«Argentinos por la Educación»: objetivos empresarios en las políticas de información
Por Marcelo Otero para La tinta
En una primera imagen, un plano de tres funcionarios del Poder Ejecutivo. Alejandro Finocchiaro, Mauricio Macri y Manuel Vidal, de izquierda a derecha, ante una mesa, en plano levemente diagonal. El centro de la imagen, la cabeza de Macri, con el sol de la bandera clavado en su occipital izquierdo, se duplica en el reflejo de la mesa. Los funcionarios ríen por algo que desconocemos. Macri y Vidal manejan unos papeles con colores y letra grande. El lugar donde se encuentran es el Salón de los Científicos. El epígrafe de la foto en Twitter de Casa Rosada es: “El Presidente tuvo una reunión con miembros del Observatorio Educativo Argentino (sic) esta tarde en Casa Rosada.” Aparte de escribir mal el nombre de la ONG, es llamativo no mencionar a los otros dos funcionarios, pero aún más que la imagen no muestre una reunión, sino un solo lado de una mesa, ni se expliciten los temas desarrollados. El Registro Único de Audiencias, que debe publicar la agenda del poder ejecutivo por el decreto 1172/03, tampoco menciona el encuentro.
El Presidente tuvo una reunión con miembros del Observatorio Educativo Argentino esta tarde en Casa Rosada. pic.twitter.com/O5BOkqheWV
— Casa Rosada (@CasaRosada) 7 de febrero de 2019
El Observatorio Argentinos por la Educación (AxE) sube un tuit a continuación, intentando aparecer en escena. Con la mesa vidriada como centro, cinco personas de un lado y tres del otro. Vasos de agua para todes, austeridad pública en la ausencia de café. De las cinco, tres son varones, de los cuales el del medio aparece hablando, podemos entender que el de mayor jerarquía, por estar en el centro y frente al Presidente. Las dos mujeres (mayoritarias en los ámbitos educativos y, sin embargo, minoría en esta mesa) están de espaldas y la más cercana a la cámara aparece cortada. De arriba hacia abajo, son Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de la ONG Argentinos por la Educación; Federico Eisner, socio de Bain & Company, firma de consultoría estratégica con sedes en todo el mundo y de activo diálogo en el ámbito de esta gestión; Ricardo Torres, CEO de Edenor y segundo de Pampa Energía, la distribuidora eléctrica más grande del país, encabezada por Marcelo Mindlin, salpicado por las denuncias de corrupción de los cuadernos de Centeno; Karina Román, presidenta de Organización Román, una cartera de inversiones familiares en múltiples campos (Karina y su pareja aportaron 3 millones de pesos para la campaña del PRO en 2015); finalmente, Constanza Morales Gorleri, gerente de responsabilidad social corporativa (sic) de Banco Galicia. Estos cuatro forman parte del Consejo Ejecutivo de la ONG, que nuclea a empresarios (Despegar.com y Muchnik también figuran como aportantes) y otra ONG, Educar 2050, parte de REDUCA, un espacio de empresarios que intervienen en el ámbito de la educación en lo que se ha definido como un nuevo consenso de Washington educativo. Del otro lado, Mauricio Macri, presidente de la Nación, miembro de una de las empresas familiares más grandes del país, beneficiaria de varios gobiernos civiles y militares en torno a lo que se conoce como “la patria contratista”, con menciones a 19 empresas offshore en los Panamá Papers. Su ministro de educación, reconocido casi exclusivamente por disputar la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires durante 2016 y su jefe de gabinete. Estas tres figuras aparecen serias, muy derechas, contrastadas con la foto anterior. Si seguimos navegando la imagen, la mitad superior contiene una araña de bronce, un empapelado antiguo y unas cortinas con volados. El centro lo ocupa un televisor negro, que tiene continuidad con las líneas de la mesa, también negra, y forman un curioso efecto: el de presidir la escena, como un monolito oscuro, hacia donde las perspectivas tienden en su punto de fuga.
Agradecemos al Presidente @mauriciomacri, al Ministro de Educación @alefinocchiaro y a su Jefe de Gabinete @manuvidalj por recibirnos. En línea con nuestro trabajo, solicitamos que se redoblen esfuerzos para jerarquizar los datos educativos como bien público. #medirparamejorar pic.twitter.com/PV3nDJv15U
— Argentinos por la Educación (@ArgxEdu) 8 de febrero de 2019
El 25 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación de la Nación -durante la gestión de Esteban Bullrich (junto con Sanchez Zinny, actual ministro de educación bonaerense, poseedores de una empresa offshore mencionada en los Panamá Papers)- firmó con el Observatorio Argentinos por la Educación un acuerdo de acceso a bases de datos. Puede decirse que el acuerdo, reforzado por una Resolución ministerial, es, en realidad, el inicio de sus tareas, ya que se establece que la ONG terminará de realizar los trámites de personería que aún no se le ha otorgado.
