El monstruo que crece
Por Lucas Paulinovich para Sin Cerco.
Por momentos, parece que no alcanzan las horas para la velocidad de los acontecimientos. Al cabo de unos días, los trabajadores y las organizaciones sociales copan las calles de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo del paquete de reformas; Cristina jura en el Senado; los senadores prorrogan la reforma laboral pero dan media sanción a la previsional; el gobierno rinde exámenes de crueldad y profundiza la ofensiva contra las comunidades mapuches; en Bariloche se reúnen los viceministros de Finanzas para darle forma al G20; el Ministerio de Seguridad resuelve que los policías pueden desconocer la orden de los jueces; en la Marina intentan resolver el misterio del submarino mientras esperan la lapicera que tacha y descabeza mandos; la Oficina Anticorrupción presiona a los magistrados para que actúen en causas ligadas a la corrupción; el gobierno presiona a los magistrados para que actúen avalando la represión; los jueces presionan al gobierno embargando y citando a empresarios cercanos; la sentencia de la causa Esma III dicta históricas perpetuas que incluyen al Tigre Acosta y a Alfredo Astiz; en la misma sentencia quedan absueltos el ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemann, y otros cinco imputados entre los que hay pilotos de la muerte y un policía de la Federal.
En el frenetismo, conviene no perder los datos de trascendencia: el juicio Esma III fue el proceso más largo en la historia del sistema penal argentino. El debate oral y público, que duró cinco años, comprendió 410 audiencias; de los 65 imputados originales, fallecieron once; otros tres fueron apartados por razones de salud. La sentencia ubica a la Argentina como el primer Estado nacional que resuelve una causa de tal magnitud vinculada a crímenes contra la humanidad. Curiosamente: el mismo Estado que asesinó a Rafael Nahuel. El mismo que asesinó a Santiago Maldonado. El mismo que desliza sus teorías sobre un nuevo estatuto ciudadano. Entre las absoluciones y las explicaciones de los funcionarios respecto a los operativos represivos, se vislumbran los filamentos de esos modos de vida que se deslizan por debajo de la red asesina. Las sensibilidades sobre la que apoyan los crímenes de Estado. Las instancias vitales de una contrarrevolución que cobra volumen entre elogios del arrepentido, incentivo al ortiba y criminalización de la protesta. Las imágenes de ciudadanía que nutren el imaginario que Cambiemos capta y estimula.
El juez Gustavo Villanueva, a contramano de la prórroga de la ley que frena los desalojos a las comunidades originarias, ordenó el operativo de Prefectura. A la par: un imponente despliegue de militarización se da en la región para recibir a las delegaciones técnicas del G20. El ministro de Justicia Germán Garavano justifica el accionar violento del grupo Albatros y describe a las comunidades como “un poder contrafáctico que no respeta la ley”.
El presidente Mauricio Macri, de visita en Chaco, dice que “esto se logra trabajando en equipo, dialogando”. El diálogo de los prefectos incluyó balas de gomas y de plomo. El asesinato por la espalda de un pibe de 22 años. “Por suerte, eso pasa muy lejos de acá –dijo Macri-, en el sur de la Argentina”.
El asesinato de Rafael Nahuel establece un punto de inflexión. La creación del enemigo terrorífico cobra dimensión nacional. La estigmatización prepara la recepción de las soluciones represivas. La trama del terror le asigna a los mapuches características estratégicas: el conflicto de tierras, lo rural, la fácil creación de imágenes ligadas al caos, la anarquía y la bestialidad: lo lejano y ajeno. El mapa de la zona lo traza Benetton. Se trata de un “cambio cultural” –dijo Macri-, necesario para que las fuerzas de seguridad “no sean vistas como delincuentes”. Una secuela de los dos demonios. Terrores necesarios para controlar los terrores urgentes.
