Femicidios: un Estado ausente y funcional a la impunidad
Durante los últimos fines de semana, las muertes violentas de dos mujeres jóvenes fueron noticia en Córdoba. A pesar del relato mediático oficial, no son hechos aislados, sino crímenes de odio generados por un sistema patriarcal legitimado. El femicidio nuestro de cada día parece no activar los resortes de un Estado que degrada sus recursos y abdica su responsabilidad. Es el extremo de un abanico de violencias de género, por ahora, sólo enfrentadas por los colectivos de mujeres organizadas. El miércoles 17, marcharán por Giuliana Silva y todas las víctimas de la violencia machista.
Por Marta Gaztañaga para Desafíos Urbanos
El pasado sábado 13 de julio, encontraron el cuerpo de Eylin Jiménez Condori en un descampado al sur de la ciudad de Córdoba. Sus familiares y amigxs la buscaban desde el viernes y difundieron su foto en las redes sociales y medios de comunicación. La investigación de los hechos está a cargo del fiscal Rubén Caro, pero la madre de la joven de 17 años aseguró que su ex pareja confesó el crimen. Carmen Condori se separó de él hace dos meses, poniendo fin a una relación violenta. En el momento de la separación, el hombre la amenazó con darle “donde más te duele”. La organización Barrios de Pie, de la que es parte la madre de la joven, exige el esclarecimiento inmediato de lo sucedido.
Una semana antes, la alegría de la aparición de otra joven a la que buscaron por dos días era opacada por un femicidio en el barrio Suárez. Rodolfo Tissera, de 41 años, tenía una orden de restricción por las denuncias realizadas por su ex pareja, 22 años más joven que él. Las restricciones no impedían que la amedrentara y, pocos días antes, había roto una ventana de su casa y la había amenazado de muerte una vez más. La joven contaba con un botón antipánico y, después de los episodios de la semana anterior, le habían prometido custodia policial. Algo que nunca ocurrió y que tampoco sabremos si hubiera evitado que Tissera se escondiera para dispararle tres tiros con un arma de fuego. Lo que sí ocurrió es que las organizaciones de mujeres recuperaron su nombre para decir: Giuliana Marianela Silva ¡presente! y, junto a sus familiares, pedir por ella justicia.
Durante la primera mitad del año, ocurrieron 11 femicidios en Córdoba. Los movimientos feministas responsabilizan al Estado por la falta de voluntad política y de presupuesto para cuidar la vida y los derechos de las mujeres e identidades disidentes. A partir del estudio de medios periodísticos gráficos y digitales, el “Observatorio MuMaLá. Mujeres, Disidencias, Derechos” relevó 132 femicidios en todo el país desde el 1º de enero hasta el 30 de junio.
Casi un femicidio por día
La irrupción pública de las problemáticas de género es contundente. Desde hace media década, las calles se llenan contra los femicidios cada 3 de junio y la consigna Ni Una Menos se repite en cada provincia argentina y ciudad latinoamericana. A pesar de ello, ocurre un femicidio cada 33 horas en el país.
La sistematización de MuMaLá registra 17 femicidios vinculados; asesinatos en los que las víctimas son las personas allegadas a la mujer. Como en el caso ocurrido el 20 de abril de este año en Almafuerte, cuando Germán Presbítero atacó con un cuchillo a su pareja en la casa que compartían. El hombre de 41 años asesinó a Verónica Rearte, su pareja, y a la madre de la misma, Cristina Reinoso: cometió un femicidio directo y un femicidio vinculado antes de estrellarse con su camioneta en la autovía Córdoba-Río Cuarto. Por lo que se conoce hasta hoy, la figura del femicidio vinculado también parece aplicable al crimen de Eylin Jiménez Condori.
