Agronegocio: Industria depredadora en la Península de Yucatán
Conocida mundialmente por el turismo, la Península de Yucatán, en México, también es víctima del agronegocio y la deforestación.
Por Ñaní Pinto para Avispa Midia
En el discurso del gobierno mexicano, la región sureste es representada como el escenario para “combatir” a la pobreza y marginación. Por ello, las autoridades federales han reforzado el llamado a las inversiones tanto nacionales como extranjeras para detonar el “desarrollo” de la Península de Yucatán.
En contraste, las comunidades campesinas e indígenas mayas han denunciado que los planes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sólo exacerban la actual devastación y despojo, profundizadas en las últimas décadas por el crecimiento desmedido de la industria inmobiliaria, el agronegocio, la producción de energías renovables y el turismo a gran escala.
“En la península se han talado miles de hectáreas de árboles para instalar parques eólicos; las granjas de hasta 50 mil puercos canalizan la suciedad a sus cenotes sagrados; los menonitas han convertido en desierto a sus selvas altas y silenciado a sus aves para la siembra de soja transgénica con maquinaria; y el turismo verde, que busca cenotes y sitios arqueológicos, los ha expulsado de su propia tierra”, manifestó Pedro Uc, habitante de la comunidad de Buctzotz e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xiinbal, en Yucatán, durante una conferencia de prensa el pasado 4 de julio.
En dicho evento, diversas organizaciones sociales presentaron una herramienta de visualización cartográfica realizada por investigadores del colectivo Geocomunes, para el análisis de los proyectos implementados en la Península de Yucatán.
“El tren maya viene a coronar esa serie de despojos”, enfatizó Ángel Sulub, del Centro Comunitario Ukúuchil k ch’i’ibalo’on, en Quintana Roo, quien a la par de otros voceros de comunidades mayas de Yucatán y Quintana Roo, denunciaron el despojo causado un modelo de desarrollo basado en la depredación de los bienes naturales en la región a costa de la vida de todos sus habitantes.
El “desarrollo” que despoja
Durante décadas, las comunidades de la Península de Yucatán han sido testigos del crecimiento urbano motivado por la implementación de “polos de desarrollo”. En particular, cinco lugares en distintos estados mexicanos (Ixtapa, Huatulco, Los Cabos, Loreto y Cancún) fueron reordenados de acuerdo a las políticas denominadas Centros Integralmente Planeados (CIP), ideados desde el Banco de México a finales de la década de 1960 y ejecutados con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BD) durante 1970.
“El gran capital aumenta sus ganancias moviéndose de un sector a otro, adecuando el territorio a sus necesidades y afectando las dinámicas sociales a través de ingenierías del conflicto que permitan el acaparamiento de la riqueza. Todas estas transformaciones involucran la inversión y establecimiento de nueva infraestructura de transporte, energética y habitacional. El conjunto de estas adecuaciones, obras y planes configura un mismo megaproyecto que se expande por toda la península”, enuncia el análisis “El megaproyecto para la Península de Yucatán”, del colectivo GeoComunes, el cual acompañó la presentación de las herramientas cartográficas.
Para impulsar el sector turístico, fue fundamental el CIP de Cancún, el cual recibió mayor presupuesto desde la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Turismo en la década de 1970, organismos gubernamentales que hoy promueven la implementación del “tren maya”.
“Ahora vemos lo que está pasando allá: el narcotráfico, la violencia, los asesinatos, los feminicidios y nuestros jóvenes trabajando en los grandes hoteles, sirviendo a quienes los desprecian y teniendo que sonreír un montón para ganar una propina”, refirió Wilma Esquivel Pat, otra de las participantes en la conferencia de prensa.
En este contexto, las inversiones se redirigieron en sectores relacionados al turismo, como el ramo inmobiliario, además de la construcción de megaproyectos eólicos y solares. Para poner un solo ejemplo, los proyectos de generación eléctrica desplegados en la península son mayoritariamente privados, de los cuales 11 son parques solares y 12 eólicos, que pretenden acaparar una gran extensión de tierras.
Aunado a ello, la imposición del “tren maya” plantea ampliar el transporte turístico y crear polos de desarrollo inmobiliario alrededor de cada estación, con lo cual el impacto del megaproyecto rebasa por mucho el discurso reduccionista oficial, el cual señala que sólo habrá impactos ambientales en el paso de vía de los trenes. Al mismo tiempo, el tren de carga asociado intensificará el modelo de agroindustria exportadora, pese a la evidencia de que la expansión de la agroindustria ha motivado la mayor tasa de deforestación de todo el país en la Península de Yucatán.
Legalizar el despojo
En el análisis de las comunidades de la península queda claro que las industrias referidas, pese a despojar y devastar el medio ambiente, han adquirido legalidad mediante la reingeniería estatal de finales del siglo pasado.
