Chile: El que las hace las paga
El Ministerio del Interior y Carabineros tendrán que informar anualmente estadísticas sistematizadas relativas a lesiones y muertes en consecuencia del uso de la fuerza. Integrantes de ese cuerpo policial recibirán capacitación en derechos humanos y los funcionarios del Poder Judicial tendrán que seguir cursos de formación en materia de investigación, juzgamiento y sanción de episodios violentos en el marco del uso de la fuerza por agentes estatales. El Estado deberá emitir un Decreto Presidencial con estándares sobre uso de la fuerza, y revisar los protocolos existentes a la luz de los principios internacionales, con participación de la sociedad civil. Esto es un anticipo de lo que puede sucederle al Estado argentino si continúa la escalada de violencia en la Patagonia, que en 2017 cobró las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, uno ahogado durante un procedimiento ilegal de la Gendarmería y el otro baleado por la espalda por Prefectura. Así lo informó el viernes 9 de marzo el Centro por el Derecho Internacional, CEJIL, que patrocinó a la familia de la víctima.
El 12 de noviembre del 2002, Lemún recibió un balazo en la cabeza por el oficial de Carabineros Marco Treurer, durante una acción de recuperación territorial que realizaba en conjunto con otros 40 integrantes de su comunidad. Murió cinco días después en Temuco. Treuer solamente recibió un día de sanción y continuó sirviendo en la fuerza policial. La justicia ordinaria señaló que fue “un caso de violencia excesiva por parte de los Carabineros”, pero se declaró incompetente y la Justicia Militar sobreseyó la causa, sellando así la impunidad. El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2006. “Los compromisos asumidos por el Estado hoy son el resultado de la lucha de la familia Lemun, que además de reclamar justicia siempre destacó que el caso de Alex es representativo de muchos otros que lamentablemente siguen pasando, y ha exigido medidas que contribuyan a poner fin a la impunidad por las agresiones y muertes de personas mapuches como resultado de abusos de carabineros,” indicó Maria Noel Leoni, abogada senior del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, representante de las víctimas ante la CIDH. “Vemos los compromisos como una oportunidad de construir políticas que realmente prevengan y castiguen los abusos en el empleo de la fuerza pública, la nueva administración deberá estar a la altura de implementarlos”.
En 2017, la Corte Suprema ordenó que la Justicia ordinaria reabriera la investigación, lo cual constituirá la primera oportunidad para la familia de obtener justicia en sede ordinaria. Ahora el Estado se comprometió a avanzar con este proceso en apego a los estándares internacionales, lo que será monitoreado por la CIDH.“Nadie puede devolvernos a nuestro hijo. La espera por la justicia y la reparación por lo que le ocurrió a Alex, de la mano de la lucha por nuestras tierras ancestrales, ha marcado nuestras vidas. Esperamos que el Estado cumpla prontamente con sus compromisos, especialmente con obtener justicia”, señaló Sonia Saavedra, la madre de Alex Lemún. “Esperamos también que contribuyan a que nunca más se pierda un hijo o hija de la comunidad en su reclamo territorial”.
*Por para El cohete a la luna.
