Las leyes del agronegocio avanzan en el Congreso
A un año del final del acampe que echó a Monsanto de Malvinas Argentinas, en el Congreso de la Nación avanza el debate de proyectos de leyes que buscan profundizar y extender el modelo agroindustrial basado en el uso de transgénicos y agroquímicos.
Por Redacción La tinta
Senadores y diputados analizan la modificación de la Ley de Semillas para privatizar su uso y una nueva normativa para ampliar y flexibilizar la aplicación de herbicidas y fertilizantes. Carlos Vicente, de la organización GRAIN, cuenta la situación en que se encuentran estas iniciativas, que implicarían más beneficios para las grandes corporaciones a costa de la salud y la soberanía alimentaria.
Durante el último mes, hubo distintas alarmas por el avance en Diputados y Senadores de proyectos de leyes que buscan privatizar el uso de semillas cobrando regalías y reducir las limitaciones a la aplicación de agrotóxicos. En la misma época, el gobierno de Mauricio Macri anunció la asunción del presidente de la Sociedad Rural Argentina Luis Miguel Etchevehere, como nuevo Ministro de Agroindustria.
En diálogo con La Tinta, Carlos Alberto Vicente de GRAIN – Acción por la Biodiversidad y de la Multisectorial Contra la Ley Monsanto de Semillas, explicó la situación en que se encuentran estas iniciativas. Por un lado, en una reunión de asesores de la Comisión de Agricultura de Diputados, se debatieron los nueve proyectos presentados de modificación de la Ley de Semillas, de los cuales ocho plantean restringir el uso propio y “limitar la posibilidad de que un agricultor guarde semillas para volver a sembrar, que es el principio básico de la agricultura”, explica Vicente.
A su vez, distintas comisiones del Senado se reunirían el 8 de noviembre para debatir sobre dos proyectos de ley para regular el uso de agroquímicos. Uno de ellos, de Fernando Pino Solanas, prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos y limita las terrestres a 1.500 metros de zonas pobladas. Pero el proyecto que tiene más probabilidades de ser aprobado es el presentado por el diputado kirchnerista Luis Basterra, que cuenta con el apoyo del macrismo y ya tiene media sanción. El mismo implica un retroceso en diversos aspectos en cuanto a la limitación de la aplicación de fertilizantes y herbicidas en el país, a pesar de los reclamos de la población e incluso de los dictámenes judiciales y las normativas locales que llevan años buscando detener las consecuencias de los agroquímicos en el ambiente y la salud.
—¿Cuáles son las principales novedades y movimientos que se han dado en el último mes en el Congreso en relación a la ley de semillas?
—Después de un año en el que no hubo movimientos sobre este tema, lo que pasó hace unas semanas es que el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, el diputado Gilberto Alegre del massismo, llamó a una reunión de asesores de todos los sectores políticos para empezar a discutir los nueve proyectos que ingresaron el año pasado al parlamento. Había un proyecto oficial, más proyectos de distintos sectores, desde Aapresid –Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa- hasta la Federación Agraria Argentina.
Nosotros, como Multisectorial Contra la Ley Monsanto de Semillas, pudimos participar de la reunión, así que pudimos escuchar la discusión e incluso opinar y plantear que nos oponemos a la modificación de la ley. En esa discusión no se avanzó para sacar un proyecto unificado, así que nos quedamos más tranquilos porque no hubo avances, ni siquiera hubo una nueva fecha para trabajar ni una agenda marcada alrededor del tema. Pero sabemos que las presiones para que se apruebe una ley de semillas van a ser muchas ahora que pasó el momento en que todos los diputados estuvieron atendiendo las elecciones y no trabajando en su función legislativa, así que estamos atentos a lo que pase.
—¿Qué características tienen los proyectos de ley de semillas que se quieren aprobar? ¿Qué implicancias tendría para productorxs y campesinxs y qué cambios implicaría respecto de la situación actual?
—Todos los proyectos, salvo el de Federación Agraria, avanzan en la restricción del uso propio de las semillas: limitar la posibilidad de que un agricultor guarde semillas para volver a sembrar, que es el principio básico de la agricultura. Si un agricultor no puede guardar semillas para volver a sembrar se corta la cadena de la agricultura, que lleva más de 10 mil años de trasmisión de campesinos a campesinos en toda la historia de la humanidad y en todos los pueblos del mundo. Esto es lo que las corporaciones pretenden frenar para poder cobrar regalías cada vez que se vuelve a sembrar una semilla que tiene lo que ellos llaman “derecho de obtentor”.
Nuestra ley de semillas, que está vigente desde el año ´73 -aprobada en los últimos meses de la dictadura- estableció los derechos de obtentor. Entonces en Argentina ya se pueden registrar y privatizar las semillas, pero la norma reconoce la posibilidad de lo que ellos llaman “uso propio”, o sea que cualquier agricultor que compró una semilla que tiene derecho de obtentor puede volver a sembrarla sin hacer trámites ni pagar regalías, y esto es lo que ahora quieren frenar los distintos proyectos. Por ejemplo, el proyecto de Aapresid sostiene que se paguen regalías por 14 años, o sea que un agricultor cada vez que vuelve a sembrar una semilla que tiene derecho de obtentor declare cuánto guarda para sembrar y pague las regalías por eso durante 14 años. El proyecto oficial plantea tres años de pago de regalías y el proyecto de Federación Agraria, si bien reconoce el derecho de obtentor, es el único proyecto que plantea que no hay ninguna restricción al uso propio.