Las estadística revela que el 12% de las víctimas mortales de los femicidios es menor de 15 años. A su vez, hay otras víctimas como lxs 105 niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin madre como consecuencia de estos femicidios. Además, las casas son los lugares más inseguros para las mujeres: el 69% de las agresiones ocurrió en la vivienda de la víctima. En el 21% de estos casos, compartían el hogar con el agresor. De hecho, el 68% de los agresores era la pareja o ex pareja de la víctima. Por ello, las relaciones de pareja heterosexuales son las relaciones más peligrosas para las mujeres hoy en día. Sólo el 8% fue agredida por un desconocido. Sólo el 18% de los asesinatos ocurrió en un descampado o en la vía pública. Los datos apuntalan el urgente reclamo por una real implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que contribuya a desnaturalizar relaciones violentas y poder vivir en libertad.
Nos están matando
Más de la mitad de los femicidios se comete con un arma de fuego o arma blanca. Otras agresiones comunes son los golpes, la asfixia o las quemaduras. Es importante monitorear el plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad, porque uno de cada cuatro femicidios se produce con armas de fuego.
A su vez, casi uno de cada cuatro femicidas -el 22%- se suicidó después de cometer el crimen. Irene Meler, coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, cree que esta reacción no tiene que ver con la culpa. Los femicidas, en general, producen daño a su pareja durante mucho tiempo, con golpes o violencia psicológica, antes de asesinarlas. “Cuando los femicidas se suicidan, no es porque teman un castigo, sino porque mataron al objeto que le daba sentido a sus vidas”, sostiene Meler, “lo que les daba pertenencia y, de alguna forma, les permitía vivir”.
Desnaturalizar las violencias cotidianas
Los femicidios y las agresiones físicas son las violencias de género más groseras y fáciles de ver. Hay otras, más sutiles, que posibilitan que esto ocurra y están naturalizadas en nuestras sociedades. Registrar, visibilizar y denunciarlas ayuda a comprender que son un problema estructural y cotidiano. Tan sólo durante el año pasado en América Latina, mataron a 2.795 mujeres por el sólo hecho de serlo. Argentina es el cuarto país con mayor cantidad absoluta de femicidios en la región, después de Brasil, El Salvador y Honduras.
En la última década, 18 países latinoamericanos modificaron sus leyes y tipificaron los crímenes contra las mujeres por el sólo hecho de serlo como “feminicidio”, “femicidio” u “homicidio agravado por razones de género”. Los movimientos feministas saben que las leyes no son expeditivas y siguen exigiendo políticas públicas efectivas.
Con ajuste, no hay prevención
Desde el 2017, se está implementando el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (PNA). Por este plan, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) recibió 32 millones de pesos este año; un presupuesto recortado en un 38% desde el año pasado y que supone 11,36 pesos por mujer. Las organizaciones feministas denuncian que este presupuesto no es suficiente y muchas solicitan la emergencia nacional en violencia de género para que las políticas públicas tengan mayor financiamiento.
Cada vez hay mayor consenso en que pegar o matar a una mujer está mal, pero las relaciones de poder siguen siendo desiguales y, hasta que eso no cambie, la realidad seguirá siendo peligrosa para las mujeres y las identidades disidentes. Desde MuMaLá, creen que el mejor escenario para impulsar un cambio cultural es el Estado. Por ello, en marzo, presentaron un plan de 14 puntos donde proponen, entre otras cosas, la creación de juzgados y fiscalías especializadas en violencias de género y la aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen medidas judiciales.
Betiana Cabrera Fasoli, referente de MuMaLá, denuncia la falta de voluntad política para terminar con la violencia de género: “Se inauguran lugares nuevos donde se asiste a las víctimas y se sacan fotos. Las acciones que se llevan a cabo tienen más que ver con el marketing político que con las políticas integrales que reclamamos”.
La asistencia pública, precarizada
El año pasado, Córdoba fue la segunda provincia con mayor cantidad absoluta de femicidios, después de Buenos Aires. Fue, a su vez, la última provincia en adherir a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009. El 80% de los femicidios de este año ocurrió al interior de la provincia donde no hay instituciones que asistan y luchen contra la violencia de género de manera permanente. La institución encargada de prevenir y atender las violencias machistas es el Polo Integral de la Mujer, con oficinas en Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María y Cruz del Eje. Desde hace varios años, los equipos interdisciplinarios -a cargo de Claudia Martínez- vienen denunciando precarización laboral.
