Caso Lucía: separaron al juez y la fiscal de la causa contra los médicos que garantizaron la ILE
La Cámara de Apelaciones en lo Penal aceptó la recusación que plantearan Andhes y Cladem por temor fundado de parcialidad contra la fiscal Adriana Giannoni y el juez penal Facundo Maggio. Ambos entendían en la causa contra José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos que intervinieron en el pedido de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la niña de 11 años.
Por Primera Fuente
Desde Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem Tucumán), celebraron la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de separar de la causa contra los médicos José Gijena y Cecilia Ousset al juez Facundo Maggio y a la fiscal Adriana Giannoni. El Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción Jurisdicción Capital, Enrique Pedicone, dio lugar a los planteos de temor fundado de parcialidad realizados por las defensas de los médicos.
En abril, Andhes y Cladem habían planteado la recusación contra el Juez de Instrucción de la II° Nominación, Facundo Maggio, que entiende en la causa contra Gijena y Ousset, denunciados por homicidio luego de garantizar la cesárea a Lucía, tras los impedimentos para realizar la ILE. Ambas organizaciones, junto a numerosos organismos, habían cuestionado en su oportunidad la designación de Maggio como Juez Penal por su defensa de acusados por delitos de Lesa Humanidad y por su vinculación explícita y reconocida con el Arzobispado de Tucumán.
Para las organizaciones, esto entraba en la causal de “enemistad manifiesta”, ya que Maggio conoce claramente quiénes interpusieron las impugnaciones en su contra en los momentos previos a su designación.
Respecto a Giannoni, tanto Andhes como Cladem entendieron que su posicionamiento político/ideológico no le permitirá actuar según las leyes actuales ni respetando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Analizaron que su accionar busca disciplinar a efectores de salud que quieran garantizar el acceso a abortos no punibles, cercenando los derechos de las mujeres y personas gestantes. Por lo tanto, solicitaron su separación de la investigación.
Giannoni recibió, además, una denuncia impulsada por la Diputada Nacional Teresita Villavicencia, por coacción y abuso de autoridad por su actuación en el Caso Lucía. El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos 2da Nominación a cargo de Mariana Rivadeneira.
Por todo esto, el Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción –Jurisdicción Capital-, Enrique Pedicone, dio lugar a los pedidos de Andhes y Cladem, y tanto Maggio como Giannoni no continuarán participando de la investigación abierta contra los médicos Ousset y Gijena.
Pedicone definió que las mencionadas circunstancias, en casos con este impacto social, no resultan indiferentes y dio lugar al planteo de “temor fundado de parcialidad” realizado por las organizaciones. En ese sentido, consideró que, para que la Justicia pueda generar la confianza necesaria en la población, tiene que actuar de manera transparente, que no genere ningún tipo de dudas respecto a la imparcialidad de las personas involucradas ni con las formas que serán tratadas aquellos que se encuentren sometidos a su jurisdicción.
Finalmente, destacó el posicionamiento público de la fiscal: “Todos vimos los carteles pegados en la puerta de la fiscalía de la doctora Giannoni fijando posición pública sobre la temática», por lo cual no debería tratar expedientes de esta naturaleza.
“Esta decisión vino a darle orden, peso y sustancia a garantías procesales importantes como defensa de derecho en juicio, la imparcialidad de los magistrados.
También a poner en valor la transparencia con la que la Justicia tiene que desempeñarse”, expresaron Pablo Gargiulo y Emilio Guagnini, abogados defensores de los médicos y representantes de las organizaciones en la causa.
Asimismo, indicaron que “esperamos que, quien asuma como Fiscal en la causa, desestime la denuncia, ya que no responde a un fin lícito y, por tanto, no procura proteger derechos. Criminalizar las buenas prácticas como las realizadas por Gijena y Ousset coloca en situación de alto riesgo a estos médicos, a las niñas y todas las personas gestantes en Tucumán” y reclamaron que la justicia investigue a los responsables de obstaculizar el derecho a la salud y de torturar a Lucía.
Desde Andhes y Cladem, recordaron que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (Acnudh) emitió un dictamen planteando que “urge al Estado a investigar las amenazas e intimidaciones de las que habrían sido víctimas el personal médico que realizó la intervención quirúrgica (en referencia a las denuncias públicas realizadas por Gijena y Ousset) y a que se les brinden las garantías necesarias para que ellos y sus familias puedan continuar desarrollando sus actividades con libertad y seguridad».
*Por Primera Fuente.
