Docentes latinoamericanos resisten la cruzada contra la fe en el conocimiento
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Las luchas de docentes y estudiantes recorren América Latina frente a los intentos de privatización voraz de los sistemas educativos.
Por Javier Tolcachier para La tinta
“No estoy en el mundo simplemente para adaptarme a él, sino para transformarlo”
(Paulo Freire)
Profesan la fe en el conocimiento, lo declaran y practican públicamente y a diario. Son los que llamamos “profesores”. Maestros, que, en cada rincón del planeta, se ocupan de que cada niña o niño se sume en corto tiempo a la corriente milenaria del progreso humano. Docentes, que viven en el intento de acompañar, contener, ayudar a resolver o a mitigar las contradicciones acumuladas por ese mismo proceso.
¿Quién podría perseguir o reprimir, quién osaría cercenar los derechos de este pueblo del conocer? ¿Podría, acaso, alguien poner en entredicho su dedicada entrega, limitar o desfavorecer su sagrada vocación? ¿Quién se arrogaría criticar tan elevada misión? ¿Quién obstaculizar su cometido? Y sin embargo…
En Honduras, el sector magisterial es violentamente reprimido mientras sostiene protestas y paros desde hace varias semanas. La derogación de los decretos que abrían la puerta a despidos masivos y privatización de la educación no conforma a un amplio sector de maestros, quienes descreen que el gobierno inconstitucional de Juan Orlando Hernández (JOH) tenga interés en fortalecer el sector público de la educación.
En Chile, los profesores iniciaron, el 3 de junio, un paro nacional indefinido luego de las reiteradas negativas del Ministerio de Educación a dar respuestas a la crisis de la educación pública. Con la medida de fuerza, los docentes reclaman que el gobierno se retracte del cambio curricular que hace optativas las materias de Historia, Artes y Educación Física, repare la deuda histórica, remedie el agobio y mejore las condiciones laborales de los maestros.
Cientos de miles salen también a la calle para repudiar los dramáticos recortes de presupuesto para la educación y la investigación científica en Brasil. A ello, se suma la línea ideológica con la que el gobierno de Jair Bolsonaro pretende censurar la práctica académica, limitar derechos, eliminar contenidos progresistas y ensalzar la sangrienta dictadura de 1964.
El reclamo por mayores recursos para infraestructura escolar, protección a la salud de los docentes, garantías al acceso a la educación gratuita y jerarquización de la educación pública movilizan a los docentes en Colombia, mientras que, en Ecuador, maestros jubilados debieron iniciar una huelga de hambre en la Asamblea Nacional para exigir el pago de haberes atrasados.
En Puerto Rico, un amplio arco de organizaciones, nucleadas en el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP), marchó, en marzo de este año, en rechazo a las “escuelas chárter”, al tráfico de influencias y contra el mal manejo de fondos públicos para beneficiar intereses privados.
En Costa Rica, los sindicatos docentes luchan contra la intención gubernamental de declarar a la educación como “servicio esencial”, subvirtiendo así el derecho a huelga de los trabajadores de la educación.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó un plantón en el Congreso mexicano contra la sanción de lo que consideran una apenas remozada nueva-vieja reforma educativa, rechazando las evaluaciones compulsivas como mecanismo que pone en riesgo su estabilidad laboral.
En Argentina, la pérdida de poder adquisitivo de los maestros, la represión de la protesta, la difamación y amenazas a la dirigencia sindical, han sido moneda corriente en el gobierno de Mauricio Macri.
Más allá de los matices locales, la homogeneidad de este cuadro, en los países gobernados por la derecha en América Latina y el Caribe, responde, sin duda, a un patrón global.
¿Dónde están, cuántos son, los valientes del pizarrón?
Según consignan las estadísticas de la UNESCO, en el nivel pre-primario de la región latinoamericano-caribeña, hay algo más de un millón de docentes, poco más de tres millones en la primaria y 3,9 millones en la secundaria. El perfil de género es significativo: las educadoras constituyen un 95 por ciento en la etapa inicial, 78 por ciento en la primaria y algo menor, pero todavía mayoritaria, es la participación femenina de un 57 por ciento en el escalón secundario.
En promedio regional, por aula, cada docente se ocupa de unos 20 párvulos, de casi 22 alumnos en la escuela primaria y de algo más de 16 educandos en el nivel secundario. Las disparidades, sin embargo, son elocuentes: mientras el número de estudiantes por profesor es bajo en Cuba (9), Uruguay (11) o Costa Rica (12), revelando el enorme papel que históricamente tiene la educación en estas naciones, en países como Nicaragua (30, según el último dato de 2010), El Salvador (28), México (27), Honduras (26) o Colombia (24), la proporción aumenta enormemente, dando cuenta de las dificultades de docentes y educandos para avanzar con el aprendizaje.
