Las Fuerzas de Seguridad y su legitimidad en Córdoba
Las Fuerzas de Seguridad comienzan a emerger nuevamente como las únicas capaces de garantizar, paradójicamente, la paz social. Mientras los discursos más reaccionarios de mano dura sigan calando hondo en las capas medias, más difícil será proponer modelos de seguridad social e individual que trasciendan las esferas de la Policía.
Por Federico Gallardo para La tinta
Las repercusiones mediáticas y sociales que tuvo la muerte del agente de Policía Franco Ferraro el pasado 15 de febrero, en ocasión del millonario asalto en Nueva Córdoba, marcan el fin de una época de crisis de legitimidad social de las Fuerzas de Seguridad de la provincia mediterránea.
Las demandas de control social –racial y clasista– y de seguridad individual que se han generalizado en las últimas décadas en nuestro país, sumándose al sentido común que desde el Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional se transmite hacia el tejido social a partir de los casos Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Luis Chocobar, entre otros, constituyen un terreno fértil a partir del cual emerge la idea del policía–héroe, cubriendo con un manto de impunidad a todo el accionar de los agentes e instalando un modelo hegemónico de resolución del conflicto social a través de la represión. Todo esto se acumula en nuestra provincia al sentimiento de empatía que la mayoría de la sociedad cordobesa generó con la familia de Ferraro, marcando así el final de una época de dudas y de fuertes interpelaciones al accionar policial de la que sólo queda el juicio al ex comisario Julio César Suárez por amenazas y extorsión al periodista Dante Leguizamón.
Quienes elegimos abordar la temática de la seguridad desde una perspectiva social, sabemos que detrás de los discursos hegemónicos de tinte represivo se esconden realidades e intereses que es necesario desenmascarar para entender el verdadero rol que ocupan las fuerzas de seguridad. Para entender mejor a lo que me refiero propongo realizar un breve repaso sobre los acontecimientos más importantes de los últimos cinco años.
El acuartelamiento policial de diciembre de 2013 generó entre los ciudadanos cordobeses un conjunto de sensaciones que por tan variadas se hace difícil de relevar. Y es que la escasez de información que por esos días circulaba generó, como mínimo, una gran incertidumbre alrededor de los verdaderos motivos que no permitieron que el conflicto se solucione de manera pacífica, antes de derivar en una medida de fuerza de cuarenta y ocho horas. Mientras que la falta de respuestas del Gobierno Nacional exacerbó la imagen de rivalidad entre el gobernador José Manuel De la Sota y la presidenta Cristina Fernández, que por entonces se hacía notar en los discursos del mandatario cordobés.
Pero lo más notorio de esas noches fue el clima de violencia que se vivió en las calles de la ciudad. Los distintos robos y saqueos que se sucedieron despertaron en un sector de la sociedad una especie de sed de venganza y justicia por mano propia para con todo aquél que, al menos, represente una amenaza para la seguridad individual. Ciudadanos y ciudadanas armados y linchamientos, mostraron el costado más oscuro de nuestra sociedad y sobre todo, mostraron hasta qué punto la represión como forma de resolución del conflicto social estaba encarnada en el sentido común.
En el año 2014, Córdoba estuvo marcada por un gran número de casos de gatillo fácil. Si bien sabemos que esta es una práctica común de las Fuerzas de Seguridad en nuestro país a partir de la última Dictadura cívica-militar, no siempre se había podido instalar en la agenda pública este flagelo, como sí se logró entonces a partir de algunos casos particulares que lograron gran visibilidad, como la desaparición de Facundo Rivera Alegre, ocurrida en 2012, y los asesinatos Guere Pellico o Exequiel Barraza, ambos en 2014.
Finalmente, una masiva Marcha de la Gorra (la octava, quizás la más convocante de todas) constituyó un momento de gran unidad de Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos en el reclamo concreto de derogar el Código de Faltas y de acabar con este modus operandi policial.
Capítulo aparte merecerían los escándalos de corrupción, robo de armas y narcotráfico que azotaron paralelamente a la Policía de Córdoba en esos años y que fueron difundidos por todos los medios de comunicación, pero aquí sólo nos servirá enunciarlos para entender cómo llega la institución a diciembre de 2015.
