Productores a la intemperie, consumidores sin refugio
A los recortes en los programas de desarrollo rural destinados a pequeños productores se sumó el despido de técnicos y profesionales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF), que ya suman más de 800 y la condenan a desaparecer. ¿Cómo impactará el desfinanciamiento de este sector en los alimentos que se consumen en la Argentina?
Por Vanina Lombardi para Agencia TSS
El Ministerio de Agroindustria es uno de los ocho, junto con los de Ciencia y Tecnología, Salud y Ambiente, entre otros, que fue degradado por el Poder Ejecutivo y reconvertido en una secretaría que, en el caso del primero, dependerá del Ministerio de Producción y Trabajo. Como llovido sobre mojado, la noticia cayó el lunes pasado tras un fin de semana de represión y tensiones provocadas por la llegada de los primeros telegramas de despido a más de medio centenar de trabajadores de esa cartera, en su mayoría pertenecientes a la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), que con estas medidas parece condenada a desaparecer.
“Desde que se inició la gestión de Cambiemos hay una dinámica de destrucción de la SAF y de los puestos de trabajo que hay en ella”, le dijo a TSS el economista Sebastián Rivera, secretario general de ATE de Agroindustria, y advirtió que actualmente la SAF ya no tiene políticas sociales agrarias y que ha quedado prácticamente sin trabajadores en su estructura.
“Lo que está pasando hoy en la SAF es la eliminación de la política pública referida al sector de la pequeña producción. Es un retroceso anterior a la última dictadura militar, que rompe con cuatro décadas de avances lentos pero continuos en la institucionalización y el reconocimiento de estos productores, que aportan a la economía nacional y a la alimentación de la población a través de la horticultura, la fruticultura, la producción de cerdos y caprinos, el tambo, la vitivinicultura y más”, se lamentó Mercedes Caracciolo, especialista en desarrollo rural e integrante del primer grupo de Sociología Rural que se creó en la Argentina, en 1970.
Caracciolo destacó el potencial de la asistencia técnica a estos productores, “que continúan siendo un oferente importante de alimentos para la sociedad argentina pese a todas las dificultades que vienen atravesando, tanto estructurales como de coyuntura, ya que en su mayoría tiene restricciones en la tenencia de la tierra y el acceso a financiamiento”.
En Corrientes, por ejemplo, los productores familiares “son estratégicos porque producen prácticamente el 80% de los alimentos que llegan a nuestra mesa, son más de 20.000 familias que trabajan en diferentes rubros productivos, como ganadería, tabaco, citrícola, tomatero, pimentero y hortícola”, explicó Daniel Abib, técnico de terreno y delegado gremial de ATE en la SAF de Corrientes. Abib no sólo se lamentó por los colegas que han perdido su puesto de trabajo, sino también por la cantidad de familias de productores que quedan sin esa cobertura y acompañamiento técnico para sus actividades productivas, organizativas y comerciales.
“Hay una salida del Estado en su obligación para con ese sector, que es el que más necesita su presencia, lo que deja ver la disputa por la tierra y sectores que avanzan en territorios de las comunidades campesinas, que hoy se quedan sin sus técnicos, que son una barrera frente a esa situación”, dijo Rivera. Y agregó: “Al ministro –ahora secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevere-, lo único que le interesa es tener un proyecto agroexportador y por eso acaba con un sector que no le suma desde su concepción en materia agropecuaria. El resultado es comida más cara para nuestro pueblo, de peor calidad y, encima, muchas veces producida en otros países”.
Pérdida de control
El nuevo escenario condenará a muchas familias y pequeños productores a la clandestinidad, lo que también puede impactar en la calidad de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. “Para ir a un campo a ver un animal, un veterinario hoy cobra 2.500 pesos la visita. Eso va a generar una economía informal, porque el productor que no pueda pagarlo, que antes tenía algún grado de ayuda y ahora no, pasará al circuito negro”, explicó Osvaldo Folmer Manzano, que es médico veterinario y desde hace más de ocho años apoyaba a los pequeños productores de Luján y Mercedes desde la SAF. El especialista advirtió que “cuando no hay comercialización en blanco lo que se produce no tiene control, a lo que se suma también el achicamiento en SENASA, y no hay garantía de inocuidad de los productos que se consumen todos los días, porque nosotros trabajábamos para mercado interno”.
Algo similar ocurre en Rio Negro con los productores de carne caprina y ovina que, tal como dijo Lighuen Castillo, delegado de ATE SAF en esa provincia, “habían logrado empezar a formalizarse a través de cooperativas ganaderas y a través del Monotributo Social Agrario, que se ha dado de baja, por lo cual hoy vuelven a tener que carnear abajo del sauce y a vender de forma clandestina”.
Sin embargo, el impacto que sentirán estas familias no solo será por la desaparición de asistencia vinculada a lo productivo, sino también de otro tipo de facilidades que los técnicos y profesionales del Estado les ofrecían para mejorar sus condiciones y calidad de vida en general. “Nuestra función es tratar de buscar el mejor desarrollo del sector de la agricultura familiar, por eso el abordaje que hacemos es integral, no solo atendiendo la cuestión productiva, sino también las de necesidades básicas, como hábitat, vivienda, acceso al agua y electrificación”, afirmó Abib.
Las protestas fueron organizadas tras un fin de semana de represión y tensiones provocadas por la llegada de los primeros telegramas de despido a más de medio centenar de trabajadores de Agroindustria, en su mayoría pertenecientes a la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), que con estas medidas parece condenada a desaparecer.
