El grupo de vecinxs autoconvocadxs “Santa María Sin Basura” escribió un comunicado a dos años de la inundación de Taym. El 28 de marzo de 2017, el derrumbe de un terraplén de la planta de tratamiento de residuos peligrosos de la empresa Roggio produjo el derrame de material altamente tóxico por el canal Los Molinos hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas. Denuncian que las causas judiciales están paralizadas.
Por Redacción La tinta
Este jueves se cumplen dos años del desborde de la planta de residuos peligrosos Taym que provocó, según un informe pericial presentado a fines del año pasado, la contaminación del canal Los Molinos-Córdoba con basura industrial y desechos tóxicos.
Según denuncian desde la Asamblea Santa María Sin Basura, los desechos tóxicos no sólo llegaron al cauce de agua, sino que el agua contaminada ingresó a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas una hora antes de que se cerraran las compuertas, afectando el agua potable que consume el 30 por ciento de la ciudad de Córdoba Capital.
Por el tema están siendo investigados los principales funcionarios de Ambiente de la Provincia y fueron imputados tres altos directivos de la firma, pero la causa está frenada.
Por esta razón, vecinxs participarán este jueves a las 18 de una manifestarán sobre la Ruta 5 para exigir “justicia, el cierre de la planta y la remediación del lugar”.
¿Cómo creer en la Justicia? — Comunicado de Vecinxs Autoconvocadxs “Santa María Sin Basura”
La semana pasada escuchamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia argentina preocupado por la falta de credibilidad de los ciudadanos en esa institución. Dijo vagamente que el descrédito se debía a una “serie de factores”. Nosotros somos testigos de que ese descrédito se debe lisa y llanamente a la naturalización en el sistema judicial de la injusticia, de la arbitrariedad y la corrupción. Corrupción ejercida por muchos funcionarios judiciales que en connivencia con políticos y empresarios ponen al sistema judicial a funcionar en favor de los intereses económicos y claramente en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos “de a pie”.
¿Cómo se explica que con toda la prueba disponible en la causa “Taym” el fiscal Peralta Ottonello aún no haya podido indagar a los imputados de la empresa de Roggio? ¿Cómo es posible que la Cámara en lo Penal Económico (Anticorrupción) no haya aceptado a los vecinos afectados como querellantes? ¿Cómo se explica que el Ministro de Ambiente Fabián López no haya respondido a ninguna interpelación solicitada por legisladores ni haya sido llamado a indagatoria por la Justicia?
El gobernador Juan Schiaretti se mostró preocupado por aquellos días de la inundación y el ingreso de agua contaminada al canal Los Molinos. Dijo: “Estuvimos a un trist de un desastre ambiental” y prometió que debía caer sobre los responsables “todo el peso de la ley”. Sin embargo, son los organismos estatales de su gobierno los que se han esmerado en encubrir sistemáticamente la contaminación del suelo, el agua y el aire, presentando dudosos informes en la causa.
Como hemos mostrado en numerosas oportunidades, la Planta de Taym fue autorizada a instalarse en el año 2000 en un lugar inundable. Fue autorizada a pesar de no haber conseguido un Certificado de NO Inundabilidad requerido por la cartera de Ambiente. Falencia que suplieron con una nota firmada por Fabián López, por entonces director de DIPAS, en la que sin ningún argumento técnico afirmaba que “no habría inconvenientes con los escurrimientos superficiales”. Taym se inundó porque permitieron que se instalara sobre un paleocauce en una zona de escurrimientos naturales. Todos los funcionarios que autorizaron esa instalación son responsables del desastre ambiental.
La pericia oficial interdisciplinaria dictaminó que hubo contaminación. Que la contaminación provocada por la inundación y el colapso de la Planta de Taym se dispersó por campos sembrados, contaminó napas, ingresó al canal Los Molinos, fue arrastrada por el agua del canal e ingresó a la Planta Potabilizadora que abastece a un tercio de los ciudadanos de Córdoba, una hora antes que cerraran las compuertas. ¿No es este un hecho de suficiente gravedad para que el ministro de Fabián López y el secretario de Ambiente Javier Britch renuncien a sus cargos y sean indagados por la Justicia? En su lugar el gobierno de Schiaretti y la Fiscalía Anticorrupción han perpetrado dos años de encubrimiento.
Los vecinos y vecinas de Villa Parque Santa Ana y Alto El Durazno no olvidamos y no vamos a descansar hasta que todos los culpables sean juzgados y el lugar se remediado.
* Por Redacción La tinta
