Bolivia: del agua al parque

El 15 de agosto de 2011 comenzó en Bolivia una marcha de indígenas hacia La Paz, en la que participaron unas 1.700 personas para protestar contra la iniciativa de construir una carretera en el TIPNIS. Durante esa protesta hubo varios incidentes. Por uno de ellos fue citado por la Justicia Olivera, que hasta 2004 fue compañero de militancia de Evo Morales, a quien hoy acusa de cambiar de rumbo y defender intereses extranjeros y los corporativos de los productores de coca, de los que Morales es un dirigente histórico. Así lo manifestó a la diaria en entrevista telefónica.

—Usted es uno de los 26 dirigentes sociales citados por la Justicia boliviana en la causa por el presunto “secuestro e intento de homicidio” del canciller David Choquehuanca, en setiembre, durante la marcha por el TIPNIS. La prensa boliviana habla del uso de armas por parte de los participantes, del miedo del ministro. ¿Cuál es su versión de los hechos?

—Primero te voy a dar el contexto. El TIPNIS es una zona comunitaria de territorio indígena, no hay parcelamiento en absoluto y es un territorio en el que -de acuerdo a la ley, a la actual Constitución boliviana y a los convenios internacionales- el Estado debe consultar a las comunidades que lo habitan antes de intervenir con cualquier tipo de acción. El gobierno decidió construir -en función de los intereses expansionistas brasileños- una carretera, que además está financiada por un banco -el brasileño BNDES-, que facilite el transporte de mercancías y minerales por parte de Brasil, y que también facilite la exploración de una zona que es rica en hidrocarburos. El gobierno se ha comprometido a dar la concesión de la explotación de esos territorios a intereses brasileños, entre los cuales figura la empresa Petrobras. La gente de la zona no fue consultada, pero no va a permitir la destrucción de un territorio que además va a servir a intereses de expansión territorial de la hoja de coca, que se cultiva en la zona. Es una carretera que va a servir a los intereses de la coca.

—Volviendo a la investigación judicial, ¿qué pasó con el canciller durante la marcha?

—Había 1.700 personas -niños, jóvenes, ancianos, mujeres, algunas de ellas embarazadas- y esa marcha fue detenida por 40 colonos cocaleros, apoyados por el gobierno con una brigada numerosa de la Policía, que impedía el paso de agua, alimentos y medicamentos para los compañeros indígenas que acampaban. Prácticamente fueron secuestrados por unos diez o 14 días, y esto causó la desesperación de la gente. Esos 40 cocaleros, armados de dinamita, de palos, de machetes, atemorizaban a los compañeros indígenas, que por su cultura son gente absolutamente pacífica y generosa. El gobierno envió autoridades, vino el canciller, pero no hubo ningún tipo de solución. El gobierno pretendió que no tenía nada que ver y que era un problema entre dos bandos -sabiendo, de manera muy cínica, quiénes eran los que sostenían ese bloqueo, que impedía la continuación de una marcha pacífica-. El canciller quiso irse y en ese momento unas mujeres lo detuvieron y lo obligaron a marchar, exigiéndole que rompiera ese cerco policial y cocalero. En eso hubo algunos forcejeos, se cayeron algunos policías, y finalmente la marcha arrancó con el canciller a la cabeza. Pero en ningún momento hubo una agresión contra él. Tampoco había armas en la marcha, más que las flechas de los compañeros indígenas, que las usan para la caza y la pesca, como parte de su forma de vida y de alimentación. Al final sí se pudo romper el cerco policial pero no el cerco cocalero. El canciller fue dejado por las compañeras mujeres, que le pidieron una solución al conflicto, y él se fue, supuestamente a negociar. Pero al día siguiente [26 de setiembre de 2011] se reprimió la marcha de manera brutal.

—A causa de la marcha forzada del canciller es que usted y otras 25 personas fueron citadas a declarar, ¿verdad?

—El Ministerio Público nos dijo que simplemente somos testigos y que en los siguientes pasos del proceso se decidirá quiénes son los imputados. Lo curioso es que de las 26 personas convocadas -entre las cuales hay dos policías, dirigentes sociales y varias mujeres-, por lo menos cinco no estaban presentes cuando ocurrieron los hechos. Esto demuestra que el gobierno quiere descabezar toda esa dirigencia que movilizó la marcha y que ya ha empezado a promover otra para las próximas semanas. Es una acción política que pretende criminalizar la protesta social y judicializar este tipo de acciones que defienden desde abajo lo que el gobierno boliviano viene pregonando: la defensa de la madre tierra.

—¿Quién lo denunció, el canciller?

