Cárceles en Estados Unidos: inseguras, insalubres e inconstitucionales
En varias prisiones la situación es crítica debido a la superpoblación y la insalubridad carcelaria, hecho que viola las leyes constitucionales.
Por Elizabeth Brico para El Salto Diario
Ser detenido no es algo nuevo para Sam. Desde que se hizo adicto a la metanfetamina después de mudarse a Hawaii para trabajar de chef, pasó años dando tumbos entre cárceles, centros de rehabilitación y las calles. Pero cuando su módulo se incendió durante un motín en el Correccional Comunitario de Maui (MCCC, por sus siglas en inglés), se encontró con que tenía que tomar una decisión imposible: volver a entrar en el edificio en llamas o ampliar su condena.
Las condiciones que llevaron al motín no eran nada nuevo tampoco. El correccional de Maui fue diseñado para albergar a 301 personas, pero en ese momento albergaba a más de 400 reclusos. La cárcel tiene un historial de hacinamiento crónico. En 2016, la Unión Americana de Libertades Civiles de Hawaii presentó una denuncia en la que calificó a MCCC como la más “atroz superpoblación” de las islas, hasta el punto de que era insegura. Entre otras cosas, el informe señala que era común que tres, cuatro o hasta cinco personas fueran colocadas en celdas diseñadas para dos, obligándolas a dormir en el suelo entre cucarachas y ratas, a veces con la cabeza bajo del inodoro.
Los ánimos también estaban tensos por otras cuestiones. Los denunciantes anónimos informaron a The Maui News acerca de las reducidas comidas, nutricionalmente insuficientes, y el año pasado la instalación recibió una multa de más de 16.000 dólares por no tener en funcionamiento el sistema de alarma contra incendios. Los teléfonos -que a menudo sirven como la única conexión de las personas encarceladas con sus hijos, sus parejas y otros familiares- estaban siempre averiados. “Y en el correo -dice Sam-, recibíamos cartas semanas, semanas y semanas después de la fecha, o nunca las recibimos; simplemente las devolvían”.
El 11 de marzo de 2019, algunas de las personas detenidas en el correccional de Maui comenzaron a quejarse a los guardias. Empezó como una habitual confrontación menor, pero esta vez estaban hartos de ser ignorados. Cuando un guardia ordenó a todos que regresaran a sus celdas, varios presos se negaron. Y luego hicieron algo más que negarse. Comenzaron tirando sillas a las ventanas, rompiendo ordenadores y apilando rollos de papel higiénico y otros artículos inflamables. La situación se convirtió rápidamente en que los guardias no podían controlar. De repente se produjo un incendio. Los presos afirman que fueron encerrados en celdas mientras el módulo se quemaba, sin ver a sus guardias por ningún lado. Los extintores contra incendios solo funcionaban a veces. El humo, cegadoramente espeso, llenó las celdas. Sam dijo que pudo escapar a un área recreativa al aire libre, pero cuando él y otros llegaron, los negociadores de la policía les gritaron que regresaran dentro y salieran por la salida de emergencia, o que se enfrentarían a cargos por fuga. Pero, según Sam, esas puertas de emergencia estaban atascadas.
Finalmente el fuego fue apagado, pero los internos tuvieron que lidiar con un equipo de antidisturbios de la policía que golpeó a la gente, a veces después de atarles, según los informes dados a The Maui News. Una vez que se resolvió el disturbio, las personas encarceladas en las instalaciones fueron devueltas a las mismas celdas que acababan de ser destruidas. Muchos de ellos no tenían acceso a retretes que funcionaran. El colchón de Sam no estaba. Al final, se desmayó en el suelo de hormigón, sucumbiendo al agotamiento.
En el mes después del motín, dos reclusos escaparon de las instalaciones a través de una puerta rota. El correccional de Maui no ha dejado de alojar gente, ni siquiera durante las reparaciones, que incluyeron arreglos de paredes manchadas de humo y sustituir camas, sillas, mesas y equipo de cocina. Un módulo tuvo que ser desmantelado debido a los daños; las personas alojadas en su interior fueron reubicadas en otras áreas de la instalación que ahora están aún más abarrotadas de lo que estaban antes del motín.
Cuando se le pidió una declaración, un funcionario de la prisión dijo a TalkPoverty: “Los disturbios en el Centro Correccional Comunitario de Maui están siendo investigados y revisados internamente por el Departamento de Seguridad Pública. No hay nada más que discutir sobre la investigación en curso en este momento”.
