La Ley de Educación Sexual Integral: ¿Por qué la reforma es un necesidad urgente?
Luego del rechazo de la legalización del aborto, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) ingresó nuevamente en la agenda parlamentaria. El Congreso debate su reforma luego de que pasaran doce años de progresivo desfinanciamiento y sin un cumplimiento efectivo. Si bien durante los últimos meses, sectores conservadores rechazaron la interrupción voluntaria del embarazo y reclamaron la aplicación de esta normativa, ahora se oponen, con una campaña contra el abordaje integral de la sexualidad. ¿Por qué esta ley es fundamental para erradicar las violencias? ¿Cuál es la postura de quienes, una vez más, intentan obstruir este derecho?
Por Laura Verdile para La Primera Piedra
Después del rechazo del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de Educación Sexual Integral (ESI) ingresó nuevamente en la agenda parlamentaria para una reforma que permitiría, finalmente, su cumplimiento efectivo. El 4 de septiembre, tras dos reuniones de asesores en la Cámara de Diputados, se logró la firma de un dictamen a partir de un plenario que incluyó a las Comisiones de Educación y de Familia y de Mujer, Niñez y Adolescencia. Una de las principales modificaciones es que la normativa sea de “orden público”, es decir que sus contenidos curriculares se apliquen obligatoriamente en todas las instituciones educativas del país, ya sean públicas o privadas. Esto implica eliminar del texto la posibilidad de que cada escuela adapte la ESI a su “ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
Otros de los cambios que se buscan incorporar es que la ley sea “laica y científica”; que se actualice a otras leyes sancionadas con posterioridad a su aprobación, como las de Trata, Parto Respetado, de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres; Matrimonio Igualitario, e Identidad de Género; que sus contenidos se brinden en forma transversal y también en espacios curriculares específicos, es decir, en talleres semanales o materias de ESI; y que se aseguren la igualdad y el trato de oportunidades, la no discriminación y un acceso igualitario a la ley para todas las identidades de género y orientaciones sexuales. También se impulsa la formación docente ciudadana y la la cooperación institucional y federal de la educación para la aplicación de la ley. A casi 12 años de su sanción, las reformas representan un avance fundamental en un derecho pendiente.
La cruzada contra la sexualidad
A pesar de la importancia de la ley y de las constantes menciones a la misma que se hicieron durante el debate por la legalización del aborto, los sectores más conservadores manifestaron su rechazo iniciando una cruzada para evitar su aplicación. Al igual que sucedió cuando la ESI se sancionó por primera vez en 2006, resurgieron las voces que sostienen un concepto represivo y biologicista de la sexualidad, exclusivamente destinado a la reproducción, que niega la identidad como una construcción cultural. Con estas ideas de base es que surgió en Perú en 2016 la campaña “Con Mis Hijos No Te Metas”, organización civil que se extendió por distintos países latinoamericanos, incluido Argentina, y que ahora es central en el movimiento de repudio contra la ESI.
“No a la ideología de género en Argentina y el mundo. No al adoctrinamiento escolar. Somos Pro vida (no al aborto) y Pro familia (matrimonio hombre y mujer)”, puede leerse en la página de Facebook de la organización. De la misma forma que sostienen los principales representantes de la Iglesia Católica, para ellos, la educación sexual es prioritariamente una potestad de la institución familiar a partir del cual se imparten “valores morales” que se encontrarían “en peligro” a partir de la denominada “ideología de género”, término con el que se nombra peyorativamente a la construcción social de la sexualidad. Así, hablar de diversidad en las escuelas y cuestionar los roles tradicionalmente asignados a varones y mujeres para dar lugar a múltiples identidades y orientaciones sexuales equivale, para este movimiento, a manipular y “pervertir” la conciencia de los chicos, chicas y adolescentes.
¿De qué se trata la ESI?
La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) fue promulgada el 23 de octubre de 2006 y puesta en funcionamiento a partir del año 2008 con la creación de un programa de alcance nacional que estableció lineamientos curriculares para todos los establecimientos educativos públicos y privados. La implementación de la normativa significó un nuevo paradigma, al contemplar un abordaje integral de la sexualidad con perspectiva de género. Su esencia radica en la concepción del cuerpo como una construcción social y cultural, que excede los tipos biológicos, contemplando la sexualidad en forma transversal, desde aspectos psicológicos, sociales, afectivos y jurídicos, y no meramente desde la enseñanza del aparato reproductor. De esta forma, implica una deconstrucción de la cultura patriarcal desde la primera infancia, esencial para erradicar múltiples violencias.
