Causa Menéndez IV: fallo insuficiente con trece condenas y seis absoluciones
El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba (TOF 1) impuso este martes una condena de prisión perpetua y otras 12 penas en el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba. Es el primer proceso que juzga delitos perpetrados antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La querella rechazó el fallo y repudió el papel del fiscal Hairabedián.
Por Redacción La tinta
El tribunal integrado por los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Juan Carlos Reynaga condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua al teniente coronel (R) Jorge Navarro González, quien se desempeñaba en la IV Brigada Aerotransportada del Ejército en Córdoba al momento de los hechos que se juzgaron.
En este juicio que acumuló las causas “González Navarro y otros” y “Vergez Héctor Pedro y otros”, por delitos cometidos en perjuicio de 61 víctimas, fueron absueltos seis de los 19 imputados. Los hechos que se juzgaron fueron cometidos en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio conocidos como D2, que funcionaba en el ámbito de la inteligencia de la Policía provincial, y Campo La Ribera, del Ejército.
González Navarro fue encontrado culpable de los delitos de «privación ilegítima de la libertad reiterada, imposición de tormentos agravados reiterados y homicidio calificado reiterado».
También fueron declarados culpables y condenados Héctor Hugo Lorenzo Chilo (17 años de prisión), Rubén Osvaldo Brocos y Luis Gustavo Diedrichs (8 años), Héctor Vergez y Ernesto Guillermo Barreiro (12 años), Alberto Luis Choux (11 años), Calixto Luis Flores, Mirta Graciela Antón y Enrique Alfredo Maffei (10 años), Carlos Alberto Díaz (9 años), José Luis Yañez (6 años) y Jorge Ezequiel Acosta (3 años de prisión).
Resultaron absueltos Yamil Jabour, Juan Eduardo Ramón Molina, Eduardo Grandi, José Andrés Tófalo, Ricardo Lardone y Oreste Valentín Padován.
Previo al dictado del veredicto, los imputados hicieron uso del derecho a la última palabra, espacio en el que Acosta leyó el poema del coronel Hugo Pavon “Vive Soldado” y dijo que quiso ser cura hasta los 5 años pero después optó por la carrera militar, previo paso por los boy scouts, porque tenía «vocación de servicio por la patria y por los demás».
El juicio había comenzado el 21 de noviembre de 2017 con 21 imputados, entre ellos, como acusado principal, el genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien falleció el 27 de febrero último. Además, fue apartado por razones de salud de Reginaldo Castro.
«Una payasada con aciertos mínimos»
Tras la lectura de la sentencia, el público que se encontraba en la sala de audiencias expresó su disconformidad con las penas impuestas a los represores a los que despidieron al grito de «asesinos» y «violadores».
El fiscal Maximiliano Hairabedián se mostró se mostró «satisfecho» con las penas dictadas por el Tribunal, aunque señaló que en la lectura del veredicto «hubo muchos casos que el tribunal, considero yo, podría haber puesto una pena mayor». No obstante, aclaró que «habrá que esperar que se den a conocer los fundamentos» de la sentencia, el 15 de mayo próximo.
Diferente fue la posición de Diego Benítez, querellante en la causa junto a Julio Jiménez. En diálogo con La tinta, el hijo de la víctima Osvaldo Benítez lamentó las absoluciones y las penas menores que se dictaron contra los genocidas y criticó duramente el rol que ejerció el fiscal federal Maximiliano Hairabedián.
«Parece que la Justicia se tomase los asesinatos, la tortura, las desapariciones y las violaciones como si fueran parte del deber policial. Ellos caen también en la teoría de los demonios (…) Si el fiscal Hairabedián no comparte que acá hubo delitos de lesa humanidad y es partidario de esa teoría, se debería apartar porque sino termina pidiendo penas con límites o esquivando algunos delitos. Fue una payasada, con algunos aciertos mínimos», expuso.
Y agregó: «Desde el regreso a la democracia, acá al D2 se lo encubrió desde el poder político y ahora desde la conspiración judicial. Hay más de 250 personas que no están siendo enjuiciadas y están amparadas en un pacto de impunidad (…) Sólo se está juzgando a los indefendibles, a los que tienen demasiadas pruebas en contra», indicó el querellante representado por la abogada Adriana Gentile.
Por Redacción La tinta / Imágenes Colectivo Manifiesto. Fuente: Télam Memoria
