Aborto: un problema de salud pública y, principalmente, de garantía de derechos
Por Redacción La tinta
El aborto es practicado por la mayoría de las mujeres en algún momento de la vida. Nacer en algunos contextos garantiza derechos que en otros no; no sólo por los países que tienen legalizaciones sino también por el sistema de salud, el empoderamiento de los y las profesionales de la salud y las políticas públicas en los lugares donde no hay leyes pero hay causales. No es lo mismo abortar en Jujuy que en Tierra del Fuego: parecería ser todo parte de la suerte de donde nos encontramos. Anualmente implica muertes y problemas de salud para mujeres y genera gastos al sistema de salud. Pero además, constituye parte de los derechos humanos, sexuales y no reproductivos.
El aborto como problema de salud pública
La mortalidad de las personas gestantes en los países en desarrollo suele tener como primera causa el aborto. Esto tiene que ver con leyes restrictivas al respecto y espacios de salud poco amigables y, entre otras causas. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación -del año 2012- mueren 3,2 mujeres por causas relacionadas con el embarazo cada 10 mil nacidos vivos. Argentina no disminuyó a 1,3 muertes por 10 mil nacidos vivos en 2015 como especificaban los objetivos del Milenio.
Además, más allá de las leyes vigentes no es lo mismo el riesgo de morirse por un aborto en San Juan que en Formosa, lo cual constituye un contexto de discriminación y desigualdad.
En el mundo se llevan a cabo 42 millones de abortos; la mitad son en contextos de inseguridad. En Latinoamérica se producen 4,2 millones, de los cuales se generan un millón de personas hospitalizadas y 1.100 muertes anuales.
A causa de los abortos realizados en condiciones inseguras cada año:
• Mueren 47.000 mujeres en el mundo.
• 1.7 millones de mujeres quedan infértiles.
• Los sistemas de salud gastan 680 millones de dólares tratando las complicaciones.
• Cada día mueren 3 mujeres en Latinoamérica
El aborto como derecho sexual y no reproductivo
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los derechos sexual y (no) reproductivos son un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad.
Son todos aquellos derechos básicos de las personas y parejas, que se vinculan con el libre ejercicio de la sexualidad y la reproducción humanas, independientemente de la edad, condición social, etnia y religión.
Los derechos sexuales implican:
– Gozar de igualdad, respeto mutuo y responsabilidades compartidas.
– Ejercer la sexualidad independiente de la reproducción.
– Decidir libre de discriminación, presión o violencia.
– Ejercer la sexualidad libre y placentera.
– Recibir, dar y sentir placer.
– Acceder a educación sexual integral.
Y los derechos reproductivos contemplan:
– Decidir libre de presión, discriminación y violencia el número de hijxs que se desean y en qué momento.
– Tener acceso al más alto nivel de salud reproductiva.
– Recibir información sobre métodos anticonceptivos y de prevención de las infecciones de transmisión sexual.
– Tener asesoría y acceso a servicios de anticoncepción
Si analizamos los motivos por los cuales las mujeres o personas con capacidad de gestar quedan embarazadas con plena seguridad se ven afectado alguno de todos los puntos anteriormente mencionados. Por lo cual considerar al aborto en el marco de los derechos sexuales y (no) reproductivos es fundamental para comprender por qué el aborto libre debería de ser un hecho. Y constituye una falta de garantía de derechos no poder acceder a servicios de aborto legal y seguro.
Por lo que podemos concluir que prohibir el aborto es atentar contra los derechos humanos y puntualmente sexuales y (no) reproductivos de las personas gestantes. Es un factor de desigualdad de géneros en cuanto al cuidado de nuestra salud, a las libertades de decidir sobre nuestros cuerpos y vida y además genera gravísimos problemas sobre nuestra salud e incluso la muerte. Ni hablar la desigualdades sociales que se ven reflejado en esta práctica ya que como en la mayoría de las cosas las personas pobres o con dificultades al acceso a los servicios de salud son quienes pagan peores las consecuencias.
Mirar para otro lado y no asumir la responsabilidad del gobierno es abandonar los compromisos que requiere ser funcionarios públicos. Eso es lo verdaderamente ilegal.
* Por Redacción La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto.
