Criminalización de la protesta: procesan a 27 estudiantes de la UNC
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja los procesó penalmente por “usurpación” del Pabellón Argentina en el marco de la lucha estudiantil del 2018. El fallo no implica prisión preventiva.
Por Daniela Valente para La Izquierda Diario
Este miércoles el juzgado federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, resolvió el procesamiento penal de 27 estudiantes por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El fallo es a raíz del delito de “usurpación por despojo” y no implica prisión preventiva. En el caso de la abogada Leticia Celli, no se la nombra como procesada, pero tampoco se la absuelve.
La escandalosa decisión se desarrolla en 45 páginas en las que el juez toma precedentes judiciales en la materia, declaraciones de los testigos y artículos periodísticos. Aunque resta conocer en detalle los argumentos, ya puede decirse que el fallo pone a la propiedad privada (que en este caso ni siquiera es tal, por tratarse de un edificio público) por sobre el derecho a la protesta.
«El día de hoy la Injusticia Federal de Córdoba ha fallado en contra de defender la Educación Pública. Somos 27 estudiantes procesades por una medida de visibilización tomada por la Asamblea Estudiantil, ante la desaparición de las autoridades desde el inicio de los reclamos por nuestra educación (…) ¿Por qué el rector Hugo Juri, el vicerector Yanzi Ferreira y demás autoridades tardan meses en presentarse cuando denunciamos la desfinanciación que sufre la educación, la mala calidad educativa, el recorte de los títulos, entre muchas otras cosas?», expresaron desde la Asamblea Interfacultades UNC.
La toma del Pabellón se llevó adelante entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre del año pasado, en el marco de una lucha que comenzó con un paro de los docentes universitarios de todo el país por reclamos salariales y se extendió luego al movimiento estudiantil, que levantó sus propias demandas a las autoridades universitarias.
Durante más de dos meses, miles de estudiantes universitarios protagonizaron asambleas multitudinarias, clases públicas, movilizaciones masivas y tomas de facultades en las principales ciudades del país. En ese proceso se unieron también a distintas luchas de trabajadores, como fue el caso de Luz y Fuerza en Córdoba o el Astillero Río Santiago en La Plata.
Las autoridades universitarias, con la complicidad de las agrupaciones estudiantiles que les responden, respondieron en varios casos con represión policial y patotas para intentar desalojar las tomas.
La imputación de los estudiantes de la UNC, confirmada en octubre del 2018, despertó el repudio de cientos de personalidades y organizaciones, que firmaron un pronunciamiento público. Entre los firmantes del petitorio se encuentran Raúl Zaffaroni, actual Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio Maldonado y Hugo Yasky.
También distintos organismos de Derechos Humanos como la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, HIJOS (Córdoba, La Plata, Zona Oeste) y Correpi; numerosos Centros de Estudiantes y Federaciones Universitarias y sindicatos como APA Córdoba, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, AGD, ATEN, SUTNA, CICOP, UTS y otros. Legisladores y legisladoras nacionales y de distintas provincias sumaron su firma, como Nicolás del Caño (PTS), Nathalia Gozález Seligra (PTS), Laura Vilches (PTS), Ezequiel Peressini (IS), Romina Del Plá (PO), Pablo Carro (Unidad Ciudadana) y Gabriela Estévez (UC).
*Por Daniela Valente para La Izquierda Diario
