Autovía de Montaña en Punilla: una biopsia para el paisaje cordobés
El Proyecto 2+2 conocido como Autovía de Montaña, que atravesará el valle de Punilla, amenaza ser una lápida de cemento para el ecosistema, financiada por la provincia y que no admite la opinión de los vecinos.
Por Daniel Díaz Romero para Sala de prensa ambiental
La opción más destructiva para solucionar problemas de tránsito en el principal corredor turístico de la provincia se va abriendo camino a fuerza de decretos y contrataciones directas, mientras los cerros son mutilados y algunas empresas cobran fortunas costeando la modificación del paisaje, que será irreversible.
El gobierno de Córdoba sigue avanzando sobre el riesgo de desequilibrar un ecosistema, afectando no solamente ríos y arroyos, fauna y flora si no también la identidad histórica de sus habitantes, produciendo un cambio en el paisaje serrano del Valle de Punilla, principal región turística de la provincia.
Sin un Estudio de Impacto Ambiental que garantice la calidad de vida en la región, el gobierno de Córdoba puso primera sin siquiera escuchar la opinión de los habitantes de la zona. Se trata del proyecto bautizado en las oficinas gubernamentales como “2+2”, que se va desarrollando sin participación ciudadana y que los vecinos de Punilla rechazan a medida que van conociendo sus particularidades. Razones no les faltan: el proyecto que hasta ahora impulsa el gobierno atraviesa un yacimiento de uranio de 100.000 toneladas, el 76,4% de su trazado invade zonas rojas que son áreas naturales protegidas de bosque nativo por una ley que el propio gobierno incumpliría, además de embestir una Reserva Natural en Cosquín.
Está a la vista que el tráfico de la ruta 38 que cruza el valle de Punilla es lento durante los meses de temporada turística, pero el multimillonario negocio que propone el gobierno levanta sospechas de estar dirigido para favorecer a empresas constructoras, previendo luego la explosión del desarrollo inmobiliario y de la actividad minera, en otras zonas de la provincia, para abastecer de material a la construcción de esta autopista de 45 km. de extensión.
El proyecto no ha sido presentado públicamente aun, como tampoco el Estudio de Impacto Ambiental completo que tendrá la obra, pero a partir de algunos indicios que salieron a la luz se encendió el alerta sobre situaciones de desmonte de bosque nativo, el derribo de laderas de los cerros, lo que producirá un impacto sustancial en la biodiversidad y en el agua que baja de las sierras luego de cada lluvia. Pero lo más notorio es que tendría implicancias económicas para el turismo regional, por la alteración irreversible del paisaje, como ya se puede ver en la construcción del puente sobre el lago que se realiza en la Variante Costa Azul, en el sur de la comuna de San Roque.
En la antesala del 2019, año electoral en que Juan Schiaretti buscará su reelección y, fiel a su estilo, el gobernador ambiciona en lo inmediato inaugurar obras cubiertas de suntuosidad aunque de dudosa utilidad para sus gobernados, haciendo alarde de construcciones fastuosas en la vitrina de una gestión que muestran a un Estado rico pero financiadas con el dinero de contribuyentes cada vez más pobres.
Los caminos de la vía
La gravedad de la impostura oficial se transparenta, por ejemplo, cuando en el año 2011 el Instituto de Planificación para el Área Metropolitana (IPLAM) -organismo del propio Estado provincial- propuso un proyecto para agilizar el tráfico vehicular en la zona ampliando las rutas existentes. Este proyecto, elaborado hace 6 años, prevé la construcción de una autovía por el este de las localidades del cordón serrano. Sólo un 4,4% de dicha traza se realizaría sobre bosque nativo en categoría roja, en sectores ribereños al río Cosquín y evitando afectar zonas de bosques nativos.
Pese a ello, sorpresivamente este año el gobierno provincial arremetió con un nuevo Plan desoyendo lo propuesto y a los propios habitantes de la región, decidido a avanzar con una nueva traza embistiendo cerros que dibujan la zona montañosa.