“Muchas veces, el técnico no solo iba como el ingeniero agrónomo o veterinario, sino que era la presencia del Estado en lugares inhóspitos. A veces, los compañeros hacían 400 o 500 kilómetros para ir a ver a un productor y así también llevaban remedios que compraban en la ciudad o algún trámite que le hacían en ANSES”, ejemplificó su colega de Río Negro, que además destacó el trabajo de los colegas del INTA, que hoy atraviesan restricciones presupuestarias y limitaciones para continuar con los programas destinados a este sector.
Fecha de caducidad
“El área de Sociología Rural se creó en 1970, en el marco de una dictadura. Es decir, no hace falta ser ni progresista ni de izquierda para reconocer que este sector debe tener algún tipo de política pública, porque contribuye a la alimentación de los habitantes del país, fundamentalmente al mercado interno. Por eso, esta decisión va a afectar a miles de familias agropecuarias y, por supuesto, también a los consumidores urbanos”, advirtió Caracciolo y recordó que el origen de las políticas de desarrollo rural se potenciaron con el regreso de la democracia en los años ochenta y que se extendieron con el Programa Social Agropecuario (PSA, de 1993), que duró alrededor de una década.
De ese modo, según Caracciolo, durante los noventa hubo un espacio para avanzar “un poco” en las acciones dirigidas a la pequeña producción agropecuaria, que apuntaban a acercarle crédito, asistencia técnica, promoción de la organización y apoyo a la comercialización, a pesar de que en esos años (durante el gobierno de Carlos Menem) se tomaron medidas “que claramente beneficiaban a los más grandes propietarios agropecuarios, así como otras políticas vinculadas a fomentar la producción de la soja transgénica”.
La SAF se creó más tarde, “a raíz del conflicto del campo con las retenciones en el 2008, primero como subsecretaría y poco después como secretaría”, recordó la investigadora y sostuvo que, durante esos años, “se puso en marcha una política de desarrollo rural dirigida más específicamente a la agricultura familiar y se implementaron algunas acciones de financiamiento para ese sector, como el Monotributo Social Agrario y el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), entre otras”, que tras el cambio de Gobierno se han ido transformando o desfinanciando, poniendo en riesgo la actividad de todo el sector.
“El Gobierno está modificando a quién se considera como agricultor familiar o pequeño productor, porque está direccionando las políticas de la Secretaría a productores más capitalizados, restringiendo a los que más lo necesitan y destinando hacia otro lado el poco dinero del presupuesto para la SAF”, dijo Rivera. En el caso de Río Negro, “un pequeño productor ganadero era considerado como tal si tenía 200 ovejas, pero hace seis meses nos subieron esa vara a 500 ovejas. Entonces, ya no trabajamos con los productores de subsistencia sino con productores más capitalizados”, ejemplificó Castillo, y agregó que actividades como la que él mismo desarrollaba en huertas comunitarias en el penal de Bariloche ya no tienen lugar: “En todos los manuales de procedimiento que nos mandaron, todo lo que no sea explícitamente productivo tenía que pasar al área de Desarrollo Social. Por lo tanto, antropólogos y politólogos que tenemos en nuestro equipo de trabajo ya no iban a tener funciones, se iban a quedar con los ingenieros y veterinarios, aunque con estos despidos eso tampoco va a ser así”, dijo el delegado patagónico.
Y es que la Patagonia resultó la región más afectada por los despidos. Según Rivera, “hay provincias en las que solo quedó el coordinador, que es un puesto político rentado, como en Santa Cruz”. Al respecto, su par de Río Negro detalló que, si bien a nivel nacional los despedidos en esta Secretaría alcanzan al 50% del total de trabajadores, si solo se consideran las provincias patagónicas, esa cifra llega al 80%. “En Neuquén, de 30 quedaron 3; en Chubut, de 25 quedaron 4; y, en Bariloche, también quedaron 4 de los 25 que éramos”, dijo el especialista. Río Negro, una provincia muy extensa y con alrededor de 12.000 productores dispersos en cinco millones de hectáreas, era la que menor número de técnicos tenía por superficie y cantidad de productores.
La situación también es alarmante en otras provincias como Santa Fe y Corrientes, adonde solo continúan en sus funciones 20 técnicos (de los 47 y 63 que hubo en la etapa de mayor empleo en cada provincia, respectivamente), y en Santiago del Estero y Buenos Aires, donde de 90 y 97 trabajadores que tenía la SAF fueron despedidos 60 y 61, respectivamente. “En Luján éramos dos y ambos fuimos despedidos”, confirmó Folmer Manzano. Y agregó: “En la que llamamos Zona 5 del Conurbano Bonaerense, que abarca desde Escobar hasta Esteban Echeverría, había 11 personas y solo van a quedar tres”.
Junto con los despidos (que superan los 800 si a los actuales se suman los de abril), también se fueron recortando recursos al interior de la SAF, como presupuesto para mantener los viáticos y la movilidad, y lo que limitó su capacidad de acción. “Los que sostuvieron la SAF durante los últimos dos años y medio de gestión de Cambiemos fueron sus trabajadores, gracias a un compromiso muy fuerte y que, a pesar de eso, son despedidos de una manera brutal”, dijo Rivera. “Si a eso le sumamos los programas que desaparecieron, la SAF tiene sentencia de muerte”, concluyó.
*Por Vanina Lombardi para Agencia TSS
