Jornada de difusión para sacar a la luz lo que sucede en la oscuridad de las cárceles cordobesas
Familiares de personas presas, ex presas y autoconvocadxs anti-carcelarixs presentarán, este martes, frente a Tribunales II, un informe para dar a conocer las problemáticas carcelarias en la provincia. En lo que va de 2019, se registraron once muertes en establecimientos penitenciarios.
Por Redacción La tinta
Diversas organizaciones anticarcelarias de Córdoba participarán hoy de una jornada de difusión para denunciar el funcionamiento de la Justicia y el sistema carcelario provincial.
Para frenar los casos de torturas y muerte en las cárceles de Córdoba -acusan que, en lo que va de 2019, se registraron once muertes en establecimientos penitenciarios-, consideran de suma urgencia «llevar a cabo acciones que no solo visibilicen las problemáticas en contextos de encierro, sino también para que lxs responsables accionen frente a las demandas de forma concreta e inmediata».
En este marco, piden:
• Creación del Mecanismo provincial contra la prevención de la tortura en Córdoba.
• Abolición inmediata de la cama de sujeción. «Sabemos que la cuarta parte de los supuestos suicidios se produce en los lugares de aislamiento», indicaron.
• Que el acceso al sistema de salud no sea un privilegio, sino un derecho. Que se garantice un mínimo de especialistas de la salud por cantidad de personas.
• Vigencia real del Derecho de Defensa para las personas presas, desde el primer instante en el que son encerradas.
• Eliminación de los requisitos restrictivos del “Régimen de visitas” que vulnera los derechos elementales. Respeto al derecho a la visita íntima.
• Que el acceso a la educación no sea un privilegio, es un DERECHO.
• Que se cumpla la Ley 24. 660, acceso al salario y derechos laborales de las personas que están en contexto de encierro.
• Políticas sociales y laborales para quienes cumplen prisión domiciliaria y quienes salen en libertad.
«Muertes en manos de un Estado que no da respuestas»
Por medio de un comunicado, las organizaciones denunciaron que las políticas de “Seguridad” y “Seguridad Ciudadana” son una evidente estafa en contra del pueblo cordobés.
«La estafa se demuestra cuando, a pesar y a costa de todo el dinero público destinado a ‘seguridad’, los delitos en Córdoba no disminuyen. Las ‘políticas de (in)seguridad’ llenan los bolsillos de unxs pocxs a costa de la muerte de muchxs: más móviles, más policías que maestrxs, más cámaras, más armas, más balas; y el delito va en aumento. Es evidente el engaño y el negocio de la inseguridad. Todo lo cual no se sostiene sin la impunidad necesaria y los consecuentes privilegios, a cambio del silencio, el encubrimiento y la injusticia», expusieron.
Familiares de presxs, ex presxs y autoconvocadxs anticarcelarixs de Córdoba señalan que el funcionamiento del Poder Judicial es parte de la estafa y que las decisiones en materia de «seguridad» y «política criminal» acarrean como consecuencia directa «la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento; y que las personas presas no tengan los medios suficientes para poder dar con quienes son responsables de sus causas».
Otro punto que resaltan es que lxs presxs no pueden acceder realmente a su derecho de defensa, sino hasta que a una Fiscalía se le ocurre citarlxs a declarar. «Recién ahí interviene efectivamente su defensa. Esto se debe, entre otras cosas, a que la cantidad de asesores letrados del Estado son ínfimos, con relación a la cantidad de personas imputadas. Es decir, que la persona presa puede estar privada de su libertad durante días sin que nadie ejerza su derecho de defensa».
A esto, se suma la falta de infraestructura; la negación de derechos básicos de acceso al sistema de salud, educación y trabajo; regímenes de tortura y aislamientos arbitrarios.
«Lo enunciado y muchos otros factores dan como resultado muertes en manos de un Estado que no da respuesta a las necesidades básicas que debieran ser garantizadas, violando así los tratados internacionales por los Derechos Humanos», lamentaron.
