Salta: el estado no cumplió
El Estado argentino deberá responder ante un tribunal internacional de Derechos Humanos por no haber reconocido efectivamente derechos de las comunidades indígenas que habitan en los lotes 55 y 14, en el Chaco salteño. Un caso testigo, que puede beneficiar a todas las comunidades del país.
Por Vove
Por primera vez en la historia nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgará a Argentina por violaciones a los derechos de pueblos originarios. El juicio representa una oportunidad para las comunidades indígenas, porque sentará un precedente sobre la obligatoriedad del Estado de reconocer efectivamente sus derechos a la tierra y el territorio, y de consultarlos cuando se vayan a tomar decisiones que los afectan.
“Va a haber una expresión definitiva del máximo tribunal regional de derechos humanos sobre la violación del derecho a la propiedad comunitaria de (las comunidades indígenas reunidas en) LhakaHonhat y esta es una oportunidad para que se establezcan reparaciones de distinto tipo por las violaciones que ya se consumaron y sobre todo para establecer lo que se llaman garantías de no repetición”, que tienen que ver con las comunidades que habitan los lotes pero pueden trascender esta situación y “ser importantes para las comunidades de la Argentina en su conjunto, porque esta es la primera vez que un caso sobre derechos de los pueblos indígenas de la Argentina llega a la Corte Interamericana”, entonces “cuestiones vinculadas con la garantía de propiedad comunitaria o consulta previa libre e informada que no tienen una respuesta institucional en la Argentina podrían empezar a tenerla a partir de la cláusula de garantía de no repetición que exige la Corte Interamericana”; explicó a Vove la abogada Gabriela Kletzel, directora de Litigio Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) patrocina a la Asociación de Comunidades Aborígenes LhakaHonhat (Nuestra Tierra).
El 1 de febrero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a la Corte este caso porque consideró que Argentina no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo de 2012, en el que encomendó al Estado concluir el proceso de entrega de los títulos de los lotes 55 y 14, un total de 643 mil hectáreas en el departamento Rivadavia, teniendo en cuenta los estándares interamericanos, y otorgar reparaciones por las violaciones al derecho a la propiedad territorial y al acceso a la información.
“Lo ideal hubiera sido que el Estado cumpliera en tiempo y forma hace ya muchos años, o incluso en estos últimos dos años, que tampoco lo hizo”
La CIDH dio reiteradas prórrogas para esto, a lo largo de seis años, y, sin embargo, “aún no se ha finalizado la demarcación y delimitación de la totalidad del terreno indígena; no se han generado ni un 5% de las obras de infraestructura necesarias para que las familias criollas puedan ser relocalizadas; no se ha tomado ninguna medida efectiva para combatir la tala ilegal de árboles ni se ha avanzado en el levantamiento de cercas y alambrados en el territorio indígena, entre otras acciones aún pendientes”, sostuvo el CELS en un comunicado.
“Lo ideal hubiera sido que se cumplieran las recomendaciones (…), eso no sucedió y por eso la Comisión decidió elevar el caso a la Corte, lo ideal hubiera sido que el Estado cumpliera en tiempo y forma hace ya muchos años, o incluso en estos últimos dos años, que tampoco lo hizo”, subrayó Kletzel, quien destacó que LhakaHonhat y el CELS “hubieran esperado en realidad no tener que llegar a esta instancia”, pero si está, “es una oportunidad muy importante para LhakaHohnat y para el establecimiento de violaciones de derechos que han acontecido por un tribunal regional de derechos humanos y por las reparaciones que el Estado tiene que cumplir, porque es una sentencia obligatoria para la Argentina”.
Se estima que el proceso ante la Corte IDH demandará dos años o un poco menos. Ahora la Corte debe notificar a LhakaHonhat y el CELS para que presenten el “escrito de solicitudes argumentos y pruebas”, una descripción de los hechos, los argumentos de derecho, las pruebas ofrecidas y “todas las reparaciones que vamos a solicitar en atención a las violaciones de derechos que entendemos que existen en el caso”. Luego el Estado podrá exponer su posición, tras eso la Corte resolverá qué prueba aceptará y eventualmente citará a una audiencia pública para escuchar testimonios, presentaciones de expertos y los alegatos de las partes, que posteriormente deben presentar por escrito más fundamentos de sus posturas. Con eso el caso quedaría listo para sentencia.
Mientras dure este trámite, el proceso de regularización podría seguir, “en la medida de que el Estado demuestre voluntad, compromiso y hechos materiales para hacerlo”, sostuvo Kletzel. Añadió que el Estado argentino “tiene que realizar muchísimas” obras “porque no realizó casi nada en términos de obras de infraestructura para los traslados de familias criollas, o muy poco en relación con lo que tendría que hacer”.
Entre las reparaciones, la solicitud central es la entrega de “un título único, colectivo, a nombre de la totalidad de las comunidades indígenas de la zona. Esto es muy importante porque hay una confusión que pretende instalarse desde algunos medios sobre que sería un título único colectivo a nombre de la Asociación de Comunidades Aborígenes LhakaHonhat, eso es falso, totalmente falso, es un título único colectivo a nombre de la totalidad de comunidades aborígenes de la zona”, aclaró la abogada.
Además, el Estado tendrá que levantar los alambrados que están en territorio indígena, y también se solicitarán“reparaciones más vinculadas con la situación social de las comunidades en clave de reparación histórica por las violaciones de sus derechos sociales, que tienen directa relación con todos estos años que no han podido garantizar su forma de vida tradicional; además de eso va a haber solicitudes de garantías de no repetición”.
LhakaHonhat nuclea a comunidades de los pueblos Wichí (Mataco), Iyojwaja (Chorote), Nivacklé (Chulupí), Qom (Toba) y Tapy’y (Tapiete). Desde 1984, la Asociación reclama que el Estado delimite y demarque su territorio, les entregue un título único de propiedad y traslade a las familias criollas asentadas en territorio ancestral indígena. El caso llegó a la Comisión por presentación de LhakaHonhat en 1998.
*Por Vove