El gobernador, más allá de la acumulación de críticas al proyecto oficial, ha ratificado la intención de avanzar en la obra antes de culminar su mandato: “Es lo que han aconsejado los técnicos y lo que menos perjudicará el ambiente”, dijo y agregó que “de la evaluación de los especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba contratados surge como aconsejable hacerla en su mayor parte por el este”. ¿Quiénes son estos “especialistas” a los que el gobernador hizo alusión?
Los monjes negros de la autovía
Según documentación a la que pudo acceder Sala de Prensa Ambiental, el gobierno provincial viene derivando de manera indirecta presupuesto para la obra, aun sin cumplir con los requisitos legales de la Audiencia Pública y el Estudio de Impacto Ambiental, desde hace 1 año.
El hecho surge a partir de que, en medio de la polémica con los vecinos, el gobernador Schiaretti sostuvo en declaraciones a diversos medios de comunicación que la Universidad Nacional de Córdoba aconsejó la traza que propone el proyecto oficial para la autovía. Trazado de cemento que atraviesa bosque nativo protegido, un yacimiento subterráneo de uranio y una Reserva Natural en Cosquín. Lo cierto es que la Universidad Nacional de Córdoba no se ha expedido oficialmente sobre la polémica obra. En realidad, y tal vez como travesura política, el gobernador hacía referencia a un Estudio de un espacio de una Facultad: la de Ciencias Exactas Físicas y Naturales llamado Instituto de Investigación en Servicios Públicos e Infraestructura (IISPI).
Sala de Prensa Ambiental pudo establecer que el IISPI y la Cámara de la Construcción son viejos conocidos. De hecho, el Instituto en cuestión, junto a la corporación constructora trabajan en un proyecto llamado “Córdoba 2025”, en donde trazan líneas estratégicas de infraestructura vial para la provincia.
Además de trabajar con la Cámara de Constructores, el IISPI tiene una relación particular con el gobierno de Córdoba.
El IISPI fue empleado a través de contratación directa por una cifra descomunal. Cerca de $10.000.000 por un estudio de factibilidad económica para la autovía. Estas cifras astronómicas desembolsa el Estado provincial por contratación directa, lo que ha causado malestar dentro de la propia Facultad, ya que aplicando este mecanismo eliminó toda posibilidad de participar a otras dependencias académicas de indudable prestigio en el ámbito universitario.
El acuerdo fue firmado el año pasado con cláusulas de confidencialidad entre el Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y el IISPI.
Sin haber cumplimentado con el Estudio de Impacto Ambiental, es decir, sin prever qué daños puede ocasionar en términos de riesgos de inundaciones, desmontes o remoción de componentes radiactivos el gobierno provincial, desde el 2017, ya tiene decidido construir esta Autovía. Así lo demuestra la contratación directa que realizó en marzo del año pasado con un Instituto de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, estrechamente ligado a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO Córdoba), encargándole un Estudio de Factibilidad Económica por un valor superior a los $ 9.000.000.
En este panorama poco claro, aparece la figura del ingeniero Santiago Reyna, asesor directo del ministro de Agua y Ambiente de la provincia, Ing. Fabián López, actualmente procesado por su vinculación con Odebretch durante su gestión acompañando al ex-ministro Julio De Vido; aquella empresa que, a pesar de haber sembrado coimas en toda Latinoamérica, “trabaja bien y es barata”, según declaraciones del propio gobernador Schiaretti.
Respecto de Odebretch el año pasado el Secretario de Ambiente, Javier Britch, como integrante del Ministerio de Agua y Ambiente, del cual Reyna es asesor, tuvo que aclarar un episodio no muy claro con la empresa.
