¿Qué pasa con el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva en Alta Gracia?
El 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se presentará, por octava vez en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para la interrupción legal del embarazo. En este marco, el sábado 4 de mayo, se realizó, en la ciudad de Alta Gracia, un emocionante encuentro para charlar y debatir sobre la salud pública y los derechos sexuales y (no) reproductivos, organizado por la Asamblea abierta de mujeres del Valle de Paravachasca, la Red de profesionales de Salud por el derecho a decidir y Católicas por el derecho a decidir.
Redacción La tinta
En la ciudad de Alta Gracia, en los equipos de salud de las instituciones públicas, predominan prejuicios y falta de información sobre los derechos sexuales y (no) reproductivos. La mirada asistencialista, biologicista y heteronormativa da cuenta de las pocas políticas públicas del municipio con perspectiva de derechos y de género.
En la mayoría de los centros de salud de atención primaria (dispensarios) de la ciudad de Alta Gracia, no se coloca el Dispositivo Intrauterino (DIU) porque hay profesionales de la salud que no quieren hacerlo y no hay una política pública por parte del municipio que lo fomente. Son prácticas de muy baja complejidad que tranquilamente pueden realizarse en el primer nivel de atención, lo que permitiría un mayor y real acceso a la salud, siendo de fácil alcance por estar en muchos barrios de la ciudad.
En dicha localidad, hay 12 centros de atención primaria municipales y el Hospital Provincial Dr. Arturo U. Illia. En este último, es la única institución que se garantiza la colocación de DIU, lo cual amplía las barreras para acceder al mismo, tanto de tipo geográficas, horarias, escasez de turnos y recurso humano. Abonando a este lamentable panorama, en algunos centros de salud, falta información y acceso a preservativos, y muches desconocen sobre la entrega gratuita de la pastilla de emergencia (también conocida como “del día después”). En la misma línea, no sólo no hay espacios institucionales en la ciudad donde solicitar una interrupción legal del embarazo, sino que hay directivas explícitas de no hablar sobre el tema en el sistema de salud de la ciudad.
Si nos referimos al acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos de les adolescentes, existe una mirada tutelar con aire de control más que de orientación y la mayoría de les profesionales de la salud carecen de formación y actualización de las normativas sobre los derechos de adolescentes en cuanto a autonomía en toma de decisiones. Esta desinformación genera y reproduce miedos, mitos e inseguridades al momento de asesorar y entregar anticonceptivos a les jóvenes, perjudicando así el acceso de adolescentes a derechos fundamentales reconocidos por leyes nacionales y tratados internacionales. Como consecuencia, muches no se acercan a los espacios de salud o, cuando lo hacen, no son bienvenides y acompañades para la toma autónoma de decisiones. Hay una clara falta de voluntad política estatal dirigida a las necesidades particulares de adolescentes y mujeres para el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva.
Organizarse, los derechos se demandan
Carlota Steinberg, vecina e integrante de la Asamblea abierta de mujeres del Valle de Paravachasca, asistió al encuentro del sábado. Refiere que “fue mucha gente que no son las conocidas de siempre, hubo mucha asistencia de gente nueva, muchas médicas de la zona, muchas mujeres de los sectores populares. Pibas, madres, mujeres que siguen sufriendo estas y otras problemáticas en el barrio mientras las «iluminadas» eligen recursos y estrategias que poco tienen que ver con la realidad de abajo”. Para Carlota, la asistencia al encuentro mostró que la ola verde está creciendo desde las bases.
Alicia Greco, también vecina e integrante de la Asamblea, nos cuenta que lo que vienen haciendo tiene que ver con la construcción de ciudadanía. “Es notable como solo 40 kilómetros no son sólo espacio físico, también generan distancia histórica. El acceso a información es esencial para la construcción de ciudadanía en términos de ejercicios de derechos. La existencia de marcos legales vigentes, como lo son las leyes que regulan los programas de Salud Sexual reproductiva y no reproductiva, así como la de Educación Sexual Integral, tienen, en este Valle, una letanía de implementación que nos ubica a la cola del resto a la hora de garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos”. También agrega “la ausencia de una firme voluntad política, así como de capacitación de los profesionales, los docentes y la sociedad toda, sostiene vacíos en la implementación de dichos programas, vacíos que impactan fuertemente en la salud y la calidad de vida de todas, todos y todes”.
