Los chicos muertos de los talleres clandestinos
El domingo, cuando el país aguardaba el Boca-River, un incendio devoró un taller clandestino en Mataderos y una nena de 11 años murió. En la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta siguen funcionando impunemente los talleres clandestinos. Desde el año 2006 hubo 9 muertes en este tipo de talleres y 8 fueron chicos.
Por Tali Goldman para Nuestras Voces
Mientras el país se despertaba con un ojo mirando a España, aguardando el partido más escandaloso de la historia del fútbol, en Mataderos, a las 9 de la mañana, se incendiaba una casa en la que funcionaba un taller textil clandestino. Mientras las llamas se hacían difíciles de apagar, moría una nena de 11 años. Ni los vecinos ni los bomberos pudieron rescatar a Mariana Ramos. Sobrevivieron sus padres y su hermanito.
Pocos medios de comunicación se hicieron eco impulsados por organizaciones sociales y sindicatos que visibilizaron el episodio. Se sabe: ya es obsceno el cerco mediático que existe sobre el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Pero también se vuelve a poner en evidencia que las muertes de pobres no importan. Así como no “interesaron” las muertes de los presos de la comisaría de Esteban Echeverría —la mayor tragedia en comisarías en la provincia de buenos Aires— tampoco “importó” la vida de una nena pobre y, además, de origen boliviano.
Pero si observamos las muertes por incendios en talleres clandestinos desde el año 2006 el dato es espeluznante: de las nueve víctimas fatales ocho fueron menores de edad.
El hecho ocurrió el domingo de la semana pasada en la calle Cañada de Gómez al 1700, en el barrio porteño de Mataderos. En una casa en la que funcionaba un taller textil y además residía la familia compuesta por los dos padres, Mariana y su hermanito. No hace falta explicar en qué condiciones. O sí. Las condiciones precarias en la que la desregulación estatal, la crisis económica neoliberal y los negociados con las grandes marcas permiten que una nena de 11 años muera. Aún se desconoce si el incendio se produjo por la sobrecarga de un enchufe o un espiral encendido. Pero lo que se sabe es que esa muerte fue absolutamente evitable.
Así lo entiende Juan Vázquez, responsable del área textil de CTEP en la Ciudad, miembro de la cooperativa Juana Vilca—en homenaje a una de las nueve fallecidas—. En diálogo con Nuestras Voces, explica: “Cuando se empieza a incendiar Mariana se esconde debajo de la cama entonces no pueden llegar a rescatarla. Estos lugares se incendian por las precarias condiciones de energía. Si bien fueron distintos los casos, pero todos los incendios se desatan por temas de luz”.
Vázquez, que creó el movimiento Simbiosis Cultural cuando fue el primer incendio en 2006, es contundente: “La denuncia que nosotros hacemos no es solamente para visibilizar estos modos de trabajo sino también las responsabilidades tiene que ver con el Estado. El Estado tiene todas las facultades y herramientas de controlar la trazabilidad de una prenda. En cada parte que se hizo una ropa. Eso se logra si por ejemplo, Cheeky vende 10 mil unidades de tal remera, el Estado puede ir a Cheeky y decir bueno ustedes que facturaron esas diez mil remeras necesito que me digan dónde las confeccionaron. Las que no arman la estructura productiva te pueden decir, yo compro el producto terminado. Entonces el Estado tiene que ir a corroborar. Pero como el Estado no hace eso, entonces habilita que en este caso, por ejemplo Cheeky haga las remeras en estos talleres. Por eso decimos que el Estado tiene esa responsabilidad”.
Pero además, la crisis económica agudiza toda esta situación. La familia de Mariana Ramos, que tenía un precario taller, estaba paralizado hacía dos meses. Y eso le está pasando a todo el sector. “Las cooperativas están quebrando, fábricas enormes están cerrando. Entonces para las organizaciones sociales como nosotros es más difícil ir a los talleres para empezar a formar cooperativas, para hacerles entender que no pueden trabajar en esas condiciones, porque la falta de trabajo hace que uno haga cualquier cosa para poder obtener algún mango”, grafica Vázquez.
Según explica el periodista Nicolás Romero de Página 12 “el Gobierno porteño salió a despegarse y prácticamente transfirió la responsabilidad a los vecinos. Ricardo Pedace director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), sostuvo que ´el domicilio no tenía ninguna denuncia registrada ante nuestro organismo´, ni tampoco había sido denunciado en la PROTEX ni en la ONG La Alameda”.
Los casos
El 30 de marzo de 2006, en un taller clandestino de la calle Luis Viale, una falla eléctrica recalentó un cable en la planta superior del taller, que funcionaba como vivienda de los casi 60 costureros que trabajaban allí y de sus familias. Ese incendio terminó con las vidas de seis personas: Juana Vilca Quispe, de 25 años, embarazada; Elías Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de 4; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe, de 4.
En junio de 2016 el TOC 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a los encargados del taller, Luis Sillerico Condori y Juan Manuel Correa y los instaron a que cumplan 13 años de prisión por reducción a la servidumbre. Sin embargo, los jueces dictaron al falta de mérito para Daniel Fischberg y Jaime Geiler, dueños del inmueble y de las marcas JD y Loderville.
Nueve años después, el 27 de abril de 2015 otra tragedia evitable se llevaba la vida de Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, hijos de trabajadores textiles que trabajaban en el taller ubicado en el barrio de Flores. Por este caso, el empresario textil Lee Sung Yop fue procesado en primera instancia por el delito de Trata de Personas con fines de explotación laboral agravado.
El Juzgado Federal N°6 determinó en el procesamiento que “los damnificados trabajaban más de doce horas diarias sin gozar del apropiado descanso, en precarias condiciones de higiene, ventilación e iluminación, y en inapropiadas condiciones de seguridad”. También señaló que, debido al escaso salario que percibían los trabajadores, se veían prácticamente obligados a vivir en el mismo lugar en el que trabajaban. Actualmente la causa reside en el Tribunal Oral Federal N°2 a la espera de que tenga fecha de juicio.
El rol de los sindicatos docentes es fundamental en estos casos. No sólo fueron los que junto a las organizaciones sociales se acercaron a la casa y acompañaron a la familia, sino que son los encargados de contener a los pibes en las escuelas y de hablar de estas problemáticas.
Carolina Brandariz, secretaria de Géneros e igualdad de oportunidades de UTE/Ctera, y responsable del Distrito 13, escuela a donde acudía Mariana, explicó a este portal que fue a la escuela “para acercarles el material que habíamos producido con la muerte de Rodrigo y Rolando en 2015 un caso que nos conmovió muchísimo. Que se llama ´de eso sí se habla´ que habla sobre la ley de trata que es poco conocida, que es lo que pasa con los niños que son estudiantes y a su vez viven con familias que su vivienda es su taller textil que es una realidad muy presente en las escuelas de zona sur de la ciudad. Con toda la explotación que existe en ese rubro. La industria textil es ´la´ industria de la tercerización por excelencia”.
Otra vez, el Gobierno de la Ciudad que comanda el macrismo hace más de una década está ausente y por lo tanto es cómplice de la muerte de Mariana.
* Por Tali Goldman para Nuestras Voces / Imagen de tapa: Marcha.