—No, el entonces viceministro [de Coordinación Gubernamental] Wilfredo Chávez y un policía supuestamente herido. Él acompañaba al canciller y cuando comenzaron los forcejeos escapó. Al día siguiente presentó la denuncia de que hubo secuestro e intento de homicidio, pero él ni siquiera estuvo ahí, y tengo entendido que el propio canciller salió a decir que en ningún momento había sido secuestrado.

—¿Usted en calidad de qué participó en la marcha?

—En calidad de ciudadano común, porque más allá de la protección de este parque nacional y territorio indígena, otra vez se plantea lo mismo que en la guerra del agua del año 2000, y en la guerra del gas de 2003 [un conflicto por las reservas de gas natural del departamento boliviano de Tarija, y sus exportaciones a Estados Unidos y México]: esa carretera es una acción estatal y corporativa de saqueo y de despojo. Se trata de oponerse a un modelo de desarrollo depredador, destructor.

—Pero el gobierno dice que la carretera busca permitir la interconexión del país.

—Sí, pero propusimos varios recorridos alternativos para evitar que la carretera atravesara el parque y no obtuvimos respuesta. Ni siquiera representan un costo mucho mayor.

—Como resultado de la marcha indígena, el gobierno aprobó una ley que declara patrimonio “intangible” el TIPNIS. ¿La considera satisfactoria?

—Sí, totalmente. Si no, la marcha habría continuado.

—Pero ahora se va a hacer una consulta popular acerca de la construcción de la carretera.

—Sí, pero la hacen una vez que la carretera ya está prácticamente construida. Además la consulta incluye a los vecinos del territorio, a gente que no vive allí. El gobierno insiste en hacer una consulta pese a haber promulgado una ley de protección total a ese parque.

—Antes de que Evo Morales asumiera como presidente, en 2006, usted fue su compañero de militancia.

—Con Evo Morales hemos compartido las luchas desde el año 1996 con las marchas cocaleras. Yo he participado en muchísimas manifestaciones con Morales, hemos compartido muchos objetivos: desmontar el aparato estatal del capitalismo, que tiene un funcionamiento que ignora a la gente, no respeta a la madre tierra, tiene un modelo de desarrollo destructivo. Creo que hemos dejado de compartir esos objetivos en 2004, cuando decidió ser presidente de la República. Él continúa con una política absolutamente neoliberal. Los demás nos hemos quedado en la misma vereda de siempre, peleando por una sociedad diferente.

—¿Considera que Evo Morales lidera un gobierno neoliberal?

—Absolutamente. Por el contenido de sus medidas y por la composición de la estructura estatal. Una gran mayoría [en su gobierno] es gente muy ligada al neoliberalismo y el principal constructor de la política económica depredadora es el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, que tuvo antecedentes de funcionario del Banco Central de Bolivia en las épocas más duras de imposición del modelo neoliberal [trabajó allí de 1988 a 2006]. Al lado de eso, tener algunos líderes sociales o indígenas en el gobierno era un adorno.

—¿No comparte nada de lo que hizo Morales en el gobierno? ¿Entiende que sigue haciendo lo mismo que otros gobernantes?

—En lo fundamental, sí. Es verdad que hay otras cuestiones, pero no son obra de Morales sino de una presión popular y de una acción directa de sectores indígenas, fundamentalmente. Un ejemplo es la Constitución Política del Estado, que con todas las deficiencias que tiene por lo menos incluye una visión indígena de la vida. Establece la posibilidad de un Estado muy diferente a lo que es hoy. También se puede hablar de una especie de recuperación de los valores y la cultura indígenas, el sentirse orgulloso de ser indígena, de tener un nombre, un color de piel, una lengua. Yo creo que es lo positivo de este proceso, que surgió de una decisión propia de los sectores indígenas. Pero no le atribuyo al Estado ningún tipo de acción para promover nada de lo que habíamos hablado con Morales antes del año 2004: horizontalizar el poder, desmantelar la estructura estatal corrupta, ciega, insensible y autoritaria, y cambiar la economía por una que no signifique la destrucción y el despojo.

—En qué consiste su propuesta como opositor?

—Yo creo que ya no se trata de líderes y de caudillos, se trata otra vez de componer una propuesta social junto con sectores indígenas y populares que marcaron un rumbo y una agenda a partir del año 2000. Ese movimiento social era totalmente autónomo, participativo, horizontal. Estamos en ese trabajo de reconstruir ese poder popular que posibilitó este proceso tan importante que hoy está siendo desviado por el gobierno. Pero es una tarea trabajosa porque gran parte de los líderes -no tanto del campo pero sí de la ciudad- han sido cooptados y sobornados por el gobierno.

*Por Marina González para La diaria / Fotografía de portada: Martín Villarroel