Esto guarda directa correlación con el presupuesto que destinan los gobiernos a la misión educativa en relación al PBI. Mientras Cuba se sostiene invicta en la cúspide con casi un 13 por ciento, naciones como Panamá o Guatemala rondan un magro tres por ciento; mientras Bolivia o Costa Rica invierten más del siete por ciento del PBI (2015), Chile, Paraguay, Nicaragua, Colombia o Uruguay no llegan al cinco.
Las siete plagas neoliberales en la educación
El Banco Mundial (BM) -entidad cuyos principales accionistas son Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos-, opina que “realizar inversiones inteligentes y eficaces en las personas resulta imprescindible para desarrollar el capital humano con el que se pondrá fin a la pobreza extrema». Entiéndase bien: capital humano no es aquí un dinerillo del que todos pueden disponer, sino la increíble visión que reduce lo humano a un factor económico.
En la misma introducción, el BM -cuyo actual presidente David Malpass se desempeñó antes como subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos- dice que “trabaja con los países para fortalecer y alinear sus sistemas educativos, de manera que se haga hincapié en garantizar que todos los niños aprendan”. Entre otros elementos “benéficos”, este banco -uno de los pilares centrales del esquema financiero y de desigualdad internacional de la posguerra- “ayuda a los países a definir las competencias y los conocimientos que se deben enseñar, a brindar apoyo a los docentes y a los establecimientos educativos para establecer estrategias de instrucción eficaces, y a medir el aprendizaje de los alumnos”.
Esta mirada, alineada (y alienada) con los intereses de los más altos estamentos del poder financiero mundial, permite entender por qué entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conformada por 36 países del capitalismo occidental, ha desarrollado un sistema de evaluación internacional de estudiantes conocido como PISA, a través del cual, directa o indirectamente, se pondera también el desempeño del cuerpo docente y de los estados.
Como, de manera arrogante, se indica en su sitio web, este programa “busca determinar qué es importante que los ciudadanos sepan y puedan hacer”. La explicación continúa así: “PISA evalúa hasta qué punto los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cerca del final de su educación obligatoria han adquirido los conocimientos y habilidades que son esenciales para la plena participación en las sociedades modernas”. El test en cuestión contiene pruebas de lectura, matemáticas y ciencias, pero, además, en algunos países, se han incluido recientemente problemas de “literatura financiera y competencia global”.
Lejos de restringirse a sus miembros, el programa se ha extendido ya a 80 países. Sin duda que el muestreo no da cuenta de la real capacidad estudiantil o de los sistemas educativos, sino que revela el grado de vasallaje de los países que lo aplican de someterse al monitoreo global de la educación por parte de los centros del capital.
Según la integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO sobre Reformas y Contrarreformas Educativas, Iliana Marina Lo Priore Infante, con esta estandarización jerarquizadora, se induce “la aceptación de escalas estratificadoras socioculturalmente en la educación que se correspondan con la división social y jerárquica que reproduce la sociedad capitalista” y “se pretende que los países que, presuntamente, salieron rezagados en las posiciones ‘deben’ imitar en sus políticas y prácticas educativas a los países que resultaron mejor ubicados, con base a las orientaciones de la OCDE”.
La investigadora agrega que así se asimila la educación a la noción de capacitación y no se ve como un proceso holístico, integral, global, humanizado, además de invisibilizar los avances de inclusión educativa en algunas regiones, como es el caso de América Latina, al sobrevalorar criterios de calidad tecnocráticos de la educación.
Es evidente que los resultados de las evaluaciones son consistentes con su propósito, que es hacer llover, sobre el mundo educativo, las siete plagas del dios dinero.
Mercantilización y privatización
La educación pública y gratuita es un logro histórico colectivo hacia la nivelación de oportunidades. El tratamiento de la educación como mercancía y su direccionamiento privatizador representan un ataque directo a la posibilidad de ascenso y cohesión social.
Los gobiernos de derecha asumen políticas de desinversión pública, amparados en el supuesto cuidado de no incurrir en déficits presupuestarios. La educación, junto a la salud, suelen ser sus primeros blancos. Por lo demás, si bien el monto global de recursos destinados por el Estado a la educación es un primer indicador, la desagregación de su destino es fundamental. En muchos países, los recursos públicos se transfieren a entidades privadas, ya sea mediante convenios o cubriendo los salarios de personal en sus establecimientos. Algo similar ocurre con la compra de bienes y servicios. Estos se tercerizan a empresas cuyas prestaciones, enfocadas en la maximización de beneficios, colocan al sector educativo en calidad de rehén.
En el mismo sentido, actúa la municipalización la que, escondida bajo el manto de descentralización administrativa y posibilidad de incluir contenidos locales, impide compensar las dificultades presupuestarias de comunas más pobres, eliminando la mediación niveladora del Estado entre distintos segmentos sociales.