Sumado a la falta de transparencia, tampoco queda claro si el ing. Santiago Reyna, ha sido designado por el gobierno provincial como su representante, ya que desde hace meses visita a los intendentes y jefes comunales de la región para “convencerlos” sobre las bondades de la megaobra. Con un marcado perfil bajo, el ingeniero desarrolla su misteriosa tarea, a pesar de no figurar en la formalidad del proyecto. Sin embargo, en un comunicado de la municipalidad de Cosquín el misterioso ingeniero aparece citado como uno de los responsables del proyecto.
Pero además, el ing. Reyna sería en las sombras el nexo entre la Secretaría de Ambiente y el IISPI; de hecho, hay indicios de informalidad y de fuerte influencia de Reyna sobre el plan actual de la Autovía, transformándose en el monje negro del proyecto. Tampoco queda clara cuál es su función: si actúa en este proyecto como Gerente General de GCIS CC, un consorcio de consultoras de ingeniería; o de CEAS S.A, otra consultora para estudios y proyectos ingenieriles -la cual preside- o como la voz oficial del Ministerio de Agua y Ambiente, ya que viene acompañando como asesor al Ing. Fabián López desde hace casi una década: primero en la Sub-Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, cuando López integraba el equipo del ex–ministro Julio De Vido.
Puente sobre el San Roque: primer indicio de la opción más destructiva
Como botón de muestra, a la vista está la destrucción del paisaje que realiza la Unión Transitoria de Empresas, conformada por José J. Chediack S.A.I.C.A y Astori Estructuras S.A, quienes vienen ejecutando los trabajos desde el año pasado para el nuevo puente sobre el lago San Roque, con una inversión de $ 1.300.000.000, según lo comunicado por el gobierno de manera oficial.
Las empresas asociadas al gobierno provincial en el proyecto parecen haberse ensañado con el paisaje serrano de la comuna San Roque en nombre de un progreso de dudosa calidad. El puente en cuestión, desfiguró a fuerza de retroexcavadoras y dinamita el paisaje de la zona, deteriorando cerros hasta dejarlos irreconocibles. Esos pequeños universos que habitaban cada rincón de dichas sierras han desaparecido para siempre y, como anécdota del desconocimiento de los componentes ambientales que serían afectados por la obra del puente, los autores del estudio oficial incluyeron especies que no habitan en el bosque serrano, como el “quirquincho chico” -que habita en la llanura chaqueña- y mencionando nombres comunes inexistentes para la fauna de la región, como “paloma turca”, “ranita de las cunetas” o “lagarto ocelado”. Así, quedó demostrado que la ligereza era tal que, en aquel estudio presentado por el gobierno, presentaron fotografías de otras especies para hacer mención a las nativas -como el caso de una foto en la que se veían pirañas amazónicas- cuando mencionaban en el texto la presencia de palometas en los cursos de agua de Punilla.
Decretazo cemental
El miércoles 21 de marzo, el gobierno provincial anunciaba con bombos y platillos la creación del Parque Nacional Traslasierra para proteger un ecosistema del norte provincial. El mismo día, pero sin anuncio esplendoroso claro está, publicaba en el Boletín Oficial el Decreto 320/2018, en dónde aprobó un presupuesto que roza los $4.000.000.000 para la construcción de la suntuosa Autovía sin haber presentado aun el obligatorio Estudio de Impacto Ambiental de la obra, ni tampoco haber realizado la Audiencia Pública que la Ley Provincial de Ambiente obliga.
Este Decreto que resuelve el financiamiento de la obra provocó tanta sorpresa como estupor, ya que la construcción de dicha Autovía se ha transformado en un proceso viciado de informalidades: $ 3.939.000.000 destinados por decreto y sin consulta a los habitantes de Punilla que aun no logran conocer el proyecto oficial.
Fragilidad ambiental
Sala de Prensa Ambiental, también pudo acceder a un documento técnico elaborado para la Comunidad Regional de Punilla en el año 2012. Precisamente, las zonas con tasas de fragilidad ambiental más altas -marcadas en rojo-, se sitúan donde el gobierno provincial proyecta hacer pasar su autovía.
