Diversidad: un faro amarillo en América Latina
Uruguay aprobó finalmente el proyecto de Ley Integral Trans que habilitará un nuevo escenario de derechos para personas históricamente invisibilizadas y abandonadas por el Estado. El proyecto obtuvo luz verde en Diputados, con votos del Frente Amplio y de la oposición. Los pañuelos amarillos, más encendidos que nunca.
Por Soledad Soler para La tinta
El debate llevaba varias horas y el poroteo venía dando bien. Luego de aprobarse en el Senado uruguayo con votos del Frente Amplio (FA) y del Partido Independiente (PI), el proyecto de Ley Integral Trans se trataba en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputadxs. La ley debía aprobarse antes del 27 de octubre, para ingresar un año antes de la fecha fijada para las próximas elecciones nacionales.
El debate comenzó a eso de las 15. Lxs legisladorxs que se oponían a la normativa recibían mensajes al oído de sus operadores políticos, mientras afuera del Parlamento los pañuelos amarillos sostenían una vigilia que se extendería hasta la madrugada del día siguiente. Los argumentos a favor de los derechos de las personas trans y los discursos conservadores resonaron en un recinto que tenía en sus manos una decisión histórica en materia de derechos de la población.
Finalmente, el viernes 19 de octubre, cerca de las 3 de la mañana, con 88 diputados presentes, se terminó de aprobar el proyecto con 62 votos a favor. Los votos positivos fueron del bloque del Frente Amplio (FA), del Partido Independiente (PI) y de Unidad Popular (UP). Se sumaron además los votos de partidos que habían rechazado inicialmente la normativa en el Senado: votaron por la afirmativa diputadxs del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC).
N. Mauri pasó casi toda la noche en el Parlamento. Su organización, Ovejas Negras, es una de las impulsoras de esta ley y participó activamente en la construcción de consenso para lograr un triunfo en el recinto. Todavía muy movilizada y prácticamente sin dormir después de la vigilia y del festejo amarillo, dijo: “Esto es resultado de tantos años de lucha y de concientización en la sociedad, en el sistema político; realmente esto cambia la historia no sólo del movimiento y del colectivo trans, sino de todo el mundo”.
Mirando para atrás, la aprobación de la ley culmina un proceso en el que las organizaciones pusieron el cuerpo y es el resultado de distintas acciones de incidencia política en la esfera pública. “Convocamos a una marcha hace algunas semanas que llevó a más de 120 mil personas que estábamos bajo la consigna ‘Ley Trans Ya’ y elevamos más de 60 mil firmas al Senado respaldando este proyecto. Esto también fue parte del cambio cultural que nos permite a las personas trans a vivir libremente y con las mismas oportunidades que todo el mundo”, relata la integrante de Ovejas Negras.
N. tiene 24 años y hace siete milita en su organización. Empezó su transición hace apenas unos meses, aunque desde hace años viene atravesando el proceso. “El impacto que tiene para mí como mujer trans es de orgullo y felicidad. Además, me conmueve porque es una ley vanguardista en un montón de aspectos”, dice todavía emocionada por los resultados.
“A mí también todo esto me da fuerzas para ir para adelante en mi proceso de transición, porque me facilita muchísimo el poder ser yo, que el Estado y la Sociedad me lo reconozcan, porque las leyes son grandes legitimadores sociales”, dice N. y cuenta que a muchxs de sus compañerxs, sus familias no lxs acompañan en la transición.
A pesar de todas las barreras que se le han impuesto, N. estudia sociología, y hoy trabaja como pasante en la Secretaría de Educación de Montevideo. “Mi trayectoria es un poco distinta en ese sentido. No es lo mismo que transicionar en la adolescencia, donde te ves obligadx a abandonar la escuela por la discriminación que sufrimos. En esos casos, la Universidad es inalcanzable. En mi caso, demoré un poco mi proceso y decidí terminar primero mis estudios”, manifestó.
El derecho a ser trans
“Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro (…)” (Artículo 1°).
El derecho a ’ser’, en términos de ciudadanía, es un derecho fundamental. Y lejos de poder ‘ser’, en sociedades heteronormativas como las nuestras, las personas trans como N. se han visto históricamente obligadas a invisibilizarse, a transitar la vida sufriendo diversos tipos de violencias que lxs excluyen del sistema, que lxs dejan fuera como sujetxs de derecho.
