Por el derecho a intoxicar
Productores de Dique Chico, una localidad vecina de Alta Gracia, protagonizaron una insólita protesta contra el proyecto municipal que busca impedir las fumigaciones con agroquímicos a menos de 2000 metros del tejido urbano. Las quejas de los vecinos afectados.
Por Leonardo Rossi para Página/12
La calma de la pequeña comunidad de Dique Chico, vecina de Alta Gracia, crujió en los últimos días. Un acampe con personas encadenadas frente a la jefatura comunal alteró la cotidianeidad bucólica de este pueblo de unos 200 habitantes. Los originales manifestantes se salieron de agenda: no reclamaban contra algún tarifazo ni por falta de empleo. La protesta fue encarnada por empresarios rurales que se niegan a aceptar una regulación que busca limitar las fumigaciones con agroquímicos a 2000 metros del ejido urbano para resguardar la salud colectiva de los vecinos.
La imagen de los productores se difundió a través de un video compartido por el periodista de Mitre y El Campo-Córdoba y prosecretario de Comunicación Institucional de la UNC, Gustavo Mathieu, quien acompañó a los manifestantes. Allí puede contemplarse la protesta, donde uno de los encadenados señala: “Es una locura lo que está queriendo hacer este jefe comunal. Nos están avasallando”. A su lado, otro agrega: “Nos dicen envenenadores, nos están tocando la dignidad. Hay ciertos jefes comunales que se creen con el derecho de avasallar la propiedad privada”. El decorado de la protesta emuló una granja diversificada y ordenó prolijamente algunas ovejas, jaulas con pollos y bolsones con diversos granos.
No obstante, el reclamo vecinal que derivó en este intento de regulación no apunta contra la producción agropecuaria, y mucho menos si fuera este tipo de modelo el que dominara la zona. La realidad que viven los vecinos es bien distinta y lo corriente es padecer en sus viviendas las fumigaciones descontroladas producto del modelo agrícola de monocultivo y siembra directa. Incluso, los vecinos que reclaman un freno a las fumigaciones acercaron agrónomos y productores con experiencia en agroecología para ponerlos a disposición de ‘los encadenados’, que hasta ahora se niegan a transitar a otro tipo de agricultura.
El colectivo de Vecinxs Autoconvocados lleva más de un año con reclamos y diversas estrategias para revertir este cuadro. Esteban Jose explicó que “cuando fumigan eso llega a los patios de las casas, a la escuela”, por lo que “se hicieron denuncias públicas, reuniones con autoridades e intentos de diálogo con los productores”. Hasta ahora nada había prosperado. Luego de algunas charlas brindadas por Médicos y Abogados de Pueblos Fumigados, y la junta de más de cien firmas en apoyo al reclamo, el jefe comunal Nilo Pérez decidió avanzar en una regulación.
La reacción del agro no se hizo esperar. En una semana, recibió como respuesta una movilización dominada por camionetas y finalmente el acampe con ‘los encadenados’. El jefe comunal Nilo Pérez sostuvo ante PáginaI12 que se buscará en los próximos días “alcanzar una mesa de diálogo para poder explicar los motivos que tenemos para regular las fumigaciones”.
“A mí no me lo contaron, a mí la deriva de agroquímicos me ha llegado a mi casa. Cuando hay viento eso vuela kilómetros, y cada vez hay más casos de afectados en la salud. Más allá de que los productores digan que hacen buenas prácticas eso es difícil de controlar”. Por otra parte, remarcó que “se van a buscar todos los recursos técnicos para que se reconviertan a la agroecología, nadie quiere que se vayan ni que dejen de producir”.
La propuesta, que aún debe ser ajustada previa a su publicación, propone crear una “zona de resguardo ambiental” de 2000 metros en torno a la planta urbana, como así también de la escuela. En ese espacio se prohíbe “la utilización en toda forma, de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la pulverización” agrícola, excepto productos destinados a prácticas orgánicas. Asimismo, crea a partir de la zona de resguardo, un área de 1000 metros donde sólo se podrá realizar la aplicación terrestre de productos químicos de las clases toxicológicas III y IV, las menos riesgosas según clasifica el Senasa.
Este proyecto supera ampliamente la actual legislación provincial. Desde 2004, Córdoba cuenta con la Ley 9.164 que pone un límite de 1.500 metros a las aplicaciones aéreas y 500 metros para las terrestres respecto de las zonas urbanas sobre los productos considerados más tóxicos (clase I y II). La norma hace una excepción a los productos clase toxicológica III y IV, menos tóxicos según el Senasa. En esos casos las aplicaciones aéreas pueden realizarse a 500 metros del radio urbano y de forma terrestre incluso dentro de esa zona, lo que lleva a situaciones como las que padecen en Dique Chico. La legislación ambiental plantea el principio de progresividad, por lo que de concretarse esta resolución comunal estaría a tono con el espíritu normativo que rige en Argentina.
Esteban Jose recordó que “hay ordenanzas en todo el país, y juicios sobre este tipo de casos, en particular en Córdoba”. Sobre este punto, la provincia marca una referencia con el juicio de Barrio Ituzaingó Anexo cuyo fallo fue el primero en condenar a un productor agropecuario y un aeroaplicador en el marco de la Ley de Residuos Peligrosos. Esta sentencia de 2012 fue ratificada días atrás por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además en la provincia existen diversos estudios en torno al impacto de las fumigaciones con agroquímicos en la salud colectiva, refrendados en publicaciones científicas internacionales, como las realizadas por el Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental de la Universidad Nacional de Río Cuarto y las correspondientes al grupo Red Universitaria de Ambiente y Salud de la UNC.
“¿Qué más hay que demostrar? Somos vecinos que entendemos que el derecho a la salud está por encima del derecho de ellos a fumigar”, enfatiza el representante del colectivo vecinal.
Por Leonardo Rossi para Página/12.
