La vida en las cárceles
Entre 2013 y 2014, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) dependiente del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante inspecciones en varios centros de detención. Los equipos incluían fotógrafos y fotógrafas que realizaron el relevamiento visual de la situación de las cárceles. Las condiciones de la vida carcelaria no cambian y siguen siendo una de las deudas de la democracia argentina.
Por Redacción La tinta
En un contexto en el que las políticas de seguridad y la acción de las fuerzas represivas del estado son cada vez más violentas, preocupa el estado de hacinamiento en el que viven las personas privadas de su libertad. Este cuadro de situación es particularmente alarmante en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
Los últimos datos recopilados por el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) dicen que la actual población carcelaria bonaerense es de 41.147 personas, un 15 % más que hace dos años. Lo que está generando una sobrepoblación del 118% según el cupo carcelario que se basa en la capacidad edilicia.
En su informe, el CELS diagnostica que “Este aumento desmedido del encarcelamiento que se registró en los últimos años no fue acompañado con una mayor cantidad de egresos y, por el contrario, aumentaron los ingresos. Tampoco se introdujeron medidas para mitigar las aberrantes condiciones de detención en las que se encuentran las personas allí alojadas. En consecuencia, se agravaron el hacinamiento y la escasez. Así como también la precariedad en el sistema de salud y la violencia. El escenario de sobrepoblación se observa en todo el sistema penitenciario bonaerense, y las comisarias particularmente grave».
Además se agrega en el informe que el 56% de población carcelaria esta con prisión preventiva y no tiene sentencia firme. Más alarmante aún es la situación de las mujeres: el 63% está sin condena contra un 53% de los hombres. En el caso de las personas integrantes de la comunidad LGTB, 8 de cada 10 no tiene sentencia firme.
El gobierno de Cambiemos introdujo 16 mil personas más al sistema penitenciario en sus dos años de gestión, al tiempo que impulsa el beneficio de la prisión domiciliaria a los detenidos por crímenes de lesa humanidad y agita la doctrina Chocobar.
*Por Redacción La tinta / Fotos: Dirección de Comunicación. Ministerio Público Fiscal