La aprobación de la Ley Integral Trans en Uruguay es un faro que repara un olvido histórico y que abre nuevos escenarios de posibilidades para todes por estas latitudes. Sienta además un precedente a nivel internacional, ya que es la primera vez que se aprueba una ley de estas características en el mundo. Hasta ahora, lo que se había aprobado en otros países como Argentina, son leyes de identidad de género que resuelven la situación registral y facilitan los trámites administrativos para darle carácter legal a la nueva identidad asumida.
Además de incluir este aspecto, la normativa uruguaya que resume meses de trabajo en el marco del Consejo Nacional de Diversidad Sexual incluye una serie de medidas de inclusión social, que apuntan al derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura y al trabajo.
Cuando empezaron a trabajar en este proyecto de ley, las organizaciones jamás imaginaron que el texto se aprobaría casi en su versión original. De hecho, previo a su aprobación final, sólo se añadió un inciso relativo a los procedimientos de intervención quirúrgica para la adecuación de los cuerpos de menores de edad trans, que por ley requerirán de la autorización de representantes legales. Los procesos de hormonización en adolescentes, en cambio, se rigen por la normativa vigente y prescinden de la aprobación de padres, madres, o tutores legales. Como ya figura en el Código de Niñez y Adolescencia, en Uruguay se respeta el principio de “autonomía progresiva” y desde allí se contemplan los procesos de transición hormonales, en el marco de los cuales lxs jóvenes pueden recurrir a la Justicia en caso de que la familia esté ausente o se oponga.
En relación con este punto, vale considerar que -además de la escuela- uno de los primeros espacios sociales donde se produce la exclusión de las personas que deciden transicionar, es la familia. Según el Censo de Población Trans (2017), en Uruguay el 58% ha sufrido violencia por parte de familiares, lo cual genera procesos de desafiliación familiar temprana.
Según el relevamiento del censo, la edad promedio de abandono del hogar es a los 18 años. El motivo principal es “la búsqueda de independencia asociada con problemas familiares” que se desencadenan respecto al proceso y desarrollo del cambio de identidad de género. El 25% de la población trans atravesó esta situación.
Lo que intenta contemplar el proyecto es que, en situaciones donde claramente se ponga en evidencia una decisión hacia la modificación del cuerpo que no es apoyada por la familia, cuando el sexo no se corresponda con la identidad de género, lxs jóvenes puedan tomar sus decisiones en entornos libres de violencias.
Una batalla ganada a los fundamentalismos
Los argumentos de los opositores a esta ley resultaron poco efectivos en sus estrategias de biologización de una temática que exige análisis más profundos. La senadora Verónica Alonso, una de las principales opositoras, argumentó en contra del artículo 17, por considerar que los procesos de hormonización son “irreversibles” y asegurando que “si no se bloquean las hormonas al iniciar su pubertad un altísimo porcentaje de estos niños se volverían a realinear con su sexo biológico, como ocurre espontáneamente en la mayoría de los casos”.
También dijo que la ley integral trans “no consagra derechos, consagra beneficios”, desconociendo en esa frase las profundas desigualdades que atraviesan las vidas de estas personas y uno de los principios de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que es el de la autonomía progresiva.
A las voces de senadores opositores se sumaron grupos evangelistas y pentecostales con campañas de desprestigio del proyecto de ley, desconociendo las desigualdades y recurriendo a argumentos legalistas que no hablaban de las realidades vividas por las personas y que ya habían sido reveladas en el censo.
“La nueva ley intenta resolver una distancia entre la igualdad formal, y la igualdad real o sustantiva”, explica Carmen Beramendi, directora de FLACSO Uruguay; docente e investigadora de Género y Políticas de igualdad; representante suplente de Casa Grande (Frente Amplio) en el Senado; y es, además, consejera en el Fondo de Mujeres del Sur, fundación que acompañó a las organizaciones en este proceso.
Uruguay ya contaba con una Ley Trans que fue sancionada en 2009. Sin embargo, aquella normativa implicaba que para hacer efectivo el derecho de identidad, para obtener la cédula, una persona debía pasar por un proceso administrativo y judicial que podía llevar más de un año. Además, este proceso implicaba costos que muchas personas trans no pueden cubrir.
De hecho, en estos nueve años desde que se sancionó aquella ley, sólo el 19 por ciento de la población trans de Uruguay -que asciende a 853 personas- logró efectivamente concretar el registro de identidad.