La ecuación es sencilla: la victoria de Juan Schiaretti en las elecciones provinciales garantizó la continuidad del proyecto político de Unión Por Córdoba pero, la crisis de legitimidad de las Fuerzas de Seguridad, le exigió al nuevo gobernador algunos retoques en la materia -lo que se conoce como un “lavado de cara”-, cuyos principales rasgos fueron los reemplazos de altos cargos en la Jefatura de Policía y la modificación del Código de Faltas, transformándolo en Código de Convivencia. A este último punto me voy a referir con más detalle.
El carácter inconstitucional del Código de Faltas era indiscutible desde el punto de vista jurídico; sus terminaciones repletas de vaguedad y ambigüedad no eran más ni menos que una herramienta de libre disposición para la vulneración de Derechos Humanos por parte de los y las oficiales de Policía. La inclusión en el mismo de la pena privativa de la libertad, demuestra que era un Código Penal encubierto que funcionaba de manera autoritaria y represiva, al margen de los principios constitucionales.
Su modificación y reemplazo por el Código de Convivencia en diciembre de 2015 funcionó, junto con otras acciones del Ejecutivo Provincial, como un puente para renovar el vínculo entre la sociedad y la Policía. Bajo la apariencia de una discusión democrática en audiencia pública, el Gobierno Provincial solamente realizó algunas reformas que no apuntaron a atacar el carácter represivo del mismo.
El nuevo código continúa criminalizando la protesta y persiguiendo a los sectores más precarizados y permitiendo el avance de la Policía sobre naranjitas, carreros, carreras y trabajadoras sexuales. En cuanto a la persecución de jóvenes, mantiene su carácter de inconstitucional a permitir el arresto en base a la sospecha y el desconocimiento a los derechos de juez natural y debido proceso.
Evidentemente, se trató de un intento de legitimación de las Fuerzas de Seguridad. En el primer año de gobierno de Schiaretti se pudo observar una importante inversión de recursos del Estado hacia la Policía, apoyada por los medios masivos de comunicación y por el discurso hegemónico de mano dura que convida el Gobierno Nacional. Una política demagógica para con los sectores más conservadores, que ninguna solución ofrece a las demandas de seguridad.
Para cerrar con el repaso, llegamos al año 2016 con una importante decisión del Gobierno Provincial: la creación de la Policía Barrial. Este es un fenómeno que viene a continuar con distintas propuestas políticas que se sucedieron en América Latina y que intentan, de alguna manera, humanizar y democratizar el proceso de control social. Con esto se intenta legitimar nuevamente a la institución, presentando a una Policía que se compromete con el desarrollo sociocultural del territorio y que interviene en pie de igualdad con el resto de los actores sociales y políticos del barrio.
Lo cierto es que el desarrollo sociocultural de las comunidades no es tarea de la Policía y es muy grande el riesgo que se corre cuando una institución de carácter represivo adquiere la legitimidad social y política para actuar impunemente en todo el amplio abanico de conflictos interpersonales, culturales, sociales, políticos, étnicos, económicos y territoriales que se suceden en la realidad.
La institución policial en Argentina mantiene resabios doctrinales de la última Dictadura cívico-militar y las prácticas abusivas siguen estando a la orden del día; la criminalización de la pobreza y de la protesta, la tortura en las cárceles y penitenciarías y el gatillo fácil son políticas de Estado imposibles de combatir con reformas superficiales que no ataquen a las estructuras.
Aún más grande es el riesgo, cuando la hegemonía liberal con tintes fascistas que instalaron el Gobierno Nacional y los medios masivos de comunicación conducen a la racionalización de la violencia. Las Fuerzas de Seguridad emergen nuevamente como las únicas capaces de garantizar, paradójicamente, la paz social, y ante la ausencia de éstas, se otorga a la ciudadanía una especie de libertad moral para actuar como lo harían ellas; se terceriza la represión.
Finalmente, las políticas de seguridad del Gobierno Provincial no han logrado resolver ninguno de los flagelos que impiden la convivencia. Bien es sabido en los sectores más críticos de la sociedad, que el rol que juegan las Fuerzas de Seguridad está más cerca de garantizar el mantenimiento del injusto orden social neoliberal que gobierna el país, que de velar por la paz social, la seguridad y los derechos humanos.
Mientras los discursos más reaccionarios de mano dura sigan calando hondo en las capas medias, más difícil será proponer modelos de seguridad social e individual que trasciendan las esferas de la Policía.
* Por Federico Gallardo para La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto
