La legalización del aborto como cuestión de justicia económica
Esta es una declaración de apoyo de economistas y personas dedicadas a las ciencias económicas de cara a la discusión legislativa del proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto en Argentina en el Congreso de la Nación de Argentina. Surge del Espacio de Economía Feminista de la SEC. Te invitamos a colaborar y sumar tu firma.
Por Espacio de Economía Feminista en la SEC
Nosotras, feministas en la economía y otras disciplinas, saludamos el debate que se está dando actualmente en nuestra sociedad y queremos aportar algunas ideas más a los ya robustos argumentos que feministas, movimientos y sociedad civil aportaron en torno a la discusión sobre la legalización del aborto en Argentina. Porque la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo también es una cuestión de justicia económica.
Entendemos que, abortar es una decisión sumamente responsable porque implica hacerse cargo de la forma en que una persona que tiene capacidad de gestar desea atravesar su vida. Es por esto que en una sociedad en la que las tareas de cuidado están invisibilizadas, no son remuneradas y recaen mayoritariamente en los hogares y en las mujeres (el 76% de estas tareas las realizan las mujeres, y le dedican el doble de horas que los varones), forzar maternidades no elegidas implica obligarlas a vivirlas como castigo.
Desde la Economía Feminista se han producido inmensa cantidad de reflexiones, evidencia empírica y teoría, que explican y dan cuenta de las consecuencias en las vidas de las mujeres respecto a la injusta y desigual distribución de los cuidados. Una persona con capacidad de gestar que no puede tomar decisiones respecto a tener hijxs (y si lo desea cuantxs y cuándo), se verá obligada a parir por la falta de garantías en las condiciones de aborto y por la falta de una educación sexual integral. Estará destinada a dedicar la mayor parte de su tiempo a tareas no remuneradas, en desmedro de tiempos para insertarse en el mercado laboral, estudiar, dedicar tiempos al goce, esparcimiento y autocuidados. Probablemente, entonces, se inserte (si es que logra hacerlo) de manera muy precaria en el mercado de trabajo remunerado, porque va a tener que cuidar a sus hijxs y la única forma de conseguirlo, en el contexto de insuficientes políticas públicas de cuidado, es a través de un trabajo flexible, es decir, aquellos que tienen muy malas condiciones. Esta situación de desigualdad en el uso del tiempo y en el ingreso al trabajo asalariado se vuelve escandalosamente mayor en los sectores populares.
Pero además, vemos que la legislación en torno al aborto cumple un rol en la forma en la que los países se insertan en la economía mundial. En este sentido, podemos ubicar a Argentina como un país subdesarrollado, periférico y, como tal, su rol en la inserción de la economía mundial, además de ser exportador de commodities, junto con otras características, se inserta como oferente de mano de obra barata.
Es así que en los países del Sur productores de mano de obra barata, la “privatización” del cuidado y la debilidad de las políticas públicas para abordarlo hacen que estas tareas y este costo sea asumido por los hogares -y en ellos por los mandatos asignados a las mujeres-. En este sentido, la prohibición de la autonomía a elegir y la restricción de la posibilidad voluntaria y legal en condiciones de garantía de salud, calidad y no penalización refuerza el hecho de materninades obligadas que garantizan la reproducción social a muy bajo costo. Esto puede ver su contrapunto en el status de las leyes alrededor del mundo donde en la mayoría de los países desarrollados cuentan con legislaciones menos restrictivas en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo y mejores condiciones de garantía. La evidencia empírica muestra que en estos países los hogares pueden garantizar las tareas de cuidado por medio de mejores garantías en las políticas públicas, así como accediendo a servicios de cuidado, de otras mujeres, generalmente migrantes, a muy bajo costo.
El aborto clandestino valida un mercado ilegal de aproximadamente 1000 millones de pesos al año. Además, en nuestro país el misoprostol (medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para una interrupción segura del embarazo) lo produce y comercializa de manera monopólica Laboratorios BETA, bajo el nombre de OXAPROST. Tanto esta empresa como las farmacias hacen negocios a costa de la desesperación de las personas con capacidad de gestar. La producción pública de misoprostol y mifepristona es indispensable para que todos los cuerpos gestantes, sin importar su clase, puedan tener acceso también a este tipo de abortos que posibilita un proceso ambulatorio y de mayor autonomía.
Los Estados están obligados a garantizar mejores condiciones de vida y derechos sociales, económicos y civiles. Ante la demanda de reducir el déficit fiscal que los organismos y las instituciones financieras internacionales avalados por los países desarrollados hacen a nuestros países, como recientemente ha ocurrido con el FMI, nos alarma fundamentalmente que en ésta oportunidad sólo se alcance la despenalización y no se garantice la práctica.En este sentido creemos que esta es una oportunidad inigualable para garantizar este derecho en condiciones sanitarias adecuadas y de calidad.
Queremos vidas en libertad, queremos vidas que merezcan ser vividas. No queremos que se castigue el deseo y la sexualidad, forzando maternidades no deseadas. No queremos ser incubadoras para el sistema económico. Es por eso que el aborto seguro y gratuito es una cuestión de JUSTICIA ECONÓMICA y su legalización es REVOLUCIONARIA.
Despenalización del aborto no importa qué práctica se elija.
Legalización del aborto con garantía en el sistema de salud pública.
Producción pública de misoprostrol y mifepristona.
Para adherir https://goo.gl/forms/wtSOOn8kIPfPqh3Q2
*Por Espacio de Economía Feminista en la SEC
