Docentes de Córdoba se manifiestan en defensa de la educación pública
A lo largo de la semana, trabajadorxs de distintas escuelas realizaron acciones en varios puntos de la ciudad para reafirmar reclamos desatendidos en la propuesta salarial del gobierno. Esperan el resultado de la Asamblea Departamental que determinará la aceptación o rechazo de la oferta, pero entienden que ello no implica el final de una lucha contra el desfinanciamiento en educación.
Por Redacción La Tinta
Hoy, tendrá lugar la Asamblea Departamental que definirá si se acepta o rechaza la propuesta que la Provincia realizó a lxs docentes en el marco de la negociación salarial. Diversas movilizaciones realizadas a lo largo de la semana evidenciaron un descontento generalizado ante la negación de varios cuestionamientos que no estuvieron presentes en la discusión. Lxs docentes entienden que, independientemente del resultado de hoy, la defensa de la educación pública y la demanda frente a un salario que se encuentra bajo la línea de la pobreza, forman parte de un plan de lucha que crece con fuerza en las comunidades educativas.
En el día de ayer, luego de tres jornadas de discusión y acción en las escuelas, se llevaron a cabo asambleas resolutivas en los distintos departamentos de la capital, donde delegadxs de cada institución elevaron su pronunciamiento en relación a la oferta del gobierno. Aunque la misma es considerada insuficiente y similar a la propuesta rechazada dos semanas atrás, en el interior de la provincia se habría aceptado, mientras que en la capital la oposición fue contundente.
Con el objetivo de convocar a la ciudadanía y visibilizar el descontento generalizado en el marco de la negociación salarial, docentes de diferentes escuelas se concentraron a lo largo de la semana en varios puntos de la ciudad.
La plaza de las Américas, la ex plaza Vélez Sarsfield, Ruta 20, barrio Maldonado y Alto Alberdi fueron epicentro de asambleas, cortes de media calzada y una radio abierta que buscaron instalar en el escenario público la exigencia contra la precarización laboral y el recorte en educación que se pretende profundizar en la negociación entre el gobierno y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).
En el interior, también se realizaron acciones que evidencian una lucha desoída por quienes hoy tienen en sus manos la dirección de la educación pública.
El delegado de la Escuela Alicia Moreau de Justo, Pablo Perón, enfatiza que la oferta “no da cuenta de lo que hemos perdido en materia salarial en el 2018, hace una propuesta de sumas no remunerativas que no van al básico ni garantizan un salario sustentable en el tiempo y tiene una cláusula gatillo condicionada a la recaudación provincial en un año cuya inflación es impredecible”.
Debido a que no fueron incluidas las demandas planteadas por lxs docentes en el rechazo anterior y a la inseguridad laboral que representan los descuentos extorsivos contra el legítimo derecho a huelga, el delegado entiende que la “nueva” oferta se trata de una apuesta a otra división en la docencia donde aquellos que se vean mínimamente favorecidos podrían variar los índices de rechazo de la propuesta anterior.
Defender la educación pública
Lxs docentes afirman que existe la decisión política por parte de los gobiernos provincial y nacional de desfinanciar y reducir el presupuesto que se destina a la educación, por lo que no se trata de un reclamo meramente salarial.
“Estamos defendiendo una educación pública, el derecho a enseñar con un salario digno, pero también el derecho a aprender para todas las masas, para la totalidad de la juventud”, enfatiza Pablo Perón.
Es sabido que toda reforma educativa requiere de un tiempo de implementación a largo plazo para poder evidenciar sus resultados. Muchos de los planes, programas y mejoras socio-educativas implementadas en los últimos años -Conectar Igualdad, Centro de Actividades Juveniles (CAJ), Centro de Actividades Infantiles (CAI), Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), Finalización de Estudios Secundarios (FinEs), Programas de capacitación docente, Colecciones de materiales bibliográficos-, presentan, en la actualidad, enormes recortes que, de la mano del cierre de cursos y Centros Educativos de Nivel Medio de Adultos (CENMA), dan prueba de un deterioro en la calidad educativa y en las opciones que los gobiernos deberían posibilitar para garantizar el derecho social a la Educación.
En las asambleas zonales realizadas en la jornada de protesta, varixs trabajadorxs de distintas modalidades acercaron su preocupación sobre la profundización de las medidas de ajuste. Carlos Direni, delegado del Instituto de Educación Córdoba, comprende que a estas demandas “el sindicato, a través de distintas formas de evasión, las viene dejando pendientes y la situación empeora cada vez más. Nos encuentra una situación de precariedad y de inseguridad laboral” frente a la que la organización por zonas representa una alternativa para proponer mejoras en las cada vez más atacadas condiciones laborales.
El Centro de Actividades Juveniles (CAJ), recientemente transferido de la Nación a la Provincia, “que da una respuesta muy interesante a otro tipo de integración e inclusión en lxs chicxs de la escuela y de la comunidad, está cada año más vaciado, con más requisitos burocráticos, muy difíciles de implementar”, e incluso se desconoce si continuará en vigencia, expresa con preocupación Lucrecia Cocha del IPET N° 313.
