El otro campo: movilizaciones ante la crisis de la agricultura familiar y campesina
Este jueves organizaciones y movimientos campesinos, indígenas y de pequeñxs productorxs realizarán actividades en todo el país para rechazar las medidas del gobierno en contra del sector y reclamar políticas públicas que les permitan seguir produciendo. Al desmantelamiento de las áreas estatales vinculadas a la agricultura familiar y el impacto del actual contexto económico, se sumó el anuncio de que será dado de baja el Monotributo Social Agropecuario, única herramienta que permitía a lxs trabajadorxs regularizar su situación laboral.
Por Lucía Maina para La tinta
Lxs campesinxs, indígenas y pequeñxs productorxs han sido uno de los sectores más afectados por las políticas macristas desde los inicios del actual gobierno. El desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y la eliminación de las retenciones a las exportaciones fueron los primeros pasos de un proceso que está llevando no solo a la destrucción de la producción agrícola a pequeña escala sino también a una concentración creciente de la tierra y la riqueza en detrimento de las economías regionales, el ambiente y el abastecimiento de alimentos para la población. A este escenario ahora se ha sumado la eliminación del Monotributo Social Agropecuario, un instrumento que permitía las condiciones mínimas de trabajo para el sector mediante el acceso a la salud y la jubilación.
“Organizaciones representativas de pequeños productores, agricultura familiar, campesina e indígena de todo el país expresamos, una vez más, la crítica situación productiva, económica y financiera que atraviesan nuestras familias. Alertamos sobre las dramáticas consecuencias que las políticas del gobierno nacional causan a nuestro sector, políticas que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo», expresa un comunicado firmado por más de 20 movimientos, federaciones y organizaciones a nivel nacional.
«Nuestro sector se extingue y junto a nosotros, se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales; la tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros”.
En el marco de esta crisis, el mes pasado el Ministerio de Agroindustria, a cargo del ex presidente de la Sociedad Rural Luis Miguel Etchevehere, dio a conocer que se dará de baja el Monotributo Social Agropecuario. Esta herramienta, creada en 2009, incluye hoy a alrededor de cien mil beneficiarios y es la única que permite a campesinxs y pequeños productorxs regularizar su situación laboral, dándoles acceso a una obra social, aportes jubilatorios y a la posibilidad de facturar. Es por eso que este jueves 26 de julio organizaciones de todo el país se movilizarán para exigir respuestas. En Córdoba se realizará un Feriazo a partir de las 10 hs. en Plaza San Martín.
Un derecho menos
Las organizaciones del sector ya venían denunciando que el Monotributo Social Agropecuario se encontraba congelado y que muchxs trabajadorxs no podían acceder a inscribirse. Ahora se anunció oficialmente que el beneficio será eliminado y que aquellos que ya se encuentran inscriptos dejarán de acceder gratuitamente a una obra social.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) expresan: “Son más de 50 mil familias las que pierden el derecho de regularizar su trabajo. Y más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceder a la salud. Asimismo, toda la población del país se verá perjudicada en la posibilidad de acceder a alimentos producidos en suelo argentino por quienes trabajan la tierra, en un contexto en donde los precios de los alimentos básicos son cada día más inalcanzables para las familias argentinas”. Y agregan que esta medida, sumada a otras políticas del actual gobierno, solo favorece a los actores más grandes de la agricultura, desplazando a lxs pequeñxs y afectando la soberanía alimentaria.
En concreto, el Ministerio de Agroindustria de la Nación ha dispuesto que entre el 2 de julio y el 10 de agosto los actuales beneficiarios del monotributo deberán reempadronarse para conservar el beneficio hasta fin de año. En tanto, a partir de 2019, el Estado sólo garantizará los aportes jubilatorios y lxs trabajadorxs deberán comenzar a pagar la obra social.
“Es un gran golpe para el sector, más considerando que lxs trabajadorxs de la agricultura familiar no estamos cerca de las urbes, y en general no tenemos acceso a hospitales grandes”, explicó a La tinta Iván Fernández, trabajador del sector e integrante de la Rama Rural de CTEP. “A su vez, para seguir teniendo el beneficio dan un plazo para reinscribirse, que vuelve a ser otro filtro para que muchos compañeros queden fuera, porque la agricultura familiar es bien dispersa. Entonces desmantelan la Secretaría de Agricultura Familiar, que era el ente que promovía el registro en el monotributo, y al echar empleados no quedan personas que informen y asesoren a los trabajadores de agricultura familiar para inscribirse”, agregó Iván.
El Estado ausente
A principios de 2017 la Secretaría de Agricultura Familiar, que nucleaba a aproximadamente 1500 técnicos en todo el país, fue eliminada como tal y fusionada con la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial.
Este cambio profundizó los ajustes que ya se venían observando desde 2016 hasta llegar al actual desmantelamiento de las áreas del Estado encargadas de llevar adelante políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena. Dicha secretaría fue uno de los primeros entes estatales en sufrir la ola de despidos que continúan hasta hoy.
Ello, sumado a la falta de presupuesto y la reducción de equipamiento, ha afectado gravemente al acompañamiento y las tareas que desarrollaban los equipos territoriales de la Secretaría de Agricultura Familiar en cada provincia.
Desde la Rama Rural de CTEP en Córdoba cuentan que esta situación se ha traducido en una ausencia del estado en los distintos territorios de la provincia y que por ello reclaman con urgencia la reincorporación de lxs trabajadorxs despedidos del Ministerio de Agroindustria: “La zona sur de Paravachasca quedó desmantelada, hay una sola persona encargada de la zona de Calamuchita, es imposible. En el caso del norte cordobés también desmantelaron todo, no quedan ni camionetas”. La experiencia de la Cooperativa Mocallando, que produce trigo y maíz en la zona de Malagueño, es un ejemplo de cómo afecta esta realidad a lxs productorxs: los miembros de dicha cooperativa cuentan que a pesar de que lograron acceder a un sistema de riego para los cultivos, llevan meses sin poder acceder a un acompañamiento técnico para ello.
Otro de los reclamos que encabezan la movilización de hoy es la reglamentación de la Ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada en diciembre de 2014 y la asignación presupuestaria para el sector contemplada en la misma. La norma incluía además el reconocimiento de la tenencia de la tierra de comunidades indígenas y campesinas, aspecto que tampoco se ha implementado, según denuncian desde las organizaciones.
Por último, los movimientos y trabajadorxs del sector subrayan que su situación se agrava día a día por el actual contexto económico. “Las medidas económicas y financieras que ha adoptado el gobierno, vinculadas a la toma de deuda externa, a la devaluación del peso, al pago de exorbitantes tasas de interés que superaron el 50%, al incremento de tarifas y combustibles, y a la apertura indiscriminada de importaciones de productos agrícolas y alimentos, impactan drásticamente en nuestras vidas y actividad. Hemos contraído deudas para adquirir insumos y seguir produciendo y ya no podremos pagarlas, a pesar de comenzar a malvender nuestros animales, productos e -incluso en muchos casos- la poca infraestructura o herramientas con la que contamos”, expresa el comunicado firmado, entre otros, por el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, la Federación Agraria Argentina y la Asociación de Trabajadores del Estado. Y subraya que esta realidad está llevando a muchas familias a abandonar la actividad o la tierra en la que trabajan.
* Por Lucía Maina para La tinta