Unas diapositivas y algunos diagramas en el anexo son la escasa fundamentación de un acuerdo con un espacio que no posee especialistas en educación en su staff (solo su director tiene una maestría en educación, el resto son graduados o estudiantes en marketing, diseño o administración) y creado ad-hoc para publicar datos en el mismo momento en que la Dirección Nacional (DiNIECE), encargada de construir y consolidar las bases de datos, además de brindar marcos de análisis para la información, era degradada a dirección simple y se desarmaban sus capacidades informáticas al mismo tiempo que se reasignaba a muchos de sus cuadros técnicos.
El Relevamiento de Información Educativa es un sistema que, desde 1994, releva información en un marco federal, con bases consolidadas y públicas, con censos y relevamientos periódicos, y compuesto por más de cien investigadorxs, técnicxs y administrativxs de todo el país. Los activos de AxE son una lista de colaboradores, reunidos más por su nombre que por algún aporte concreto a ese espacio y una lista de empresas que con un capital de 500.000 dólares apuestan a la difusión de determinados indicadores educativos. El acuerdo incluye en sus líneas la posibilidad de que AxE reciba datos personales de las bases de datos del Ministerio.
Desde 2017, las acciones públicas de AxE figuran en una página con un front end agradable, basada en infografías y gráficos, que contiene artículos de colaboradorxs, no necesariamente ligados a las cifras ofrecidas. Las categorías que dividen a la página dan cuenta de las problemáticas y la mirada desde la que se observan las políticas educativas: acceso (a los niveles educativos), eficiencia interna, recursos humanos, recursos físicos y financieros, y resultados. Actividades como un hackaton de indicadores educativos, encuentros o talleres, mayormente destinados a periodistas, en la Universidad DiTella. Informes como «¿Por qué es importante la duración de los ministros en Educación?» o «El estado de los sistemas de información» se replican en diarios nacionales como La Nación o Infobae, que han tomado esta fuente de información como fidedigna y válida.
El último informe mencionado puede dar una muestra de los objetivos de la difusión. El Observatorio envió, a mediados de 2018, una carta documento a todas las unidades estadísticas educativas provinciales, exigiendo información sobre su funcionamiento interno. Diez unidades no respondieron, el resto lo hizo y, en octubre, presentaron al Ministerio Nacional todas, en forman conjunta, un documento donde protestan por las acciones del Observatorio, por errores en la información que se brinda en la página y por la construcción de rankings de mejores y peores provincias, interfiriendo con la confección del Relevamiento Anual en la que todas las jurisdicciones (incluida la Nación) llevan adelante para obtener datos. El objetivo del informe que publicó luego AxE es develar qué provincias no utilizan sistemas de información propios. En una conferencia de prensa en el Ministerio, con la presencia del Ministro y de 24 periodistas de las 24 provincias con viáticos pagos por cortesía de AxE, se dio a conocer este informe que, al día siguiente, figuró en numerosos periódicos de todo el país titulado con la frase: «Al menos 10 provincias no saben cuántos días de clase se dictan en sus escuelas» o similar. Pocos días más tarde, lxs trabajadorxs de la Dirección de Información y Estadística Educativa hicieron pública una nota al ministro, donde se señalaba el desguace progresivo del área, así como la carencia de elementos técnicos necesarios para el trabajo y difusión de los datos del sistema.
Se dice, en términos de análisis político, que Macri es el primer político de discurso abiertamente liberal que llegó a la presidencia en Argentina. Hasta ese momento, las políticas liberales o neoliberales habían sido desarrolladas por gobiernos militares o por gestiones populistas con un discurso incoherente con sus postulados electorales. Pese a eso, la gestión macrista es pragmática, habiendo sabido reconstruir una maquinaria (en discurso y en medios) para efectivizar y popularizar medidas (o para no encontrar la suficiente resistencia, como los tarifazos a los servicios) que posiblemente hubieran encontrado mayor resistencia en el pasado. La participación empresarial en la educación se mantiene en esa línea.