La docente remarca que la discusión “tiene que ver también con nuestras condiciones de trabajo, con las formas en que enseñamos y aprendemos en las escuelas” y que evidencian su vulnerabilidad, por ejemplo, en la experiencia piloto de un nuevo régimen académico que se está implementando por segundo año consecutivo en alrededor de 150 escuelas. Al trabajar en una de ellas, Lucrecia afirma que el cambio implica una mayor burocratización y exigencias que no son acordes a las condiciones laborales en educación media. No hay claridades sobre objetivo, fundamento y norte del nuevo régimen, como así tampoco sobre su origen. “Todo aparenta venir de las pruebas Aprender que son estandarizadas y no reflejan la realidad compleja que viven las Escuelas y las urbano-marginales en particular”, agrega.
El último orejón del tarro
Otro de los reclamos desoídos afecta al sector más vulnerado del cuerpo docente, lxs jubiladxs. Desde hace varios años, se exige el manejo de la caja de jubilaciones por parte de lxs trabajadorxs y el 82% móvil que, a través de la Ley 10.333, reduce el salario de quienes no se encuentran en actividad.
Inés Martínez, jubilada docente, observa con entusiasmo las diversas acciones zonales que se realizaron el día de hoy y que no se venían produciendo a gran escala, pero afirma: “Hace mucho que no se hace nada por los jubilados. Nosotros ya hemos perdido el 82% móvil, hay una famosa armonización que el gobierno nacional con Schiaretti quieren instalar, pero ahora hay una nueva, que es el Fondo Monetario que dice que hay que bajar los salarios”.
En la propuesta, se expresa una diferenciación entre docentes en actividad y jubiladxs que, a su vez, implica un mayor distanciamiento debido a que se trata de sumas no remunerativas. “Por eso, es muy importante que todos los jubilados salgamos a la calle junto con los activos y presionemos a nuestro gremio para que empiece a pelear para que deroguen la Ley 10.333”, expresa Inés.
Deslegitimación del trabajo y el derecho a huelga
En el marco del conflicto docente, los medios masivos de comunicación han ocupado un rol protagónico. Siendo los responsables de garantizar el derecho a la información por parte de la ciudadanía, “hace 20 días afirmaban que el acuerdo salarial ya estaba cerrado”, recuerda Pablo Perón y señala: “Trataban de condicionar la opinión de la docencia, fracasaron y quedaron dando muestras de su intencionalidad en este conflicto”.
Además de alentar el miedo a los descuentos por el paro y condenar las medidas fuerza, derecho de lxs trabajadorxs, medios y gobiernos intentaron operar sobre el sentido común de la sociedad desprestigiando incluso la labor docente. Sin embargo, en las diversas acciones realizadas en el marco de la protesta y al interior de las comunidades educativas, la ciudadanía ha demostrado un alto nivel de apoyo a la lucha.
En este sentido, Pablo insiste en “no dar por perdida esa discusión, esa batalla de sentido, sino dialogar con la sociedad en general. Sabemos que defendemos una causa justa, no mezquina ni corporativa, sino con directa implicancia sobre la calidad del laburo que desarrollamos y sobre la potencialidad que ese laburo tiene en nuestro alumnado”.
Frente a la estigmatización de la tarea docente y el desprestigio a las escuelas y a lo público, Lucrecia Cocha propone “dar a conocer cuál es la tarea que ejercen lxs docentes. (…) Hacemos, con lo que nos dan, y que es muy poco, lo que podemos y lo mejor que podemos. (…) Las escuelas no tienen que estar cerradas puertas adentro, tienen que hacer un trabajo más comunitario que es muy difícil, porque estamos desbordados, estamos muy solos en las comunidades y, sobre todo, en los barrios urbano-marginales”, donde emerge más de una problemática.
Aferrada a la convicción de que el derecho a huelga debe ser defendido, Inés Martínez sostiene el lema que, transformado en canto, se expresó ayer en todos los puntos de la provincia: “Luchando, estamos enseñando”.
Carlos Direni sostiene que “los compañeros tienen mucho miedo a los descuentos, a la represalia y los aprietes”, por lo que con la creación de un fondo de huelga, la reunión entre escuelas por zona y la visibilización del reclamo emergen horizontes para sostener la lucha, resguardar y dar seguridad.
Independientemente de los resultados de la asamblea resolutiva de este viernes, Pablo Perón concluye: “Vemos que hay una iniciativa de las escuelas de pelear por la dignidad, (…) pero va a depender de una serie de factores que no dependen sólo de nosotrxs, sino también de que el gremio se juegue, de que pueda ver y hacerse eco de esta situación que es algo que no viene pasando lamentablemente. Hay que darle pelea, estamos en un buen camino”.
*Por Redacción La Tinta