Se espera que los daños cuesten 5,3 millones de dólares, mucho más de lo que habría costado arreglar los teléfonos o proporcionar comidas suficientes a las personas alojadas en el centro. Las estimaciones nacionales sitúan el costo de alimentar a las personas encarceladas en alrededor de 2,62 dólares por persona por día; el aumento de esa cifra en un dólar no llevaría el presupuesto de alimentos del correccional de Maui a su máxima capacidad, ni siquiera a medio millón de dólares. Y las llamadas telefónicas, que cuestan dinero a los detenidos y sus familias, son una industria muy rentable en el mundo penitenciario, lo que significa que esos teléfonos esencialmente financian sus propias reparaciones. Lo que sucedió en el correccional es un ejemplo extremo y dramático de los efectos nocivos del hacinamiento en las instituciones penitenciarias, pero el tema central es el que afecta silenciosamente a las cárceles preventivas y a las instituciones carcelarias en todo el país.
El pasado abril, los guardias se vieron tan abrumados por un motín en una prisión de máxima seguridad de Carolina del Sur, que esperaron más de cuatro horas para entrar en el edificio, lo que provocó la muerte de siete reclusos. Un motín en Delaware en 2017, que causó la muerte de un funcionario de prisiones, también se atribuyó al hacinamiento y la falta de personal. Y a principios de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que las prisiones estatales de Alabama para hombres violaba la Constitución debido al grave hacinamiento, que llevó a condiciones física y emocionalmente peligrosas. Algunas pruebas sugieren que el hacinamiento puede incluso estar relacionado con un aumento del uso del régimen de aislamiento.
El hacinamiento puede manifestarse en privaciones cotidianas, como la denegación de visitas, programas vocacionales y de rehabilitación, o en una atención médica inadecuada. Y se deriva de las leyes y políticas que se dirigen a las poblaciones vulnerables. Hay leyes dirigidas a personas de bajos ingresos y en tránsito, tales como las ordenanzas sobre la mendicidad, el vagabundeo y la acampada en sitios públicos. Luego están las que teóricamente podrían afectar a cualquiera, pero que de alguna manera tienden a dirigirse a los pobres. Las leyes sobre drogas, por ejemplo, afectan de manera desproporcionada a personas como Sam, adictas, con poco dinero y que necesitan tratamiento médico. A veces las personas pueden ser encarceladas durante meses simplemente por llevar una jeringa usada o una bolsita con polvo suelto.
Esas leyes están emparejadas con el sistema de fianzas en efectivo, que permite a las personas más ricas pagar su salida de la cárcel en espera de juicio, y deja tras las rejas a las que tienen menos recursos económicos -unas 460.000 personas, o una cuarta parte de todas las personas encarceladas-. Las personas que se enfrentan a la detención preventiva tienen más probabilidades de ser condenadas, por lo general mediante una declaración de culpabilidad.
Cuando las personas son detenidas por acusaciones que son esencialmente el resultado de la pobreza-ya sea de alimentos, vivienda o atención médica apropiada- y no pueden pagar la fianza, languidecen en las instituciones penitenciarias hasta que esas instituciones sobrepasan su capacidad. Debido a que estas leyes apuntan esencialmente a las personas por hechos de necesidad -por ejemplo, sentarse en una acera-, conducen a arrestos excesivos de personas que no tienen dinero para la fianza. Con demasiada frecuencia, los delitos que llevan a la gente a la cárcel se derivan de una necesidad aguda de servicios de salud mental o de uso de sustancias, el tipo exacto de atención que estos centros no pueden proporcionar adecuadamente.
Lo que ocurrió en Maui es solo un ejemplo de un problema nacional. En todo el país, las prácticas de fianza en efectivo, junto con las leyes contra el consumo de drogas y contra el vagabundeo, continúan canalizando a la gente a través de un sistema ya sobrecargado, lo que aumenta el coste de las instalaciones para satisfacer las necesidades básicas de las personas alojadas en su interior. El resultado son cientos de miles de personas hacinadas en cárceles y prisiones que son inseguras, insalubres y, muy posiblemente, inconstitucionales.
*Por Elizabeth Brico para El Salto Diario / Traducción: Pilar Gurriarán