Los contenidos, que siguen lineamientos de pactos internacionales de derechos humanos, se adaptan para cada edad. No sólo brindan información científica, sino que además aportan herramientas para fomentar la equidad de género, el respeto y la identificación de las agresiones en las relaciones interpersonales. En la etapa inicial, por ejemplo, se brinda material para que los más chicos reconozcan el abuso sexual infantil y, en la secundaria, se trabaja sobre ejes como los noviazgos sin violencia o la presión de los pares para iniciar relaciones sexuales. También se ponen a disposición información sobre métodos anticonceptivos y de cuidado para evitar enfermedades, que los sectores más conservadores también rechazan. Todos los contenidos fueron evaluados y aprobados por el Consejo Federal de Educación y contemplan a los chicos y chicas, no como actores pasivos, sino como sujetos de derecho con plena capacidad de participación.
¿Qué pasó durante los últimos años?
Si bien la ESI resulta fundamental, todos sus programas vienen sufriendo un desfinanciamiento paulatino hace años. De acuerdo a un pedido de información pública del Observatorio de Derechos Humanos, desde que Cambiemos llegó al Gobierno nacional, el dinero destinado a la ESI disminuyó considerablemente: mientras que en 2015 el presupuesto fue de 55 millones de pesos, en 2016, cayó a 27 millones (un 50,38 por ciento) durante la gestión de Esteban Bullrich como ministro de Educación. Aunque esa reducción drástica se revirtió parcialmente en 2017 con el ministro Alejandro Finocchiaro – hasta el mes de junio del año pasado llevaba ejecutados 43 millones de pesos – sigue existiendo una reducción de un 22,5 por ciento respecto al 2015, lo que equivale a 12 millones menos.
De acuerdo a los datos obtenidos por el Observatorio de Derechos Humanos, también disminuyeron las capacitaciones a los docentes: pasaron de ser 55 mil en 2015 a 1050 en 2017. De 14 mil escuelas involucradas en 2015 se pasó a 100 escuelas en 2016 y subió a 500 escuelas en 2017. Los cursos online de la ESI también se redujeron de 17 mil en 2015 a 4450 en 2017. Estos recortes representan una continuidad respecto de las acciones que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires cuando Bullrich conducía el ministerio de Educación porteño. Según Página/12, en el primer año en que Mauricio Macri gobernó enla Ciudad, se destinó el 0,0034 por ciento del presupuesto de Educación a la ESI (72 mil pesos) y se redujo la partida en un 79 por ciento. El monto restante tuvo además una subejecución del 56 por ciento.
En 2016, una encuesta sobre la ESI en la Ciudad que realizaron Libres del Sur, Mumalá y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), indicó que la ley se aplicaba desde una perspectiva biologicista, dejando de lado la visión integral que caracteriza a la norma, y excluyendo aspectos como la violencia contra las mujeres, la diversidad sexual y el aborto. De los encuestados el 31 por ciento no recibió ningún tipo de educación sexual. Entre los que sí, un 95 por ciento sostuvo que solo se habó de enfermedades de transmisión sexual y del aparato reproductor. Un 59 por ciento señaló que no recibió ningún contenido vinculado a la igualdad entre varones y mujeres y un 78 por ciento no trató la diversidad sexual. El 82 por ciento no habló de la violencia contra las mujeres, mientras que otro 89 por ciento no trató las formas de prevenir situaciones de acoso sexual o de abuso.
Los datos que surgieron del tratamiento de la ley en Diputados dan cuenta de la necesidad urgente de la reforma de la ley para su aplicación y del consenso político y social más allá de las presiones que se alzan en contra. Según el presidente de la comisión de Educación, José Luis Riccardo (UCR), el 76 por ciento de los alumnos solicitan recibir ESI en las escuelas. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Familia, Alejandra Martínez, destacó en el debate parlamentario que cada año, en Argentina, hay 3 mil niñas menores de 15 años que se convierten en madres, y en el 83,4% de los casos fueron embarazos no planificados. Tal como informamos anteriormente en La Primera Piedra, un informe publicado por la organización Aministía Internacional registra que, en 2017, hubo un total de 72.791 embarazos no deseados, lo cual representa una tasa de 41,9 cada mil mujeres de entre 15 y 19 años.
El abordaje de la Ley de Educación Sexual Integral permite discutir de forma críticas las relaciones de poder además de dar información esencial para vivir una sexualidad no relacionada al enfoque biologicista. Una perspectiva que fue impuesta tradicionalmente por los sectores conservadores que, mientras se presentan como no ideológicos, niegan las construcciones impuestas a los chicos, chicas y adolescentes desde la educación religiosa. La Ley de Educación Sexual Integral supone así un derecho clave desde la primera infancia y una herramienta fundamental para erradicar las violencia de género y deconstruir el orden machista que oprime y se multiplica desde múltiples ámbitos.
*Por Laura Verdile para La Primera Piedra.
