Los beneficios de Repsol ocultan graves impactos sociales y ecológicos

De todas ellas, el proyecto de gas de Camisea es una de las más grandes y polémicas: docenas de plataformas de perforación, cientos de kilómetros de gasoductos, plantas de separación de gas, puertos, helipuertos, aeródromos, decenas de campamentos, hoteles y vías de acceso e instalación de líneas eléctricas componen este macroproyecto de donde se extrae cerca del 95% del gas natural de todo el país. El proyecto de Camisea abarca cuatro lotes gasíferos de los cuales Repsol opera uno y participa como inversionista en el Consorcio Camisea, a cargo de otros dos. En total, alrededor de un millón de hectáreas que se disponen sobre cuatro áreas protegidas , en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, y sobre los territorios de siete pueblos indígenas, tres de ellos en situación de aislamiento voluntario o de contacto inicial. Estos últimos son grupos que deciden mantenerse al margen del resto de sociedades como estrategia de supervivencia y cuentan en el derecho internacional con un rango de protección especial debido a su situación de extrema vulnerabilidad originada por las presiones externas sobre su territorio.

En este contexto de especial fragilidad ecosistémica y socio-cultural, no es difícil imaginar que las actividades de Repsol hayan provocado importantes impactos socioecológicos. Varias rupturas en los gasoductos durante los últimos años así como la pérdida de biodiversidad asociada a las actividades extractivas, han afectado de forma severa a los espacios vitales de las comunidades indígenas, su autonomía y su soberanía alimentaria.

Como resultado, se han visto gravemente alteradas las actividades tradicionales como la pesca y la caza, que constituyen su principal fuente de proteínas. Las consecuencias son alarmantes: tras 15 años de desarrollo del proyecto gasífero, la desnutrición infantil en la zona ha aumentado del 54% al 80%. La situación es especialmente preocupante para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Un estudio realizado por el Ministerio de Salud en 2015 reveló que casi el 80% de la población nahua, hoy considerado un pueblo en contacto inicial, padece contaminación por mercurio.

Junto a la pérdida de los medios materiales de reproducción de la vida, para los pueblos amazónicos las actividades extractivas han provocado profundos cambios socio-culturales. El aumento del peso de la economía asalariada ha generado una importante pérdida de su identidad cultural, la desestructuración de sus formas de vida, y una fuerte dependencia hacia las compensaciones ofrecidas por las petroleras. En una zona caracterizada por la falta de políticas públicas, empresas como Repsol se consolidan en las comunidades amazónicas como un mini-Estado, donde ejercen un profundo control sobre la vida social de sus habitantes.

Así las cosas, la aparente aceptación de las actividades extractivas en Camisea esconde una estrategia deliberada de presión con la que Repsol aprovecha su posición privilegiada para imponer negociaciones con las comunidades en condiciones claramente asimétricas. En ninguno de los lotes en los que participa la compañía española, ya sea como operadora o como inversionista, se ha llevado a cabo con garantías un proceso de consulta libre, previa e informada. Pero las malas prácticas no acaban ahí: negociaciones individuales realizadas a espaldas de las comunidades, desinformaciones, engaños, incumplimiento de acuerdos, pagos coactivos, generación de redes clientelares, divisiones e injerencias en las comunidades, y sucesivas maniobras de manipulación, presión y cooptación han generado una importante erosión y descomposición de las organizaciones indígenas.

Hay que remarcar que la penetración de las actividades extractivas en la zona de Camisea se asienta sobre la existencia de desigualdades estructurales de género y al mismo tiempo las profundiza. Así, cuando Repsol ha establecido negociaciones selectivas y tratos personalizados con ciertos dirigentes afines con el fin de debilitar la capacidad de negociación colectiva de la población local, no solo ha trastocado los espacios comunitarios de toma de decisiones, sino que ha fomentado la marginación de las mujeres de los mismos. La compañía ha favorecido así la conformación de nuevas estructuras políticas jerárquicas y patriarcales.

Además, las actividades extractivas implican la reconversión de las economías locales en función de la presencia central de las corporaciones, generando una profunda dependencia hacia una economía asalariada basada en el empleo masculino. La llegada de Repsol ha provocado la reconfiguración de la división sexual del trabajo y de la distribución de responsabilidades: se abandonan las actividades que permitían a las comunidades obtener sus medios de vida de forma autónoma, y las mujeres quedan completamente a cargo de las tareas de reproducción social bajo una situación de dependencia respecto al salario de sus maridos.

Por otro lado, la conformación de grandes concentraciones de obreros llegados de diferentes zonas del país ha generado importantes cambios en los patrones de ocio en las zonas aledañas al proyecto. Se ha incrementado el consumo de alcohol, la violencia machista, y se han introducido fenómenos de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Por ello, no es de extrañar que sean las mujeres indígenas las más firmes en posicionarse frente a las estrategias de cooptación desplegadas por las empresas extractivas, y las más reacias a aceptar las actividades hidrocarburíferas en sus territorios.

El caso de Repsol pone en evidencia la insostenibilidad social y ecológica de seguir manteniendo un modelo basado en los combustibles fósiles. Para poder hacer frente a un escenario de crisis ecológica global marcado por el cambio climático, resulta urgente establecer una moratoria a la extracción de hidrocarburos y poner freno a la industria extractiva, manteniendo bajo tierra el 80% de los recursos fósiles conocidos en la actualidad. Además, es preciso establecer mecanismos de regulación a la acción de las empresas transnacionales y contar con marcos normativos jurídicamente vinculantes que obliguen a las corporaciones a garantizar los derechos humanos y sancionen a quienes no lo hagan. Pero el reto es, en realidad, mucho más profundo: necesitamos con urgencia emprender una reorganización social, política, económica y cultural que sitúe en el centro miradas ecosociales y ecofeministas del mundo, ponga freno al poder de las grandes corporaciones, y reconozca la naturaleza eco e interdependiente de nuestra especie.