Allí, se advierte -tras un año de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales, técnicos y científicos- criterios que establecen zonas de fragilidad ambiental, donde quedaron plasmadas las áreas que requieren mayor ordenamiento y protección territorial. Mapas elaborados a partir de un proyecto financiado por la Comunidad Económica Europea, en un trabajo conjunto entre la Comunidad Regional de Punilla -conformada por municipios- y una ONG italiana.
Un cementerio en el cementerio
El gobierno de Schiaretti, en sus dos mandatos, tiene su sello de marketing y grandilocuencia con ejemplos como el Faro del Bicentenario, en la ciudad de Córdoba, que terminó siendo una torre inútil de 102 metros de cemento vertical, en el que terminaron armando un arbolito de navidad. En el Faro, el gobierno de la provincia malgastó $9.000.000 de los contribuyentes en una provincia con muchas necesidades y urgencias. Entre sus pergaminos, cuenta también la construcción del nuevo camino del Cuadrado, desoyendo las repetidas advertencias de profesionales respecto a la traza que pergeñaron. Obra vial de montaña que permanece gran parte del año cerrada por desmoronamientos y grietas en el asfalto, que ya lleva actualizado un gasto de $780.000.000.
Por su parte, el valle de Punilla desde hace años padece un lago contaminado, producto de la falta de cloacas que hacen que toda la materia fecal del valle vaya a parar a los ríos que alimentan al mayor espejo de agua de la provincia.
A pocos kilómetros del lago sobre el que construyen el nuevo puente está, en estado de abandono, un complejo minero donde se extraía uranio para procesarlo como combustible para las centrales nucleares: piletones a cielo abierto con rajaduras por donde escurren los químicos y ácidos utilizados para “limpiar” el uranio. Pasaron 3 décadas desde que la empresa que explotaba el yacimiento de Los Gigantes se declarara en quiebra y abandonara el lugar sin que jamás se haya remediado, a pesar de las promesas eternas que iban en ese sentido.
Tampoco, el gobierno provincial se ha ocupado más que de entretener a los carlospacenses con falsas y reiteradas promesas de saneamiento del lago.
Hay quienes afirman que la palabra cementerio viene de cemento, pues ahí es donde “cementan a los muertos”. Otra acepción indica que cemento puede interpretarse como piedra quebrada. Cualquiera de estas dos acepciones describe el desolador panorama que va dejando el gobierno provincial a su paso, decidido a encarar obras faraónicas sin medir las consecuencias y haciendo estragos en la calidad de vida de los ciudadanos que habitan gran parte del valle de Punilla.
Un Estado provincial suntuoso que se muestra millonario gastando el dinero de los contribuyentes cada vez más pobres. Basta con ver el estado de hospitales públicos o escuelas para pensar si esa erogación de fondos está bien destinada y si atiende las urgencias cotidianas y vitales de los sectores mas desprotegidos de la sociedad.
El gobierno provincial jamás cumplió con las necesarias inversiones prometidas para prevenir nuevas inundaciones en Sierras Chicas, ni saneó el lago San Roque, no atendió la situación de la mina de uranio de Los Gigantes; tampoco prestó atención al reclamo de décadas por las cloacas en el valle de Punilla, por citar sólo algunos ejemplos.
La semana pasada se cumplió 1 año de uno de los mayores desastres socio-ambientales ocurridos en la provincia: la inundación del predio de residuos peligrosos TAYM S.A -del grupo Roggio- cuando las aguas arrastraron esos contaminantes hasta el Canal Los Molinos que abastece de agua potable al 30% de la ciudadanía cordobesa.
Sin embargo, el gobierno del Contador Schiaretti decretó gastar casi $ 4.000.000.000 en una Autovía suntuosa, dinero que por supuesto saldrá del bolsillo de todos los cordobeses.
*Por Daniel Díaz Romero para Sala de prensa ambiental.