Desde las organizaciones filantrópicas del siglo XIX, las cenas de caridad, el padrinazgo de escuelas o el apoyo o la conformación de ONG’s de apoyo escolar, subsiste una práctica de mostrar una faceta social de las clases altas, brindando ayuda a las más desposeídas, señalando con claridad el origen de la ayuda y su carácter interclasista. Sin embargo, las nuevas organizaciones como Argentinos por la Educación o Enseñar por Argentina escapan a ese modelo. Proyectadas desde empresas y empresarios, no ponen la publicidad de sus firmas de manera frontal. Intentan incidir en la agenda de políticas educativas de manera efectiva, sea construyendo modelos y narrativas de información, o interviniendo directamente en el espacio del aula con graduadxs sin formación docente, ingreso sin concurso y sueldo miserable que promueve Enseñar x Argentina. Las empresas que las encabezan tienen un control directo sobre su funcionamiento y forman parte, a su vez, del entramado de conocimiento directo de los CEOS que acceden a puestos de gobierno o a un diálogo directo con el presidente.
Se presentan como una instancia novedosa y tecnológicamente avanzada de gestión, sea por la aplicación de TIC o por su intento de llegar a las redes sociales, pero, a la vez, oscura, sin fundamentos ni objetivos transparentes. Forman parte de la Nueva Gestión Pública, un concepto del neoliberalismo en la educación que ha tomado cuerpo en los últimos años en Latinoamérica y que forma parte de la trayectoria de mercantilización de la educación a distintos niveles.
Argentinos por la Educación se presenta como un espacio plural, de sociedad civil, preocupada por la información educativa en un sentido universal, cuando, en realidad, articula un proyecto corporativo, que se centra en datos sin interpretaciones transparentes, sin explicitar marcos teóricos, posturas o fundamentos concretos. En verdad, se responde a directrices de la fe capitalista: la eficiencia como eje, mejoras a partir de la evaluación y la comparación, el problema de la sindicalización de los recursos humanos (los docentes).
La divulgación pública de las evaluaciones escolares que Macri planteó en su discurso del 1 de marzo va en ese sentido. Disciplinar a los actores desde la competencia, desarticulando ciertas responsabilidades del Estado y señalando a las provincias (por elegir los criterios de gasto educativo en la coparticipación), a las escuelas o a los docentes como responsables de sus tareas y, por lo tanto, responsables de encontrar una solución a la crisis del sistema educativo. Esto implica un nuevo rol del Estado, una estrategia de gobernanza basado en las Alianzas Público Privadas, donde el Estado deriva definiciones, recursos y aportes económicos a actores cercanos que aplican sus políticas, sin pasar por filtros, concursos o licitaciones públicas.
En abril de 2018, la ONG Argentina Debate fue beneficiada, de manera directa, por el Consejo Nacional Electoral en la delegación de los debates para las elecciones presidenciales. La presidenta de la ONG es, una vez más, Karina Román. Si bien el sentido de estas alianzas es más político y estratégico que directamente económico, es la gestión pública la que financia, de manera poco transparente, estas actividades. A fines de octubre de 2018, ocho diputados presentaron un pedido de informes por los más de 1300 millones de pesos destinados al “fortalecimiento territorial y acompañamiento de organizaciones educativas”, incluidos en el presupuesto 2019, bajo la sospecha de que todo este dinero termina en las ONG corporativas. Mientras el presupuesto educativo implica una merma de casi un 19% respecto a 2016, crece la financiación directa para espacios que buscan incidir en la coyuntura política en varios niveles (acceso al Estado Nacional, reducción de las paritarias, privatización del sistema educativo), a la vez que implican proyectos a futuro de cambio social y de la identidad de los sujetos.
El Estado puede verse, en su composición, como una cristalización de los poderes y las fracciones de clase dominantes en un cierto momento de la sociedad. Pero, de esa cristalización, también forma parte la historia, en la medida en que ciertas construcciones de sentido permanecen incluso enfrentándose al verse atacadas. El sistema educativo que tenemos hoy, caótico, complejo, múltiple, es el fruto de las disputas de más de 200 años alrededor de la constitución y el desarrollo de la Argentina, e implica desde la producción de saberes válidos hasta el rol mismo de los sujetos.
Un sistema formativo amplio, integrador, liberador, que respete las particularidades, que incluya la educación sexual integral, el respeto por los derechos y las multiplicidades debería ser la perspectiva para estos tiempos. Sin embargo, la competencia, el valor del liderazgo, la primacía de lo privado sobre lo público, el desplazamiento del rol docente y la idealización y el empoderamiento de empresarios asumen, de manera cada vez más acuciante, lugares clave en la agenda de Estado para la educación pública.
*Por Marcelo Otero para La tinta.
