Las sierras que marchan: Córdoba se moviliza contra la aprobación de la autovía
Después de la licencia ambiental otorgada por Ambiente para la obra en Punilla y de la represión sufrida en San Roque, este viernes 31 de agosto se realiza una marcha en contra del proyecto, con la adhesión de más de cien asambleas y organizaciones. Mientras tanto, avanzan las medidas judiciales que buscan paralizar las obras por distintas irregularidades y sus consecuencias ambientales y sociales.
Por Lucía Maina para La tinta
El conflicto por la autovía de montaña, que el gobierno de la provincia pretende construir en Punilla, llegó a un momento clave: sólo dos días después de que los vecinos fueron reprimidos por intentar detener un desmonte ilegal en San Roque, la Secretaría de Ambiente aprobó la licencia ambiental para el segundo tramo, que avanzaría hasta la ciudad de Cosquín. Frente a ello, este viernes 31 de agosto a las 17 en Colón y Cañada, las Asambleas de Punilla en conjunto con diversas organizaciones de la ciudad de Córdoba, convocan a una marcha por la capital para rechazar un proyecto que dañaría el ambiente en la región y afectaría el escaso tres por ciento de monte nativo que le queda a la provincia.
En el encuentro, que tiene la adhesión de más de cien organizaciones, asambleas y sindicatos del país, habrá intervenciones artísticas en la calle y un cierre con bandas musicales, conducido por los periodistas Fabiana Bringas y Pablo Ramos. “Esta marcha no la hacen las Asambleas de Punilla, sino que es en conjunto con la gente de Córdoba. La gente de la ciudad entiende perfectamente cómo el desmonte genera una menor calidad de vida y consecuencias socio ambientales que afectan también dentro de la ciudad”, expresó Juan Nicastro, integrante de las asambleas.
El jueves 23 de agosto, el secretario de Ambiente provincial, Javier Britch, firmó la resolución 374 que otorgó la licencia ambiental a la autovía de montaña, lo que habilita a Vialidad Provincial a hacer el llamado a licitación para las obras. Desde las Asambleas de Punilla, rechazaron esta aprobación, denunciaron que la mayoría de los cuestionamientos presentados en la audiencia pública no fueron respondidos y aclararon que la obra no cuenta con licencia social. Sin embargo, después de la aprobación, Britch defendió el proyecto y, en declaraciones a Radio Universidad, calificó de “ejemplar” a la evaluación ambiental, argumentando que contó con “la participación de todos los actores” y tildó de “fluida” la comunicación con los sectores ambientalistas.
El tramo aprobado esta vez abarca 14,3 kilómetros en las localidades de San Roque, Bialet Massé, Santa María y Cosquín. Sin embargo, el gobierno prevé una nueva etapa más adelante, para que la autovía llegue hasta La Cumbre, a lo que se suman las obras ya iniciadas en San Roque. Esta división del proyecto en tramos es uno de los principales cuestionamientos de las asambleas y uno de los principales fundamentos de la medida cautelar que están solicitando ante la Justicia para paralizar la construcción.
En este sentido, la abogada de los vecinos, Marcela Fernández, quien ayer volvió a solicitar esa medida, explicó: “Todos los estudios tienen falencias porque no se hizo el Estudio de Impacto Acumulativo, como prevé el artículo 24 de la Ley Nacional de Bosques. Eso no se ha cumplido, por eso, insistimos en la medida cautelar, en función de valorar la magnitud integral de la obra y no los pedacitos por tramos que están obteniéndose fraudulentamente”.
Los cambios al proyecto original
Por otro lado, casi la mitad del proyecto que finalmente se aprobó para el segundo tramo sufrió cambios respecto al original, es decir, al proyecto en el que se basó el Estudio de Impacto Ambiental y que fue evaluado en la Audiencia Pública. Según informó la Provincia, estas modificaciones incluyen un desplazamiento de 300 metros hacia el oeste, a la altura del yacimiento de uranio “Rodolfo”, y otro de 120 metros hacia el este, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, además de un plan de mayor reforestación y la creación de una Reserva Natural.
Mientras que la Provincia defiende la autovía justamente a partir de estos cambios y afirma que los mismos se basaron en los cuestionamientos recibidos, especialistas y vecinos/as plantean que se trata de un nuevo proyecto y que, por lo tanto, debería pasar por un nuevo proceso de evaluación. Además, reclaman que las modificaciones no resuelven los problemas planteados.
“En cuanto al yacimiento de uranio, el gobierno planteó leves modificaciones a la traza y eso es totalmente insuficiente. No hay estudios serios sobre dónde está estrictamente el uranio, se sabe que está repartido a lo largo de la falla, desde San Roque hasta Capilla del Monte, con más concentración en la zona de Cosquín, pero los estudios para ver el detalle de la presencia de uranio no están hechos. Entonces, desviar la ruta 300 metros parece un chiste, es insignificante la corrección”, advirtió Juan Nicastro.
En relación a la zona de Barrancas Bermejas, el vecino de Punilla explicó que ahora la autovía se haría más arriba, lo que implica un mayor daño de las sierras, especialmente teniendo en cuenta las características geológicas del lugar que obligan a realizar terraplenes e “ir comiendo sierra hacia los costados” para evitar derrumbes.
A la espera de la Justicia
Mientras las obras en San Roque avanzan, vecinos y vecinas esperan las respuestas de la Justicia al amparo que presentaron el año pasado. A esto, se sumó, en los últimos días, un desmonte que desde las asambleas denuncian como ilegal, ya que se trataría de una zona todavía no aprobada para avanzar con las obras. Allí, después de la represión y la detención de cuatro personas que intentaron impedir el avance, las máquinas continúan trabajando. “Armaron un cordón policial para cubrir a las topadoras. Derribaron algarrobos centenarios, algunos de 200 años”, contó Juan sobre la situación actual. Y explicó que, a pesar de la respuesta que dieron desde el gobierno y la empresa defendiendo la legalidad de ese proceso, no hay pruebas que garanticen su autorización. Además, aclaró que la reciente aprobación del segundo tramo tampoco habilitaría esos trabajos, ya que todavía ni siquiera empezó la licitación para esa etapa.
Por otro lado, la abogada Marcela Fernández explicó que “recién ahora empezará a verse la cuestión de fondo” respecto del proyecto de autovía en el ámbito de la Justicia, ya que, en los últimos días, la Cámara Séptima en lo Civil y Comercial, donde se encontraba la causa, se declaró incompetente y la derivó a la Cámara Segunda en lo Contencioso Administrativo. En ese marco, ayer la abogada presentó allí un nuevo pedido para que los jueces ahora a cargo, Humberto Sánchez Gavier y María Inés Ortiz de Gallardo, evalúen el dictado de una medida cautelar por todas las irregularidades denunciadas, que implicaría paralizar tanto las obras en San Roque como el llamado a licitación para el segundo tramo.
*Por Lucía Maina para La tinta.
