¿Qué hay detrás del veto a la ley de retrotraimiento de tarifas?
En los últimos días, uno de los temas principales que ocupó la agenda pública fue la ley sancionada por el congreso de la nación que buscaba retrotraer las tarifas de los servicios públicos a los valores de Diciembre de 2017. Ley que fue vetada, a solo seis horas de su sanción, por el presidente Mauricio Macri.
Por Ignacio Juncos y Luca Llorens para La tinta
Desde la llegada al poder de Cambiemos, en Diciembre de 2015, el sector energético estuvo en el centro de la escena. Basándose en que durante los 12 años de Kirchnerismo las tarifas de servicios públicos se mantuvieron prácticamente estancadas, y de la mano de un envalentonado Aranguren, el gobierno nacional inició un brutal proceso de suba de tarifas. El caballo de batalla para justificar este proceso de ajuste tarifario fue el impacto que los subsidios generaban en el déficit fiscal nacional, siendo este último identificado por el gobierno como principal componente inflacionario. En consecuencia, se diseñó un plan de ajuste que reduciría paulatinamente las transferencias hasta eliminarlas de manera total en el año 2020.
Encontramos conveniente realizar un ejercicio práctico para dilucidar un poco de este entramado político-económico que gira en torno al sector energético. Un punto esencial, pero soslayado, para entender el mercado energético, y el gasífero en particular, es diferenciar entre dos precios: aquel que pagamos las y los consumidoras/es, y el que reciben las empresas. Así logramos identificar dos causas interrelacionadas del tarifazo. Una de ellas es la ya conocida arremetida del gobierno contra las subvenciones energéticas, la restante, y no tan explicitada, es la decisión de aumentar el precio que reciben los productores de energía. Es en este último aspecto en el que nos enfocaremos, ya que consideramos que está mucho menos trabajado.
En pocas palabras, los sistemáticos aumentos de tarifas encuentran su origen en ambos idearios, reducir el gasto público y aumentar las ganancias de las empresas. Aquí es donde reside una de las mayores contradicciones de los argumentos oficialistas: ¡Parece que al final, la austeridad tan anunciada por el Macrismo tiene algunas excepciones! Es momento entonces, de preguntarnos: ¿A quién estamos subsidiando? Es que las y los usuarias/os no pagamos lo suficiente, como argumentan Macri, o que le estamos pagando la fiesta a Aranguren y compañía?
Nos centremos en el caso de la producción gasífera. A partir de abril pasado con la nueva actualización tarifaria impulsada por el ex CEO de Shell, el precio que se empezó a pagar a las empresas por el MMBTU (millón de BTU, unidad de medida británica equivalente a 27.8m3) fue de USD 4,68; mientras que el precio internacional del mismo hoy es de USD 3,76. Es decir que, siendo un país productor, se paga un sobreprecio de 92 centavos de dólar por sobre el precio en que se comercia en el mundo el gas natural. Comparando con otros países productores; el precio por extracción del gas natural considerablemente superior.
¿Qué significa este sobreprecio? Retomando el tema de la sanción-veto de la ley de retrotraimiento de tarifas; desde el ministerio de Hacienda se anunció que el “costo fiscal” de esta ley es de 115.000 millones de pesos, de los cuales 34.643 millones corresponden a los subsidios al gas, (estimación sumamente sospechosa ya que otras fuentes estimaron que este monto sería de aproximadamente la mitad, pero le concedamos esta ventaja al ministro Dujovne). Ahora, estos números por sí solos no nos dicen nada. Hagamos un ejercicio que nos ilustre que significa todo esto.
El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas informó que la producción argentina de gas natural para el año 2017 fue de 1.604.151.533 MMBTU. Supongamos que la producción para el año 2018 alcanza el mismo valor. Tomando como referencia el precio internacional (otra ayuda para el gobierno nacional, ya que este es superior al que pagan otros países productores como se mostró). Multiplicando el sobre precio de 92 centavos de dólar, por la cantidad producida y por un tipo de cambio de 25 pesos por dólar, nos arroja un monto total de 36.895 millones de pesos pagados a las empresas por sobre el precio internacional. ¡Monto superior al que anuncia el gobierno como costo fiscal del retrotraimiento de las tarifas de gas! Es decir que si se decidiera pagarles a las empresas el precio internacional del gas se podría anular el último aumento del 40% del mismo sin ningún tipo de deterioro de las cuentas públicas.