Respecto a la actividad, explica que fue un intenso y pleno encuentro, muy enriquecedor, que contó con una impactante asistencia y respuesta de las y los vecinos de este Valle; “confirmó la gran necesidad insatisfecha respecto a la participación de los debates actuales, así como de la actualización de información que enriquezca nuestro campo de comprensión”.
Finalmente, Alicia concluye diciendo que “conocer de la existencia de la Red de profesionales de la Salud por el derecho a decidir y sus prácticas en el ámbito del Estado provincial y nacional es ejemplar y esperanzador. Por otro lado, conocer de los compromisos estatales asumidos respecto a la implementación de estas leyes revitaliza la pregunta de por qué tantas mujeres siguen encontrando obstáculos a la hora de desear ejercer su derecho a una vida autónoma, libre y saludable”.
Al principio del encuentro, una participante conocida como Rosita, madre de 12 hijes, plantea la necesidad de empezar a hablar sobre lo difícil y desgastante que es la maternidad, la lactancia, las tareas del cuidado y del hogar que una asume siempre sola: “Yo no quiero eso para mis hijas”. Rosita se interroga, reflexiona sobre todas las otras cosas que podría haber hecho y sentencia que “dónde está escrito que tener hijos y parir es lo mejor que nos puede pasar”. Así, se daba comienzo al encuentro con verdades no dichas, con humor y emoción por parte de un gran público de mujeres que llenaron las salas de la Casa de la Cultura dispuestas a conocer sobre sus derechos sexuales y (no) reproductivos.
En la actividad, expusieron varias referentes de la temática. Disertó la magister Alejandra Domínguez, las médicas Belén Carcedo y Julia Córdoba, licenciada Ana Morillo y abogada Lola Guerra.
Alejandra Domínguez, de la Campaña por el Aborto legal, seguro y gratuito, hizo un recorrido histórico, relatando los inicios de la campaña, el contexto en el que surge, y recuperando parte de los antecedentes cordobeses en esta lucha por la garantía de derechos sexuales y (no) reproductivos, generando en las presentes una sensibilización especial al reconocer a quienes nos anteceden en este camino. También mencionó los obstáculos que se enfrentan las mujeres para acceder a la salud sexual que recae sobre nuestros cuerpos. Para ella, es “empezar a construir el acceso al aborto como un ejercicio de ciudadanía de las mujeres y de los cuerpos gestantes”. Hablar de los derechos del (la) paciente es construir ciudadanía y es el Estado el que debe garantizar esos derechos. Así mismo, reconoce la autonomía de las personas que deciden interrumpir el embarazo como ellas deseen.
Julia Córdoba, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, presentó a dicha red, contando que funciona a nivel nacional y son casi 1000 personas entre trabajadorxs de la salud y socorristas en red quienes la conforman. Justamente, este próximo 28 de Mayo, cumple 5 años de existencia. Julia retoma el concepto de salud integral de la Organización Mundial de la Salud que entiende que la salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no la ausencia de enfermedad, desde donde la Red se posiciona para entender los acompañamientos que realiza.
Belén Carcedo, también médica integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, remarcó la importancia de estos espacios de encuentro, formación, discusión y abrazo. Se detuvo en la responsabilidad profesional, “si una mujer acude a nuestra ayuda para resolver un aborto y no le damos la información para que lo haga de manera segura, y lo resuelve sola con algún daño en su salud, es nuestra responsabilidad como efectores de salud, penal, civil y administrativa, por haberle negado un derecho fundamental y haber incumplido nuestra obligación como profesional” y agregó “no podemos seguir teniendo miedo a garantizar derechos, el miedo tiene que ser a negarlos.”
En situaciones donde una mujer llega al hospital con un aborto en curso, no puede ser denunciada por el personal médico, sino que debe tener acceso a una atención confidencial, científica, cuidada, respetada y humanizada, de lo contrario, se incurre, por un lado, en el ejercicio de violencia obstétrica e institucional, como está contemplado en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; y, por otro, se rompe el secreto profesional, incurriendo en un delito quien así lo haga.
En el encuentro, se remarcó la existencia de abogadas feministas que acompañan y asesoran en situaciones donde se obstaculiza el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos en diferentes dependencias de salud de la provincia y el país.
Fue una tarde emocionante, muchísimas mujeres supieron lo importante de participar, escucharse y aprender entre todas sobre los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Mientras seguimos saliendo a las calles para exigir que el sistema de salud nos garantice derechos, nosotras nos seguimos encontrando para construirlos, autogestionarlos, defenderlos y garantizarlos.
*Redacción La tinta / Imagen: Colectivo Manifiesto.
