Por qué no se habla de persecución a LGBT+ en dictadura
A 43 años de la última dictadura, con un modelo de Memoria, Verdad y Justicia que es ejemplo en el mundo, activistas de la diversidad sexual vienen denunciando que los crímenes contra personas LGBT+ no han sido aun visibilizados ni castigados y afirman que existen al menos 400 desaparecidxs.
Por María Eugenia Ludueña y Lucas Gutiérrez para Agencia Presentes
A 43 años del Golpe, con un modelo de Memoria, Verdad y Justicia que es ejemplo en el mundo y ha logrado condenar a 901 personas en Argentina por delitos de lesa humanidad, activistas de la diversidad sexual vienen denunciando que los crímenes contra personas LGBT+ no han sido aun visibilizados ni castigados.
En las marchas del 24 de marzo, algunxs militantes por los derechos de la diversidad sexual enarbolan un cartel y un número. Denuncian que existen al menos 400 personas desaparecidas LGBT+. ¿De dónde nace esta cifra?
Lxs 30400
La primera mención a este número apareció publicada en 1987, en el libro de Carlos Jáuregui “La homosexualidad en Argentina”. Jáuregui escribió: “Nuestra comunidad, como toda minoría en tiempos dictatoriales, fue víctima privilegiada del régimen. El fallecido rabino Marshal Meyer, miembro integrante de la CONADEP (Comisión Nacional para la Desaparición de Personas), creada durante el gobierno radical, expresó en 1985 a quien esto firma, que la Comisión había detectado en su nómina de diez mil personas denunciadas como desaparecidas, a cuatrocientos homosexuales. No habían desaparecido por esa condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba el rabino, había sido especialmente sádico y violento, como el de los detenidos judíos”.
La cifra estimaba a muy grandes rasgos “cuatrocientos homosexuales”. En aquellos tiempos, la palabra “homosexuales” era un modo de designar a todas las identidades que no eran estrictamente heterosexuales. Incluía a gays, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y más. El contexto de aquella cifra era un número que en 1985 y con muchas limitaciones, recién empezaba a perfilarse y con los años, las denuncias, se convirtió en 30.000 personas desaparecidas. Pero las detenciones y persecuciones a personas LGBT no habían empezado en terrorismo de Estado.
Ivanna Aguilera es una sobreviviente trans. Tenía 13 años aquella tarde de mayo de 1976 en Rosario. Eran las siete y estaba junto a otras compañeras, frente al Automóvil Club en la Plaza de San Martín, a cinco cuadras de su casa, cuando vio venir un camión y dos jeeps del Ejército, según contó a Presentes. ”Nosotras recién estábamos descubriéndonos, saliendo a la calle. Íbamos a la plaza porque habíamos encontrado a una compañera trans, la Poropá, la primera que conocíamos. El camión paró y nos subieron a las trompadas. La compañera mayor nos protegió. Nos llevaron al Batallón 121 (ahí funcionó un centro clandestino de detención), donde fui apaleada, abusada sexualmente en grupo, picaneada en mi genitalidad y quebrada. Todo era acompañado con insultos sobre mi identidad: maricón, puto, degenerado, ustedes son una enfermedad, hay que matarlos de chiquitos”.
Ivanna cuenta que estuvo 72 horas secuestrada con sus compañeras. “Nos tiraron en un descampado a todas. Pero después una no sobrevivió”, dice. Más tarde, Ivanna sería detenida reiteradas veces.
“Nos llevaban presas por nuestra sexualidad. Pero jamás nos ponían junto con lxs compañerxs presos politicxs, sino con la población común: violadores, delincuentes, ladrones. Y algunos volvían a abusar de nosotras. A las pocas que quedamos vivas nos pasó lo mismo. ¿Por qué nos llevaban y torturaban? Jamás nos lo dijeron. No estábamos en un gremio”, dice Ivanna.
Hoy vive en Córdoba y es presidenta de Devenir Diverse. “Las travas no tenemos justicia. Hace pocos años que empezamos a trabajar con ella. Y este genocidio para con nuestros cuerpos LGBTQ+ no se terminó cuando llegó la democracia. Hace siete años que tenemos ley de identidad de género. Antes íbamos a un hospital y nos llevaban detenidas, por edictos policiales que fueron creados por la dictadura”.
Antes, durante y después de la dictadura
Para este 24 de marzo, su agrupación junto a otras de la diversidad marcharán en Córdoba con el mismo reclamo: Cupo Laboral Travesti Trans. “¿Por qué hablar de inclusión laboral trans en la semana de la memoria? Porque las políticas de persecución hacia el colectivo LGTB empezaron de manera sistemática y generalizada en la dictadura de Félix Uriburu. Se ejecutó un plan de exterminio con prácticas similares o peores a las implementadas por los nazis desde la dictadura de Onganía”, dice.