“El primer ciclo de expansión urbana fue posible gracias a la incorporación del suelo ejidal al desarrollo urbano impulsado por la Ley Agraria de 1992 y la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) de 1993. La nueva LGAH de 2016 ha favorecido un segundo ciclo de expansión urbana, de naturaleza vertical, con base en el modelo de ciudad compacta”, asevera el informe elaborado por GeoComunes.
La reforma del sector eléctrico en 1993 que permitió la generación privada de energía eléctrica impulsó una primera expansión de la capacidad de generación; veinte años después, la Reforma Energética de 2013, y principalmente la subasta eléctrica de 2016 impulsan el auge de la producción de energía renovable en manos de la inversión extranjera.
En este contexto, los nuevos parques industriales y los proyectos de energías renovables avanzan en el acaparamiento de tierras ejidales, además de incentivar la especulación de la tierra. A ello se suma la devastación producto de la agroindustria, principalmente con el cultivo de soja transgénica.
Ilegalidad, deforestación e impunidad
De acuerdo al análisis presentado en julio del 2019, fue a partir del año 2011, en el contexto de la implementación del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, cuando se reinició un nuevo ciclo que promovió cultivos de soja transgénica y palma aceitera. En ese mismo año, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) autorizó a la empresa multinacional Monsanto la siembra de soja transgénica en los estados de Yucatán Campeche y Quintana Roo.
Para 2014, comunidades de campesinos mayas argumentaron violaciones a su derecho de tener un medio ambiente sano, por lo que interpusieron amparos ante jueces federales. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las comunidades mayas, debido a que se omitió la realización de consultas a los indígenas para saber si estaban a favor o en contra de estos proyectos.
No obstante las sentencias que impiden el cultivo de soja transgénica, en 2017 comunidades mayas de Holpechén, Campeche, denunciaron que para entonces ya existía la siembra ilegal de más de 23 mil hectáreas del cultivo con semillas de Monsanto. Debido al cultivo intensivo de soja transgénica han sido derribados la mitad de los terrenos forestales del municipio de Hopelchén.
De acuerdo a información de la plataforma Global Forest Watch, desde el auge de la agricultura mecanizada en 2001 hasta 2019, sólo entre Campeche y Quintana Roo se han deforestado casi un millón de hectáreas de selva. El ritmo de pérdida forestal en estos dos estados de la península se aproxima a 1.400 hectáreas de selva cada semana.
Los responsables
Entre los años de 1985 y 2017, la superficie en la Península de Yucatán sembrada con soja creció de 18 mil a 52 mil hectáreas. Actualmente, el 95 por ciento de los cultivos se concentran en dos municipios de Campeche (Hopelchén, Campeche), dos de Yucatán (Tekax y Tizimín) y uno en Quintana Roo (Bacalar).
La expansión del agronegocio de la soja fue impulsada en la península a partir de 2013 por una triple asociación empresarial que ha beneficiado a industrias nacionales y extranjeras:
—Proteínas y Oleicos, de Jacobo Xacur Eljure. La empresa compra la soja a las comunidades menonitas-mecanizadas de Campeche y la procesa en su planta ubicada en Mérida para abastecer a la industria alimentaria de Yucatán.
—Enerall, propiedad de Alfonso Romo (actual jefe de la Oficina de la Presidencia), concentra toda la cadena productiva en una misma empresa. Primero exportó el modelo de bicultivo (maíz en invierno y soja en verano) a Tizimín, y desde 2017 se asoció con la norteamericana Cargill para aprovechar la soja en su planta procesadora de semillas localizada en Cabichén.
—Grupo Kuo, de Fernando Senderos Mestre. Principal comprador de soja en la región y quien la procesa en su planta de Kekén, en Umán, la cual alimenta a más de 120 granjas porcícolas de su propiedad ubicadas en Yucatán, además de abastecer de alimentos procesados a los mercados de México y Estados Unidos.
Apenas el pasado 5 de marzo del 2019, ejidatarios de Hopelchén cedieron a la presión de agricultores menonitas y aprobaron la renta y el posterior desmonte de por lo menos cuatro mil hectáreas de selva alta, en las pocas reservas forestales que aún quedan en el municipio, considerado el más deforestado del país. Dicha zona se encuentra en los límites del Municipio de Calakmul, Campeche, y José María Morelos, en Quintana Roo, y será utilizada para la siembra de sorgo.
Sin embargo, días después del derrumbe de hectáreas de selva, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reveló que no existen permisos para el cambio de uso de suelo en la región mencionada, por lo que anunciaron la persecución de los culpables.
Al mismo tiempo, existen denuncias de que se está desmontando sin permiso en las comunidades de Xmabén, Tres Valles, Nuevo Durango y Monte Verde. Prudencio Ek, Emiliano Chi, Jacinto Coj e Ismael Ku Chi, entre otros ejidatarios, acusan a las autoridades ejidales encabezadas por el comisario Carlos Lara Dzib, José del Carmen Chan Cú, secretario general; Francisco Chi Ojeda, tesorero, y Víctor Tax Pérez, de vigilancia, de ser directamente los responsables de la destrucción de la selva.
*Por Ñaní Pinto para Avispa Midia