Las trabajadoras sociales del área de primera entrevista llegan a atender más de 150 mujeres por mes y las psicólogas del área de constatación hacen más de 60 visitas domiciliarias mensuales. Además de reclamar por más profesionales, a raíz de la demanda que tiene la institución, denuncian que la mayoría de ellas trabaja con contratos precarios, en condición de becarias o monotributistas.
En la institución encargada de erradicar la violencia de género, el 99% de las trabajadoras es mujer y está precarizada. Las monotributistas ganan salarios por debajo de la canasta básica, reciben 167 pesos por hora en un trabajo en el que no se reconoce el riesgo psicosocial, no tienen acceso a obras sociales y se les complica realizar aportes. Hace años que reclaman el pase a planta permanente de todas las trabajadoras, la equiparación salarial y estado de emergencia en la institución.
Una desigualdad estructural
Aun con las precarias políticas de prevención y asistencia, se salvan vidas y garantizan derechos cotidianamente, pero Lucía Cirmi, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas (CIEPP), advierte que el Gobierno propone mirar la agenda de género separada de la agenda económica, cuando el reclamo feminista es “exactamente contrario”. Cirmi asegura que “las brechas de género no se cierran sólo con aumentar la inclusión laboral/financiera como dicen el FMI y el Gobierno, sino que se necesita una perspectiva más feminista de la economía y un Estado que no recorte”.
El 18,3% de las mujeres no tiene dinero propio en Argentina. Ellas están más condenadas a aguantar la violencia, porque no cuentan con recursos para irse a vivir a otro lado o mantenerse por sus propios medios. La realidad de los varones que no cuentan con ingresos que les permitan autofinanciarse es casi la mitad, según Indicadores Nacionales de Género, difundidos el 3 de enero del 2019 por INAM. Este estudio no reconoce otras identidades, pero el 90% de las personas trans se encuentra fuera del mercado laboral formal en Argentina y vive en la pobreza.
Hay una relación directa entre menores derechos económicos y mayor vulnerabilidad a la violencia. El problema es que las mujeres ganan un 26% menos que los varones, sin contar el trabajo doméstico no remunerado que recae sobre ellas. Cuando son jefas de hogar, ese hogar está empobrecido y, cuando comparten su vida, es difícil que puedan alcanzar la misma injerencia en la vida económica que sus maridos, novios o padres, porque están condenadas a contar con menos disponibilidad financiera por razones de género.
Organizadas y poderosas
La vida, los derechos y las libertades de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries se cuidan con presupuestos recortados, políticas vaciadas y trabajadoras precarizadas. Según el Observatorio MuMaLá, el 16% de las víctimas había realizado denuncias en instancias estatales y el 8% de los femicidas pertenece a alguna fuerza armada.
Los crímenes contra Daiana Moyano, Patricia Gabriela Giménez, Beatriz Gallardo, Anahí Melisa Luna, Patricia Alejandra Yametta, Verónica Rearte, Cristina Reinoso, Virginia de los Ángeles Becchio, Aydeé Alejandra Palavecino, Jesica Vanesa González, Giuliana Silva y Eylin Jiménez Condori duelen en Córdoba y son una razón más para encontrarse, abrazarse y pensarse. Los movimientos feministas ganaron las calles y transforman el dolor y el enojo en propuestas concretas.
Es gracias a estos movimientos que se debatió y aprobó la ayuda económica para lxs hijxs de las víctimas de femicidio, a partir de la ley 27.452 o Ley Brisa. Son estas organizaciones las que insisten también con la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado y que, desde diciembre del 2018, es ley 27.499 o Ley Micaela. Ellas son la malla de contención de las víctimas, el grito que denuncia la retirada del Estado y la fuerza colectiva que resiste la impunidad patriarcal.
Marcha por Giuliana Silva, el 17/7 en Córdoba
Con la consigna “Justicia por Giuliana Silva y todas las víctimas de femicidios. ¡Ni una menos!”, se marchará el miércoles 17 de julio, desde las 9. Desde boulevar Arturo Illia y Chacabuco hasta el Polo de la Mujer (Entre Ríos 680).
*Por Marta Gaztañaga para Desafíos Urbanos.