La afirmación de la violencia represiva es confesional: tiene el grado de verdad anticipada. El gobierno lanza, así, una especie de cartografía del terror social: caracteriza enemigos y define estrategas diferenciales. El proceso para volver a esa aspiración de gabinete: aquellos tiempos cuando “al dar la voz de mando, había que entregarse”.
La ministra Bullrich fue más explicativa: “No necesitamos pruebas” –resumió. A su vez, como si se tratara de una torpeza macabra, encuestadores, panelistas, columnistas y opinólogos, replican que la imagen de Bullrich se fortaleció con el caso Maldonado. Instalan sus verdades anticipadas y luego operan sobre ellas. Provocan y agreden para lesionar el tejido de reivindicaciones que tiene a los derechos humanos como centro fundamental de la democracia.
Hacia esas bases -esos ánimos derrumbados- proyectan el consenso del terror que propagan entre la dirigencia. Por eso Macri se entusiasmó tras la urgente salida del gobernador rionegrino, Weretilneck, condenando a la comunidad mapuche y defendiendo el accionar de Prefectura. Un ejemplo a imitar por los gobernadores de Chubut y Neuquén. Cambiemos tiene el problema del peronismo: así se mete en ese lodo, estrecha la cincha de los gobernadores. Pero el peronismo racional de Pichetto tiene ahora la incomodidad de Cristina en el Senado.
Por eso, el gobierno también produce la amenaza civil. El lenguaje, la intensidad y la gestualidad, son bélicas. Son los ciudadanos-consumidores los que corren peligro: una forma de vida a la que apelan. Las comparaciones con ISIS y el califato islámico no son solo ignorancia crasa y racista, sino que producen oleadas de espanto suficientes para arrasar los territorios comunitarios. La política de Defensa -tan sacudida por sus fallas y omisiones durante las últimas semanas- tiene una signatura inamovible: energías y recursos volcados hacia la seguridad interior. Telenoche emite en primetime el melodrama del gendarme humanizado. La historia tormentosa tras la represión en la que mataron a Santiago Maldonado, el sufrimiento de la familia, los honores de pertenecer a la fuerza: el “garante de la ley” violentado por los “ocupantes ilegales”.
El gobierno sufre el apuro para cumplir con los compromisos. Alardeó con el reformismo permanente. Pero la reforma laboral se le trabó en el Senado. Sacaron la previsional. Pero Pichetto dijo: esperen, Moyano está en la calle. Y Moyano volvió al PJ. Y se une con los “endemoniados”. Unidad para marchar a fin de año. Justo cuando están los viceministros de Finanzas en Bariloche. Diciembre de 2018 es la gran fecha. El salto al mundo. Por eso, la patagonia es la región convulsiva. Agitan la inseguridad: amplifican y refuerzan los operativos. El sonajero de inversiones necesita exhibir tierras calmas en el sur. Controladas. El gobierno desoye cuidadosamente todas las advertencias y sanciones de organismos de derechos humanos.
En los frentes urbanos y los frentes rurales se aplican diferentes movimientos. Pero la misma orientación. Carpetazos amenazadores a dirigentes sindicales o extorsión a las provincias para que firmen el Pacto Fiscal. El terreno de la política, idas y vueltas con el poder judicial. Cárcel y denigración pública. Otro tipo de terror. Corrupto. Hace mover la máquina y presiona. Suelta la violencia represiva cuanto mayor sea el marco de condiciones dadas. Corre un poco más allá la línea. Cabe todo: protestas, piquetes, tomas, cortes, hordas anarquistas, rejuntes gremiales, militancias subsidiadas, células armadas. Lo que interrumpa los flujos. O el robo, los asaltos, asesinatos, violaciones y otras violencias cotidianas. Un compuesto del estado de emergencia. El aval para el uso de la fuerza. La necesidad de orden. A cualquier precio. Lo dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti: el beneficio de la duda a las fuerzas de seguridad. La “decisión de Estado”.
*Por Lucas Paulinovich para Sin Cerco. Foto: Colectivo Manifiesto.