El avance de las fumigaciones
En los últimos años, el juicio histórico del barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, que consideró por primera vez las fumigaciones como delito, y la aprobación de diversas normativas en provincias y municipios para restringir el uso de agrotóxicos en zonas urbanas demostraron la necesidad de poner un límite a esta actividad a raíz de sus consecuencias en el ambiente y la salud de la población. Sin embargo, ahora avanza en el Congreso un proyecto de ley que permitiría ampliar aún más la aplicación de fertilizantes y herbicidas en el país.
—¿Qué proyectos están en debate en este momento en cuanto a la regulación del uso y aplicación de agrotóxicos?
—La semana pasada tuvimos la alarma de que un proyecto que tiene media sanción en Diputados se iba a tratar en una reunión de varias comisiones, en este caso en Senadores. Finalmente el llamado a esta reunión se suspendió, y hoy recibimos la información de que habrá reunión para discutir los dos proyectos que están dando vueltas el día 8 de noviembre. Desde muchos sectores estamos movilizándonos para estar atentos porque sabemos que el proyecto de ley del diputado Basterra es el que tiene más probabilidades de salir y retrocede en muchos aspectos en cuanto a las limitaciones a las fumigaciones en zonas urbanas, escuelas, etc. Hay otro proyecto de Pino Solanas, que plantea un límite de 1500 metros a las fumigaciones, pero claramente es difícil que lo aprueben nuestros legisladores, que están más del lado del sector rural y de los intereses de los productores de soja que de nuestra salud.
El proyecto de Basterra ya tiene media sanción en Diputados, donde ya fue bastante escandaloso el tratamiento. Creemos que es importante que la sociedad sepa y se movilice, hay campañas de firmas para que esta ley no se apruebe, porque puede ser un fuerte retroceso, uno de los muchos que estamos teniendo. La designación de Etchevehere como ministro de Agroindustria muestra claramente que el proyecto que tienen es la entrega de todo nuestro campo a la Sociedad Rural como única vía de producción.
—¿Qué pasaría si se aprueba el proyecto oficial en relación a las prohibiciones y limitaciones a las fumigaciones que han establecido provincias y municipios, así como otras leyes vigentes que buscan proteger el ambiente y la salud?
—Lo más posible es que entren en conflicto y que los productores rurales que quieren seguir fumigando planteen la inconstitucionalidad de las normas locales, provinciales o municipales. Pero también esto va a ser motivo de conflicto, porque si está en juego la salud pública obviamente tomar mayores protecciones es un derecho que tienen las comunidades, y esto seguramente desatara una ola de conflictos jurídicos. Lo importante es que estas normas municipales se han logrado sobre todo con las luchas de las comunidades, que son las que van a seguir defendiendo su calidad de vida y estos límites que se han logrado frente a situaciones en las que constantemente intentar hacernos retroceder. Es una batalla permanente.
—A un año de que se levantó el acampe que logró echar a Monsanto de Malvinas Argentinas ¿Qué lugar están ocupando hoy las corporaciones del agronegocio en el país? ¿qué desafíos implica este momento para los movimientos socio-ambientales?
—El desplazamiento y el freno a Monsanto en Malvinas Argentinas es un hito en el mundo. En casi ningún lugar se ha logrado que una comunidad pequeña y el esfuerzo de un puñado de gente lograran que una corporación se retirara. Lo que pasa es que obviamente no ha encontrado un freno. Entonces se fue de Córdoba, de hecho también tuvo el freno en Río Cuarto donde el intendente prohibió la instalación de una planta de Monsanto. Pero en este mismo momento, hace pocas semanas, ha anunciado la ampliación de su planta de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, lo que significa que no se le ha puesto un freno definitivo: por suerte se la logró vencer en ese espacio pero mientras tanto vivimos un crecimiento del poder de las corporaciones, que es cada vez mas tremendo.
Estamos viviendo todo el proceso de fusión entre Bayer y Monsanto. Bayer compró a Monsanto y en este momento está en estado de consulta a los organismos de defensa de la competencia en los distintos países para ver si se va a autorizar o no esta fusión. Es muy probable que se apruebe porque incluso en la Unión Europea, por ejemplo, Bayer está vendiendo parte de su Departamento de Semillas a Basf para hacer que se apruebe y no se diga que tiene el monopolio absoluto. Pero son oligopolios cada vez más poderosos que actúan de la mano y que aquí actúan claramente asociados al sector rural, que hoy tiene el poder en todo el Cono Sur. En Brasil, después del golpe parlamentario del actual presidente Temer, el ministro de agricultura es el rey de la soja Blairo Maggi. Como acá tenemos a Echevere, que en su discurso en la Rural habló descalificando a quienes tenemos preocupaciones por lo socio-ambiental y por la salud.
Supuestamente somos quienes nos oponemos al progreso, que es un progreso para ellos solos, porque mientras tanto los campos quedan vacíos y van a estar llenos de drones fumigando y de tractores automatizados que ellos operan desde la tablet en un país devastado. Eso es a lo que nos oponemos, y que si bien está creciendo, también están creciendo las resistencias. En diciembre se va a hacer en Buenos Aires la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio, y estamos preparando una serie de actividades con decenas de organizaciones. Va a haber un foro de soberanía alimentaria y una reunión de todo el Cono Sur para resistir este modelo sojero. Entonces las resistencias crecen y, por suerte, es cada vez más la gente que toma consciencia.
*Por Redacción La tinta.