Junto a los testeos estudiantiles, se han implantado sistemas de evaluación a la docencia, con punición o recompensa según los resultados. Es frecuente la utilización de estas pruebas estandarizadas para difamar al magisterio, culpándolo del fracaso del sistema. Esta visión tecnocrática y competitiva de la educación agrega inestabilidad y presión, abriendo la puerta a la precarización, el despido, la enfermedad y el malestar de miles de maestros.
El capital exige que el sistema educativo sirva a sus necesidades inmediatas y mediatas. Se “enseña” para conseguir mano de obra “apta”, se instalan, en el imaginario individual y colectivo, “virtudes” como innovación o eficiencia, se fomenta la potenciación unilateral de capacidades en desmedro de un desarrollo integral y armónico, se apadrinan la competencia y el mérito, se potencian actitudes de tecnificación, se desprestigia lo público y lo colectivo. Los educandos son cifras en planilla tecnocráticas y objetos sin intención, conciencias vacías que hay que llenar. Los docentes, en este esquema, son apenas ejecutores de un plan de sometimiento acrítico a los parámetros existentes.
Gobernanza corporativa en la política pública educativa
A través del tráfico de influencias, donativos, prácticas de lobby o presión sobre la opinión pública a través de los medios masivos (cuyos grupos hegemónicos están fuertemente ligados al negocio educativo), el sector privatista incide crecientemente en las decisiones públicas. Como lo indica el “Mapeo sobre Tendencias de la Privatización en América Latina y el Caribe” (CLADE: 2014), mediante la “participación de empresas o redes empresariales en la elaboración de la agenda educativa nacional y regional; la presencia de programas desarrollados por el sector empresarial y la presencia directa de este segmento en órganos públicos y cargos estratégicos para definir dicha agenda, lo que implica un conflicto de intereses manifiesto”.
El informe de la CLADE señala, incluso, modalidades tales como la negociación de matrículas en forma de “commodities” en la bolsa de valores, a modo de activos que garantizan rendimientos a futuro. A lo que hay que sumar el endeudamiento forzado del estudiantado en algunos países como único modo de afrontar el costo de onerosas carreras universitarias.
Al estar impregnadas por el virus globalizador, las empresas de educación privadas tienden a formar parte de redes internacionales. Los programas pasan a depender de contenidos fabricados en los países centrales los que, a través de nucleamientos como la OCDE, dictaminan los modos y criterios de evaluación. Todo el esquema conspira contra la afirmación e integración de la multiplicidad de identidades propias, implica una mengua de soberanía, de diversidad cultural y la degradación de la lógica democrática, pública y participativa.
La cruzada oscurantista
A los flagelos anteriores, se agregan los vientos de irracionalismo que surcan la época. La exclusión sistemática de una porción significativa de la sociedad de los circuitos de protección social, la cerrazón de futuro individual y colectivo junto a la velocidad de transformaciones que resulta arduo digerir, configuran un malestar que es captado por corrientes retrógradas para engrosar sus filas. Este fenómeno, expandido de modo mercantil, pisa sobre terreno fertilizado por el abandono y ha cobrado fuerza en las periferias tanto urbanas como rurales.
La clave de su avance está en la proposición de “volver el tiempo atrás”, a tiempos de una “moralidad” falsamente idealizada, pero de perfil más reconocible y ciertamente más estable. Tal imposibilidad histórica arroja, sin embargo, arcaísmos monstruosos sobre la superficie política, los que rápidamente actúan sobre el aparato educativo para volverlo afín a sus propósitos. De trasfondo, actúa la idea de un retroceso civilizatorio a épocas pretéritas, en las que el conocimiento libre, el pensamiento racional y crítico no debían rebasar los límites doctrinales determinados por el poder eclesiástico.
El azote que propina el sistema capitalista a los que acercan diariamente a niños, niñas y jóvenes a beber de la fuente del conocimiento es una muestra de su lógica cruel. Cuanto menos redituable para el poder, más fuertes son los latigazos. De nada sirven aquí la súplica, el consentimiento, la inacción ni la adaptación a la injusticia flagrante. Así lo indican las luchas en curso, en las que profesores y educandos defienden un derecho humano inviolable.
Pretender que los frutos del conocimiento colectivo sirvan tan sólo a la voracidad particular es un barbarismo que debe ser desechado. Por eso, es en la educación donde se juega la bifurcación de senderos entre una real igualdad de oportunidades y la perpetuación de un mundo de segregación y violencia, entre la posibilidad de transformar la realidad en sentido humanista o sucumbir a ella.
Tenemos profunda confianza en que triunfarán los que proclaman la fe en el conocimiento. Convicción fundada, más allá de las coyunturas, en su historial de victorias ante la opresión.
*Por Javier Tolcachier para La tinta