Valeria del Mar tiene 62 años, es travesti y estuvo secuestrada en el centro clandestino Pozo de Bánfield. Vive en Buenos Aires y es secretaria de Derechos humanos de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina). El 22 de marzo el Pozo de Bánfield abrió sus puertas como espacio de memoria y Valeria estuvo ahí. “Fue llegar y recordar. Pero fue un día luminoso dentro de los 14 días de oscuridad que tuve ahí adentro”.
Declaró dos veces en sede judicial lo que pasó en esas dos semanas que estuvo secuestrada. La llevaron mientras trabajaba como prostituta en la ruta 4, Camino de Cintura, junto con otras compañeras.
Contó a la Justicia: “Me violaban casi todos los días, hasta cuatro veces un mismo día. Fui obligada a practicar sexo oral a través del buzón de la puerta, fui violada por vía anal, sin profiláctico, por un joven policía, fui torturada física y psíquicamente de manera sistemática”.
En el Pozo de Bánfield, Valeria era insultada por su identidad de género: “Vení acá puto de mierda, vení negro culo roto”, contó a Presentes. “Tener tetas en 1976 era una camiseta contra la dictadura. Eso les daba mucha bronca y nos trataban mal”. Valeria sigue luchando para cobrar la reparación por víctima del terrorismo de Estado. “¿Qué testigos puedo tener si mis compañeras están todas muertas? Es una lucha y un trabajo de hormiga”, dice. En 2013 fue aceptada como querellante en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro entre 1976 y 1977.
La moral pública: heterosexual y cristiana
Hasta ahora, en los juicios por delitos de lesa humanidad, es poco lo que se escucha sobre las violaciones a derechos humanos de las personas LGBTIQ. “En estos juicios en distintos tribunales de la Argentina, los testimonios dan cuenta de la represión a personas LGBTI. Esa información aparece, pero el proceso de Memoria, Verdad y Justicia es complejo, falta avanzar en la visibilización. Así como fue complejo que apareciera la visibilización de temas como la violación y la violencia sexual en los centros de tortura y exterminio, los tratos degradantes a mujeres, hechos que tuvieron su propia especificidad y no fueron simples prácticas subsumidas en la tortura. Es una tarea que tenemos”, escribió en Presentes Silvia Delfino, profesora de la Universidad de La Plata, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).
“Tanto la ignorancia como el silencio son políticamente producidos. Asumir esto puede ser un paso muy importante”, dice Emmanuel Theumer, activista y docente de la Universidad Nacional del Litoral. Por otro lado, el acrónimo LGBT+ fue impulsado por los activistas hace unos 25 años.“La pregunta que creo que tenemos que hacernos es: ¿Existió un aparato represivo estatal dirigido a personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género? Tal como históricamente lo han denunciado los movimientos de resistencia sexual y diferentes memorias, algunas subalternas, otras recogidas judicialmente, no tengo dudas de que existió tal “gubernamentalidad represiva”, por decirlo desde la criminología».
«Esta dictadura se autopresentó como Proceso de reorganización y se asentó en una comprensión de familia heterosexual cristiana como la base de la defensa nacional. El aparato represivo dirigido a personas por su expresión de género, orientación sexual e identidad de género se articuló dentro del plan recrudecido de sostenimiento de una moral pública heterosexual-reproductiva”, agrega Emmanuel.
“No se visibiliza porque vivimos en un país machista”
Eugenio Talbot Wright tiene 46 años, varón trans hijo de Héctor Talbot Wright (militante de Montoneros desaparecido en octubre de 1976) y de XX. Integrante de HIJXS y activista de la diversidad sexual, dice: “No se visibiliza la persecución al colectivo LGBT+ porque seguimos viviendo en un país machista que muy de a poco va abriendo la puerta a nuevas voces que el heteropatriarcado ha invisibilizado. Desde los años 30 se vienen perpetrando ataques y persecuciones contra el colectivo LGBT+ desde el Estado. Corrió mucha sangre. Y seguimos enterrando compañeras”.
Eugenio quería que el discurso del 24 de marzo en Córdoba, donde vive, lo pronunciara una persona trans. No será este año: “Son pocas las sobrevivientes trans, tienen un promedio de vida de 35 años. Es hora de que se oigan sus voces. Y más teniendo en cuenta la relación política que existió entre el Frente de Liberación Homosexual y las organizaciones revolucionarias. Y hay que investigar cómo operó la dinámica del exterminio hacia las personas LGBT+”.
Por otro lado, las organizaciones revolucionarias y políticas de los setenta tenían posicionamientos diferentes frente a la diversidad sexual. Algunas lo consideraban una suerte de enfermedad. Otras, un aspecto que hacía más vulnerable a lxs militantes frente al poder aniquilador de la dictadura.