Beramendi recuerda que, en términos de acceso a la salud, la ley anterior también resultaba insuficiente. El 41 por ciento de las personas trans utilizó siliconas o aceites industriales para generar la modificación de sus cuerpos y en el 81 por ciento de los casos se dieron en situaciones de clandestinidad. “Esta ley explicita el derecho a la salud sin patologizar, impulsando el derecho a la salud”, afirma. Vale recordar aquí que actualmente, y debido a las múltiples violencias a las que se ven expuestxs, el promedio de vida de una persona trans ronda los 36 años.
Tal como fue aprobada, la Ley Integral Trans incluye mecanismos para habilitar la cobertura de tratamientos para la adecuación de los cuerpos, tanto en el sistema público, como en el privado. También establece medidas para garantizar el acceso al sistema educativo, con apoyos en todas las áreas e implementando cupos (el 2 por ciento debe ser para personas trans) y becas (8 por ciento de fondos de posgrado del ministerio de Educación para personas trans).
Claro que la reglamentación e implementación de estas herramientas representará un nuevo desafío para las organizaciones, que a partir de su promulgación velarán por el cumplimiento de la ley en escuelas, hospitales y centros de salud pública.
Hasta aquí, la normativa -que es a todas luces una reparación histórica para las personas trans en Uruguay- sintetiza y supera aspectos centrales de legislaciones de avanzada en otros países de América Latina, como la Ley 26.743 de Identidad de Género sancionada en 2012 en Argentina.
¿Por qué en Uruguay?
Las marchas más importantes en Uruguay son la del 8 de marzo, la del 20 de mayo contra la impunidad y la marcha de la Diversidad el 28 de septiembre, en la cual participan las organizaciones del movimiento LGBTI, junto a sindicatos y federaciones estudiantiles.
Carmen Beramendi participó de las marchas por la diversidad desde muy joven. Hoy, las imágenes de aquellas primeras movilizaciones, regresan y dan cuenta de un largo recorrido de lucha y organización. “Las organizaciones y su capacidad de ensanchar la base social van generando una acumulación en el debate social”, explica y señala que en la campaña #LeyTransYa “hubo aciertos en la manera de cuestionar ideas muy básicas que estaban por detrás de las discriminaciones. Hubo una política comunicacional acertada, una acumulación muy importante de articulación con el movimiento de mujeres de Uruguay, el haber ingresado con esta temática a las centrales sindicales y luego, campañas públicas que fueron efectivas”.
“Hay una cuestión clave también, que fue cómo construyeron un sistema de información que dio cuenta realmente de cuestiones que antes no se sabían”, agregó Beramendi en referencia al Primer Censo de Personas Trans en Uruguay que impulsó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). “Estas cifras visibilizaron el horror que vivían cotidianamente muchas de estas personas”, apuntó.
Si bien Beramendi reconoce que todavía “el Estado tiene un componente patriarcal muy poderoso” asegura que “los esfuerzos en política pública -que incluye legislaciones que se han acumulado en Uruguay- han construido una trama de institucionalidad de defensa de los derechos conquistados que es importante”. “Sin movilización social es difícil garantizar la sostenibilidad de las políticas. Sin Estado activo, y sin sociedad activa, las políticas corren riesgo”, explicó
Reparación histórica
“Declárase de interés general el diseño, promoción e implementación de políticas públicas y de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a las personas trans que residen en el territorio de la República reconociéndose que han sido históricamente víctimas de discriminación y estigmatización por su condición de tales” (Artículo 2).
Siguiendo este artículo, la Ley Integral Trans contempla también un régimen reparatorio para las personas trans nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975, que acrediten por causas relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional o hayan sido privadas de su libertad, como resultado de prácticas discriminatorias por parte de agentes del Estado.
Además, la ley otorga un 1% de cupo laboral para personas trans en las convocatorias de empleos públicos. Los puestos de trabajo se ocupan por sorteo entre quienes cumplan con los requisitos.
➡ 8 de cada 10 mujeres trans son trabajadoras sexuales.
➡ El 75 por ciento de las personas fueron expulsadas en algún momento de sus vidas del sistema educativo. Debido a las distintas violencias a las que se enfrentan estas personas, la mayoría se ve obligada a dejar sus estudios a los 14 años.
* Por Soledad Soler para La tinta / Imágenes: Colectivo Rebelarte
