Naranjitas luchan por sus fuentes de trabajo
Se puso en marcha el nuevo sistema de estacionamiento medido promovido por la Municipalidad de Córdoba y adjudicado a la empresa Movypark, desconociendo y negando el trabajo de cientos de “naranjitas” que prestan el servicio.
Por Martín Villarroel Borgna para La tinta
El futuro llegó
A mediados de diciembre la gestión de Mestre informó la modificación en el sistema de estacionamiento medido, que fue concesionado por diez años a la empresa Movypark.
El nuevo sistema prepago se basa en el uso de una aplicación telefónica y, según indican desde el municipio, permite “controlar mejor el uso del espacio público”, promueve “conductas responsables” y facilita el “control de tránsito en las infracciones por estacionamiento”.
El proyecto a simple vista aparece como un avance en la búsqueda de soluciones al caótico tránsito en la ciudad. Pero llama la atención que en ningún punto del nuevo sistema se nombre a los trabajadores y trabajadoras “naranjitas” que viven en la actualidad de cubrir este servicio.
Invisible lo que no se quiere ver
“Naranjitas” es el nombre popular con el que se conoce a los trabajadores y trabajadoras que cobran el estacionamiento y cuidan los vehículos en la ciudad de Córdoba, y el nombre lo reciben por su reconocible chaleco anaranjado que refracta las luces.
El trabajo de “naranjita” es uno de los tantos oficios y changas que los sectores humildes se dan en respuesta a la falta de empleo formal, que son el sustento real y precario de cientos de familias y que forman parte de la denominada Economía Popular.
Tienen las cuadras del centro y macrocentro repartidas y organizadas por turnos. Y en la mayoría de los casos pertenecen a cooperativas de trabajo.
Aunque con sus chalecos son fácilmente visible a la distancia, es sorprendente que las autoridades municipales elaboren un proyecto de estacionamiento medido sin su participación. El Estado no debe promover soluciones a situaciones y conflictos, en este caso el ordenamiento vehicular, desconociendo y negando a una de las partes involucradas.
“Se da esta concesión sin consultarle absolutamente nada a la gente, desconociéndonos. Sin hacerse cargo de la situación generada. Todo lo contrario a lo que el estado debería hacer”, dice con pesar Sopeti.
Sopeti es el apodo más conocido pero su nombre es Ezequiel Graso, delegado de la asamblea de naranjitas Bº Güemes que está junto con otros trabajadores y trabajadoras reuniéndose todos los jueves y delineando un plan de lucha para hacer oir su voz.
“Hemos hecho movilizaciones hacia la Muni y presentado escritos para que se nos tenga en cuenta”, relata Sopeti convencido. Y continúa: “Las zonas del macrocentro donde estamos trabajando los naranjitas ellos ven un potencial de recaudación y entonces nos dejan de lado”, afirma.
—¿Cuántas familias se están dejando de lado?
—La concesión se ha hecho sobre 800 cuadras, en lo que sería Bº Alberdi, Güemes, Observatorio, Cofico y Bº General Paz. Son 800 cuadras que generalmente se trabajan doble turno. Calculamos no menos de mil familias afectadas.
Ventajas para quién
El sistema promete un uso más eficaz del espacio y ofrece la ventaja de mostrar las zonas libres para estacionar en un mapa de la app. También permite facilidades de pago, como con tarjetas de débito y crédito.
Pero desde las cooperativas de naranjitas denuncian que el nuevo sistema encubre las verdaderas intenciones de recaudar donde antes no lo hacía el municipio, beneficiando con la tercerización del servicio a una empresa privada. “No hay ningún tipo de inversión más que pintar las calles. Todo el sistema es virtual. El único servicio es cobrarlo virtualmente”, asegura Sopeti.
“Las zonas donde los naranjitas estamos trabajando son a veces difíciles, son zonas donde se rompen vidrios, o se roban autos. Si no está el naranjita cuidando y se paga por teléfono, ¿quién cuida los autos?”, se pregunta el trabajador.
La balanza parece inclinarse. Por un lado, el incremento recaudatorio para la intendencia, por otro el desamparo de los usuarios y la pérdida de fuentes de trabajo a un sector vulnerable. “Dejan familias sin comida. Pero también al usuario, que es quien paga este negociado, también queda desprotegido y con su vehículo a la deriva”, concluye Sopeti.
Quién controla a los que controlan
“Además es mucho más caro lo que va cobrar la Muni”, explica Jesús Juarez, flamante naranjita de Laprida esquina Irigoyen y delegado de la asamblea de Nueva Córdoba.
“Quieren cobrar diez pesos por hora. Si trabajás y lo dejás estacionado seis u ocho horas es mucho más de lo que cobramos nosotros que laburamos a voluntad. Es mucha plata para el usuario”, dice.
Según indica el pliego de concesión, la tarifa es fijada en base al 55% del precio de la nafta súper YPF en Córdoba, que en un contexto inflacionario “seguro que va ir aumentando, de diez va pasar a $14, y después a $18 y así, como hacen con el boleto”, no duda en afirmar Jesús.
El trabajo como bandera
Sopeti guarda esperanzas en que el municipio escuche sus demandas. “Estamos pidiendo un diálogo con la Municipalidad. Nunca se han acercado. Hay algunos proyectos para laburar en común. Pero la Municipalidad lo que hizo es entregar esta concesión prácticamente por debajo de la mesa, sin darnos ninguna posibilidad ni tenernos en cuenta en algún proyecto laboral”, dice.
“El reclamo es que nos dejen trabajar”, comenta Jesús. “Que nos identifiquen como trabajadores, con un carnet y un chaleco, acordemos la tarifa pero que nos dejen trabajar y no se la lleven todos ellos”.
*Por Martín Villarroel Borgna para La tinta. Foto: Colectivo Manifiesto.
