La represión de cada día
La Infantería de Salta volvió a reprimir el jueves pasado, a miembros de comunidades originarias que se manifestaban en la ruta nacional 34 en protesta por irregularidades en el IPPIS.
Por Vó Vè
Cinco personas, entre ellos la traductora wichi Sandra Pisco, fueron detenidas el jueves 7 de febrero en la ruta nacional 34, a la altura del paraje Cuña Muerta, donde llevaban adelante una protesta reclamando que se investiguen las denuncias por defraudación de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas para pueblos originarios. También denuncian que no se permita ocupar cargos a los miembros de la anterior conducción del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) que están involucrados en estas denuncias.
Las detenciones se concretaron en medio de un operativo represivo de miembros de la Infantería de la Policía de Salta. Un testigo presencial relató a través de grupos de whatsapp: “La han reprimido a la gente subida a la ruta y ellos se vienen a refugiar en el pueblo”. El testigo añadió que en el afán de reprimir se rompieron autos de particulares: “Hay gente herida, sangrando, está todo mal”, insistió.
Según informó la dirigente indígena Liliana López, la represión se desató a las 15.15, cuando los manifestantes comenzaban el corte de media calzada de la ruta. “Esta vez no fueron balas de goma, fueron balas de verdad”, aseguró, añadió que miembros de las distintas comunidades del departamento San Martín que participaban de la protesta estaban siendo asistidas en el hospital público, pero el abogado Sergio Heredia, que defiende a Pisco, negó que haya heridos de bala.
López relató que un impacto de bala quebró la pantorrilla de un manifestante, y que a otro hombre de unos 60 años una bala le rozó la cabeza provocándole una herida con abundante sangre.
López identificó a los detenidos como los dirigentes Miguel Acevedo (de Coronel Cornejo), Félix David (de la Comunidad Wichi La Mora, cerca de Tartagal), el cacique Durán (del pueblo guaraní de Zanja Honda) y Riqui Calermo, hijo del ya histórico cacique Indalecio Calermo, vocal del IPPIS y quien impulsó este reclamo. La única mujer detenida es la reconocida docente y dirigente del pueblo chorote Sandra Pisco, que es la traductora del Poder Judicial en los juicios en los que hay indígenas involucrados.
López lamentó que “nadie” del gobierno provincial se avino a hablar con ellos. Y responsabilizó por “todo lo que está pasando la responsabilizamos al gobernador (Juan Manuel Urtubey) y a la ministra (de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, quien está más al norte, ocupada en la asistencia a las personas afectadas por los desbordes del río Pilcomayo)”.
Las denuncias sobre presuntas irregularidades en el IPPIS vienen de tiempo atrás. En 2017 el abogado Sergio Heredia presentó una denuncia penal contra la ex presidenta, Romelia Durán, y Marcela Castillo (entre otros) en el Juzgado Federal de Orán, sin embargo, el letrado dijo que el proceso aún no avanzó porque “hace un año y medio que la Justicia Federal de Orán y la de Tartagal se patean la pelota”. Heredia concluyó que esto se debe a que los denunciados “están protegidos políticamente”, dado que las acusaciones fueron notificadas al Instituto Provincial de Viviendas (IPV, que recibía los fondos de la Nación y los transfería al IPPIS para que éste pagara a las constructoras encargadas de realizar las viviendas) y al Ministerio de Asuntos Indígenas.
La Auditoría General de la Provincia confirmó irregularidades en el ejercicio de 2017, por lo que en junio de 2018 el gobierno intervino el área contable del IPPIS. La Auditoría observó 94 cheques que no están en las chequeras y sobre los cuales el área contable del IPPIS no tiene “ninguna información, documentación y/o registro al respecto, haciendo incierta su situación en cuanto a su destino y, de corresponder, respecto del monto por el cual se habrían emitido”.
*Por Vó Vè.
