias a la denuncia que hiciera el hijo de la víctima, que tenía 17 años al momento de huir de su hogar. La mujer hizo la denuncia correspondiente para dar con el paradero. Cuando el joven fue interceptado por la policía, relató el contexto de extrema violencia vivido en su casa, y fueron los policías quienes notificaron al fiscal, que actuó de oficio y ordenó la detención de Argüello dada la gravedad del caso”.
Vivir el infierno
A las 12.10 se inició el relato de esta “película de terror”, según describen desde las organizaciones que acompañan el caso: la Mesa de Trabajo por los DDHH de Traslasierra, el Espacio sin Violencia de Villa de Las Rosas y Traslasierra Sorora.
Se leyeron treinta y cinco delitos sucedidos desde 1996 hasta mayo de 2018: violencia verbal, física, psíquica, económica y moral que culminaron con la prisión preventiva del imputado porque no obedeció la restricción que tenía de acercamiento a sus dos hijos y a su esposa.
En su declaración, la mujer repite que le da vergüenza contar lo que le pasó, que se amoldó a lo que él decía y exigía: “A veces no podía diferenciar entre una golpiza y otra porque todas eran parecidas: patadas, piñas en la cabeza, en los brazos y en la pierna, porque él sabía cómo no dejar marcas que se vieran”, explica. En días de frío la mojaba y la obligaba a dormir en el patio, sentada en una silla.
Los motivos de las torturas siempre fueron similares. Todo era su culpa: se cayó y rompió una jarra; pidió una pizza con cebolla (que a él no le gustaba); la herida de una chancha… Los hijos presenciaron cada golpiza. La niña era quien intentaba que dejara de pegarle a la madre. El hijo se subía al techo o se iba al fondo de la casa para no oír.
Narró también que compartían la vivienda y la comida con la otra pareja y otros cuatro hijos que él tiene.
El acompañamiento a la víctima ha implicado “facilitarle el acceso a un trabajo, la contención procurando asistencia psicológica, y la cercanía para sostenerla en lo anímico hasta llegar al día de hoy”, relata Mary.
Mirar la Justicia desde el patriarcado
Según el defensor del acusado, la prisión de Agüero es un “pronóstico de pena”, y la define como “grosera”. Esta grosería es la que mantiene a la víctima a salvo, es la que todas las legislaciones vigentes en relación a la violencia de género procuran.
Para Cúneo este tema (la violencia de género) se plasma hasta “en las plataformas electorales y se quiere poner en la hoguera a este tipo de delito”. Cuestiona también si entre los treinta delitos (tipos de violencia que ejerció su defendido) y la reducción a servidumbre, existe una continuidad y plantea que del uno al veintitrés son delitos que han prescripto en el tiempo.
El fiscal Cuello respondió a la controversia leyendo artículos de libros que concluyen que “el delito está vigente pero interrumpido desde el momento en que se encarceló al imputado”. Que la reducción a servidumbre es delito de los considerados “continuos”, y el tribunal resuelve por unanimidad no hacer lugar a lo planteado por el defensa.
Para Mary Luque, en relación a diversos casos de violencia de género que han acompañado recientemente, “asistimos a un momento al menos interesante, en términos de los procedimientos policiales, los cuidados al hacer las preguntas, la contención que se procura hacia las mujeres”.
Esta semana continúan las declaraciones de la víctima y sus hijos.
Nos encontramos con una defensa que representa claramente el orden patriarcal. Que menosprecia la integridad y la vulnerabilidad de la víctima. Que subestima los mecanismos y regulaciones vigentes frente a casos de violencia de género. Sabemos frente a quién estamos.
Acaso sea fruto del camino recorrido por el movimiento de mujeres gritando “Ni una menos”, que hoy contamos con un fiscal y un juez que dicen: “Yo le creo”.
*Por Romina Pezzelato para La Marea. Imagen de portada: Colectivo Manifiesto