Otra comparación que ilustra, es pensando en el ajuste del Estado, anunciado (con bombos y platillos) por los ministros de hacienda y modernización el pasado Viernes. Este recorte significan $20.000 millones al año, es decir, que congelar los ingresos al sector público, suspender acuerdos con universidades, y las demás medidas anunciadas representan una baja del gasto casi 50% menor al monto transferido a las arcas de las empresas causado por el pago de la energía por encima del precio internacional.
Aún más preocupante es la cuestión si consideramos el horizonte final que propone el ministro Aranguren para Octubre de 2019. Planea llevar el precio de MMBTU a USD 6,80, y eliminar completamente el nivel de subsidios, así el monto que pagaremos el total de las y los usuarias/os por sobre el precio internacional sería de ¡más de 120.000 millones de pesos anuales!, cifra que representa aproximadamente el 20% del déficit fiscal. Una vez más una brutal transferencia de recursos hacia los que más tienen impulsada por la alianza Cambiemos.
El argumento oficial: un ¿problema? de rentabilidad
Revisando la resolución 212 – E/2016 del Ministerio de Energía y Minería publicada el 06 de Octubre de 2016, para justificar los aumentos de tarifas que hoy estamos discutiendo se plantea que “ [la] resolución formó parte de una serie de medidas que tuvieron por objeto recomponer el sistema de precios y tarifas del sector del gas natural, de manera que posibilite incentivar las inversiones necesarias para incrementar las reservas de gas y los niveles de producción local, en orden a cubrir la demanda de los usuarios de gas de todo el país”. Es decir, aquí se explicita que no sólo se reducirán subsidios sino que se les aumentará el precio que reciben las petroleras por parte de los consumidores y el Estado; bajo el argumento de que aumentar la rentabilidad de las firmas es condición necesaria para que realicen inversiones y se logre el autoabastecimiento energético.
Como contrapartida, las empresas deberían asegurar al gobierno que el sobreprecio pactado se destinará en gran parte a inversiones productivas que mejoren el servicio. Es así como las empresas abocadas al transporte y distribución se comprometieron a invertir 5.300 millones de pesos en el año 2017, y a Febrero 2018 el monto invertido era de 4.100 millones de pesos, según datos aportados por el ENARGAS. Es decir, se les garantiza a las petroleras unos ingresos 36.000 millones superiores a lo que obtendrían vendiendo al precio internacional, justificándolo en que realizarán inversiones, pero el monto invertido es poco más del 10% de los ingresos extras generados por el sobreprecio.
A su vez, otro enfoque para abordar la cuestión de rentabilidad es el costo de extracción del gas en boca de pozo que declaran las empresas. Para esto nos remitimos a dos fuentes: El informe de la Fundación Bariloche de 2016 “El gas Natural bien suntuario o necesario”, que indica que la petrolera YPF declaró para 2015 que el costo de producción de 1 MMBTU rondaba los 1,9USD lo que indica que aún en 2015 las empresas recibían un precio que supera sus costos de producción. Y por otro lado, la información financiera publicada por YPF en su página web en la sección para inversores. Dicho apartado es sumamente esclarecedor debido a su objetivo de captar inversiones para la empresa, así a diferencia de lo que intenta instalar el gobierno nacional en la agenda pública, se hace especial énfasis en la elevada rentabilidad que tiene, ha tenido y seguirá teniendo (cada vez es mayor) el sector energético.
Luego de estos datos presentados, no hay que hacer un análisis muy profundo para concluir que la política del gobierno nacional ha resultado en un extraordinario aumento de la rentabilidad empresarial en el sector del gas natural. Entonces creemos que no hay que ser injustos con la política oficial, finalmente el Macrismo cumplió con lo propuesto, y aplicó una política de sinceramiento. Nos sinceró a todos de qué lado juegan en las luchas por apropiarse de los excedentes de la economía.
Como conclusión: el veto no fue una cuestión de austeridad económica, fue una voluntad política. El mensaje es claro, el proceso de avance del capital sobre el trabajo es un objetivo central para el plan económico del gobierno, y eso no es ninguna novedad. Quizás lo novedoso reside en que al discurso liberal de que hay que eliminar subsidios y pagar el «verdadero costo» de la energía, se le agrega un plus de rentabilidad a las empresas bancado por el bolsillo de las trabajadoras y trabajadores; a la vez que se nos arroja como consuelo ingeniosos tips para paliar el ajuste y el deterioro de su poder adquisitivo.
*Por Ignacio Juncos y Lucas Lloren para La tinta.
*Miembros del Colectivo de Pensamiento Crítico en Economía (CoPenCe).
