Ultimátum judicial: anticiparon el desalojo en barrio Parque Esperanza
El juez Julio Guerrero Marín decidió adelantar el procedimiento de desalojo para este miércoles 2 de mayo. Desde muy temprano, los vecinos del barrio de Juárez Celman realizan una conferencia de prensa. El magistrado aduce que los terrenos pertenecen a la empresa constructora Urbanor S.A y quienes están ahí son “usurpadores”. El ultimátum judicial es hasta las 12 del mediodía.
Por Redacción La tinta
El barrio Parque Esperanza se ubica en la ciudad de Juárez Celman, actualmente bajo la intendencia de Miriam Prunotto (PRO-UCR), a tan sólo 15 kilómetros de Córdoba Capital. Así como en toda la provincia de Córdoba y en Argentina, la emergencia habitacional allí es clara: 4 de los 9 barrios son asentamientos precarios en los que conviven situaciones de pobreza, vulnerabilidad social y marginación demostrando lo inaccesible que resulta para gran parte de la población, la tierra y la vivienda.
Las tierras donde se encuentra este barrio comunitario estaban abandonadas, eran tierras ociosas. La mayoría figuran a nombre de la empresa URBANOR SA que en el año 1992 consigue una aprobación para hacer un desarrollo inmobiliario, sin embargo el proyecto nunca fue ejecutado; otra parte de las tierras resulta de una herencia familiar que nunca fue reclamada y, la última parte, es un terreno fiscal que pertenece al Gobierno de la Provincia de Córdoba cerca de donde actualmente se está ampliando la ruta Variante Juarez Celman.
Ante el abandono de éstas tierras, la emergencia habitacional y la falta de políticas públicas que atiendan de manera integral esta situación, vecinos y vecinas de Juarez Celman, tomaron posesión de la tierra en el invierno del 2014. Originalmente eran unas pocas familias, pero rápidamente se acercaron muchas más sumando más de 150 familias que estaban en situación de hacinamiento, conviviendo más de dos hogares en una misma vivienda, en incertidumbre permanente ante la amenaza de ser desalojadas por no poder pagar el alquiler o mujeres que salían de situaciones de violencia de género y no tenían un hogar a dónde recurrir con sus hijos e hijas.
Todas ellas tenían algo en común que hoy no ha cambiado: no tienen un lugar a dónde vivir ni la posibilidad real de acceder a algún programa de crédito público o privado porque resultan muy altos para sus ingresos.
Todos ellos tomaron una decisión que hoy sostienen: construir en esas tierras abandonadas un barrio comunitario, solidario y libre de violencias donde puedan ejercer su derecho a una vida digna. Construyeron casas precarias de madera y nylon y algunas de material, un comedor de barro donde sostienen almuerzos y copas de leche, una sede administrativa, una plaza y una cancha de fútbol.
En diciembre del 2017, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) falló por la orden de desalojo que debía ejecutarse este año ya que el Gobierno Provincial pidió una prórroga para poder censar a las familias.
A pesar que el 16 de marzo comenzó a correr un plazo de 60 días para resolver el conflicto habitacional del predio de nueve hectáreas (plazo que vencía el 16 de mayo), el juez Julio Guerrero Marín adelantó el procedimiento de desalojo para el día de la fecha.
Festival y presencia policial
El sábado pasado la Policía de Córdoba intentó impedir el desarrollo del Festival de Mujeres en Lucha en Barrio Parque Esperanza. A pesar de la fuerte presencia policial, los vecinos finalmente pudieron desarrollar la actividad como estaba prevista, aunque sin escenario porque infantería lo creyó “inconveniente”. En este marco y con el conocimiento de la decisión del Juez Guerrero Marín, los habitantes del barrio enfocaron su plan de lucha en una conferencia de prensa que se lleva adelante desde muy temprano en la Plaza 7 de Junio para dar a conocer su posición. De la misma participan organizaciones sociales que luchan contra el desalojo.
Vanessa Villegas, integrante de la organización Jóvenes al Frente y vecina del Barrio Parque Esperanza explicó a La tinta que “solicitamos al Juez el cese de la medida y exigimos la declaración de emergencia habitacional en Juárez Celman y en la provincia de Córdoba”.
Respecto a lo acontecido en la jornada del sábado Villegas relató: “Mientras estábamos en los preparativos del festival de Mujeres en Lucha, nos encontramos con topadoras cerrando tres calles del barrio. Mucha policía y Guardia de Infantería. Nos acercamos al Jefe que estaba a cargo del operativo que nos dice que tenía una orden del juez Guerrero Marín de prohibir el ingreso y egreso de las personas al predio; y que además por romper el pacto social, nos adelanta la orden de desalojo para este miércoles 2 de mayo, dándonos tiempo desde las 8 a las 12hs para desocupar pacíficamente sino será con uso de la fuerza”.
Por último la joven manifestó que “luego del 16 de marzo, el Gobierno de la Provincia ofreció de manera particular a cada familia, la suma de 42 mil pesos con la condición de que se retire del predio pacíficamente. De las 120 familias que hay, 35 aceptaron la propuesta y de ellas, 16 volvieron al barrio alegando que no pueden solucionar la situación con esa suma. Como contrapartida le propusimos al gobierno, que si está dispuesto a gastar la suma de 42 mil pesos por 120 familias, que da el monto de 6 millones de pesos, que compre las tierras en el barrio Parque Esperanza, por medio de una expropiación, o en otro lado y resuelva la crisis habitacional”.
Se convoca a todas las personas y organizaciones sociales a hacerse presentes este mismo miércoles en el barrio para formar parte de la resistencia en contra del desalojo y la lucha por los derechos.
* Por Redacción La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto
