Durante el mediodía del martes, el fiscal Gabriel de Vedia dictaminó de manera favorable respecto a un amparo interpuesto por la asociación civil Mesa Nacional por la Igualdad, ante la Justicia Nacional del Trabajo, en la que se solicitó como medida cautelar la restitución en sus puestos de trabajo de las trabajadoras y trabajadores despedidos de la Agencia Télam.
Si bien el dictamen no es vinculante, la determinación del fiscal está fundada constitucionalmente y es un paso hacia la reincorporación efectiva de las 357 personas cesanteadas. Según consideró de Vedia, este trámite se debe sustanciar de manera sumarísima conforme las previsiones del art. 43 de la Constitución Nacional, del ordenamiento laboral y los art 321, y 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Además, señaló que “las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo al órgano judicial para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces”.
Mientras tanto, la Justicia ya determinó la reincorporación de Eduardo Rapetti Salik, secretario Gremial del Circulo de Prensa de Santiago del Estero. La decisión fue tomada por la jueza nacional de Trabajo Mónica Pinotti, quien hizo lugar al amparo presentado por el trabajador.
De esta forma determinó “la suspensión de los efectos del despido” y ordenó la reinstalación en su puesto de trabajo “hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la acción de fondo”. Los directivos de Télam tienen 48 horas para cumplir este fallo, caso contrario deberán abonar 3500 pesos de multa por cada día que pase.
Por su parte, la Comisión Gremial Interna (CGI) del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció este martes al Directorio de Télam S.E, conformado por Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena y Pablo Ciarliero. El triunvirato a cargo de la agencia nacional de noticias fue acusado de “incumplimiento de los deberes del funcionario público”, bajo las figuras de los arts. 248 y 249 del Código Penal, por “dictar órdenes y resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales” en medio del conflicto laboral ya que los despidos se llevaron a cabo “por razones ideológicas”, según confesaron públicamente los propios funcionarios.
Pousá, Carpena y Ciarliero abandonaron las oficinas de Télam hace más de 15 días, cuando oficializaron las cesantías. En el texto de la denuncia consta además el estado de abandono en el que dejaron el patrimonio de los archivos periodísticos y fotográficos de la agencia (este último solamente tiene 12 millones de unidades), que quedaron en estado de riesgo al ser despedida casi la totalidad de los trabajadores que se ocupaban de su preservación. “Un acto brutal destinado a arrasar con la memoria histórica”, calificaron desde la comisión gremial en un comunicado.
Los delitos por los cuales se los denuncia prevén penas de prisión de un mes a dos años, e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
Los trabajadores de Télam se encuentran ocupando de manera pacífica los dos edificios de la empresa desde el 26 de junio pasado y desde entonces han concretado diversas medidas a fin de que se reincorpore a los 357 trabajadores y trabajadoras. En la misma línea este martes realizaron un abrazo simbólico a la agencia en Belgrano 347 en conjunto con diputados y diputadas nacionales, personajes de la oposición, gremialistas y trabajadores de prensa.
* Por Notas, periodismo popular / Imagen: Carlos Brigo, fotógrafo despedido de Télam