En su biografía de Viviana Avendaño (Todo lo que el poder odia) Alexis Oliva reconstruye la vida de esta activista lesbiana y feminista cordobesa, vinculada a diferentes luchas. Viviana estuvo presa en la cárcel de Devoto en dictadura, donde la incluyeron en un experimento de “recuperación” y fue catalogada de “irrecuperable”. Los testimonios de quienes la conocieron dan cuenta de las discriminaciones y violencias que sufrió por ser lesbiana.
Memorias LGBT+ silenciadas
Cristian Prieto es periodista y trabaja en la Comisión Provincial de la Memoria. Ahí es que descubrió en los archivos de la División Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA) como durante la última dictadura no solo se hacía inteligencia con la vida social y política sino también con la sexual.
“Con gobiernos democráticos, con dictaduras, con la existencia de edictos que nos penalizaban o sin ellos: sólo para enderezarnos o para no ser las frutas podridas que invitaran a otrxs a pudrirse con nosotras”, narra Prieto. Con el material que abarca desde 1957 hasta el 98 escribió una novela que mezcla ficción con datos reales, en ‘Fichados’ esas anotaciones de los archivos que decían cosas como: homosexual, amanerado y más, dan testimonio de la violencia a la que se estaba expuesto por no ser heterosexual antes, durante y post dictadura.
Existen archivos como este. Existen testimonios, algunos tomados en sede judicial como el de Valeria (y otros que no llegaron a la Justicia como el de Ivanna).
Existen medidas de reparación histórica: en 2018 la provincia de Santa Fe reconoció a 25 personas trans como víctimas de la violencia estatal por su identidad de género durante la dictadura en la Argentina. “Pero hay que entender que el aparato represivo es anterior y posterior a la última dictadura cívico militar”, dice Theumer.
Mientras el 10 de diciembre de 1983 la democracia regresaba al país de la mano de un presidente electo por el pueblo, esta no llegaba a todas, todos y todxs las personas. “El aparato represivo se articuló en torno a la defensa de la “moral pública”, en algunas ocasiones fue explícito en dirigirse a “travestis y homosexualismos” también a prostitutas, pero no siempre fue así de tácito. Los activistas gays de la CHA y el MLH (Movimiento de Liberación Homosexual de Rosario) lo comprendieron muy bien cuando se preguntaban a mediados de los años ochenta “¿esto era la democracia?”. Lo que denunciaban eran los códigos de faltas y otras modalidades contravencionales que, dicho groseramente, habilitaba una infrapenalidad represiva en manos de la policía”, explica Theumer.
¿Quién reclama por las trans?
“Marchamos el domingo reclamando por 30400 compañeres desaparecides, la disidencia también está presentes y quiere justicia. Yo en cualquier momento espicho. Esto se tiene que saber. No tenemos hijos ni familiares que marchen por nosotras”.
Cada año Ivanna sigue marchando. Se la puede encontrar visibilizando esas 400 desapariciones y aportando su testimonio de vida: “Parece que somos solamente testigos de un acto terrorista, pero no es así, también fuimos protagonistas de ese tiempo infame. Hemos padecido con cárcel, con tortura, en nuestros cuerpos están las huellas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Demostrarlo? Estamos los sobrevivientes, quedamos. Hay un problema que es la sexualidad. El sexo en general. Es tabú hablar de sexo. Acá los putos, las tortas y travas se los perseguía. También existían obreros, maestros y estudiantes que eran putos, tortas y trans. Están los documentos. La orden de López Rega a las fuerzas policiales para nuestro exterminio”.
“El duelo público activado por las organizaciones LGBT ante la última dictadura se articula de un modo diferente a lo propio de Madres y Abuelas e Hijos, el reclamo aquí no está necesariamente asentado sobre un parentesco biológico de sangre sino que se invoca proyectando una comunidad con la que nos identificamos y desde la que reclamamos por todas nuestras muertas”, comparte Emmanuel Theumer.
Para él, la potencia política de los “400 desaparecidxs” permitió problematizar lo sexual de las memorias, lo sexual de la sospecha y también la subversión. “Y algo no menor: la connivencia social respecto a esta modalidad represiva y de vulneración de derechos».
«La memoria abierta por los 400 desaparecidos se resiste a volverse archivo. Problematiza críticamente la vida en democracia al poner en evidencia la continuidad de la violencia de Estado y la vulneración de derechos a personas por su orientación sexual e identidad de género. Me gusta insistir en que este, para mí, es el Nunca Más de los 400”.
*Por María Eugenia Ludueña y Lucas Gutiérrez para Agencia Presentes
