Juárez Celman: vecinos desalojados denunciaron al juez y la policía
Un grupo de 50 vecinxs víctimas del violento desalojo del 1º de junio en barrio Parque Esperanza de Juárez Celman presentaron en la Justicia provincial una denuncia penal contra el juez Julio Guerrero Martín, a quien acusan de avalar que el operativo policial se perpetrara con una orden judicial vencida, y por abuso de poder contra la fuerza policial y sus responsables.
Por Desafíos Urbanos
Entre las pruebas presentadas en la fiscalía 3, turno 5, a cargo de Patricia García Ramírez, relatan que “despojaron más de 120 hogares, destrozaron y derribaron más de 100 unidades habitacionales, quedaron más de 50 niños refugiados en una capilla, se produjeron incendios dolosos, se detuvo a once personas, se impidió la libertad ambulatoria de cientos de personas al no permitir el ingreso al predio cuando pretendían rescatar sus pertenencias y familiares, como a legisladores que pretendían ingresar para solicitar que se les exhibiera alguna orden”.
Además, indican la presencia de la intendenta de Juárez Celman Myriam Prunotto (UCR-Pro) en el lugar “dando órdenes a los policías y a las topadoras, para que prendan fuego todo”.
A su vez, siete de lxs denunciantes –Vanesa Villegas, María Arce, Luisa Castillejos López, Adriana Ramos, Olga Vásquez, Ruth Medrano Olmos y Selva González Chávez– solicitaron a la Justicia se les reconozca la condición de querellantes para poder participar en forma directa en el proceso judicial. En todos los casos, se trata de jefas de familia que indican como domicilio actual la parroquia Nuestra Señora del Milagro de Salta, donde se refugian desde el día del desalojo.
En la causa “Abrigo Ezequiel Mauro y otros por supuestos autores de usurpación”, el juez Guerrero Martín había enviado la última orden de desalojo al jefe de Policía Gustavo Vélez el 28 de mayo, para que fuera ejecutada el jueves 30 al mediodía, pero ese día no se cumplió porque la Policía estaba abocada a la seguridad de la Marcha Federal.
“La orden estaba vencida y no hubo otra, con lo cual se incumplió también la obligación de notificar con tiempo suficiente, en resguardo por ejemplo de que los menores no queden en una situación de riesgo, cosa que finalmente ocurrió. Ante la inexistencia de una orden judicial, entendemos que todo el actuar de la policía deviene ilegal”, explicó a Desafíos Urbanos Joaquín González, abogado de las familias de Juárez Celman.
En un comunicado, las familias nucleadas en la Cooperativa 12 de Junio y Jóvenes al Frente informaron que en la próxima reunión de la Mesa de Diálogo entregarán copia de la denuncia a los representantes del Estado provincial para que éste “se ponga a disposición de la Justicia para descubrir lxs responsables políticos de esta inconstitucionalidad, de desobediencia policial al Poder Judicial”. En este sentido, la hipótesis de una “orden política” se sustenta en la ausencia del juez Guerrero Marín y el dato de que el secretario de Seguridad de la Provincia, Diego Hak, monitoreó el operativo policial del 1º de junio desde un lugar cercano al barrio Parque Esperanza, según aseguran distintas fuentes.
Contexto
En un contexto de emergencia habitacional, el 12 de junio de 2014 un centenar de familias tomó posesión de unas diez hectáreas ubicadas entre los barrios Guiñazú y Ciudad de los Niños, entre la ruta 9 vieja y la variante Juárez Celman. El predio habitado durante cuatro años por esas y otras familias que se fueron sumando estaba abandonado. La mayor parte figuraba a nombre de la empresa URBANOR S.A., que en 1992 consiguió una aprobación para un desarrollo inmobiliario que nunca fue ejecutado; otra parte pertenece a una herencia familiar no reclamada; y el resto es un terreno fiscal del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En octubre de 2017, la causa “Abrigo Ezequiel Mauro y otros por supuestos autores de usurpación” llegó al Tribunal Superior de Justicia, que ordenó el desalojo. No obstante, antes de concretarlo solicitó al Estado que se haga cargo de la cuestión habitacional, para lo que se habilitó una mesa de diálogo en la Secretaría de Hábitat de la Provincia, que comenzó a relevar la situación de lxs vecinxs, pero en febrero de 2018 el juez Julio Guerrero Marín decidió avanzar con el procedimiento de desalojo. Suspendido en más de una decena de ocasiones, se consumó en la madrugada del 1º de junio, con 120 familias expulsadas por la fuerza, sus viviendas derribadas por las topadoras o incendiadas y once personas detenidas.
Consumado el desalojo y con las familias refugiadas en la capilla de barrio Parque Norte, el Gobierno provincial aceptó reabrir la Mesa de Diálogo, a la que concurrió en una sola reunión de las tres convocadas desde entonces. A casi un mes de ver destruidos sus hogares y sin soluciones de fondo a la vista, lxs vecinxs de barrio Parque Esperanza resisten gracias a su organización y a la solidaridad colectiva.
*Por Desafíos Urbanos.
