Cuando la violencia policial en las protestas es violencia machista
Hace unas semanas en Argentina, 31 personas fueron detenidas arbitrariamente en el marco de una manifestación que reclamaba la aparición de Santiago Maldonado. Diez de ellas eran mujeres. En sus relatos emerge la violencia machista que pesa sobre los cuerpos feminizados en conjunto con la violencia institucional cuando las mujeres sufren la represión.
Por María Florencia Alcaraz para Latfem
Los relatos que recupera el relevamiento siguen un determinado patrón. Tocamientos, desnudez forzada, amenazas de violación, golpes en la vagina y en los pechos, insultos de carácter sexual: acciones que vulneran gravemente la integridad física, psíquica y la dignidad de las mujeres.
A una de las detenidas la despertaron mientras dormía en la celda, la obligaron a desnudarse mientras tres agentes policiales varones la miraban y uno de ellos filmaba los tatuajes de su cuerpo a una distancia corta en la Comuna 12. Otra chica de 23 años tenía que amamantar a su bebé, sin embargo, estuvo encerrada en una celda de un metro y medio por un metro y medio durante casi dos días. Cuando fueron a declarar en sede judicial a todas les preguntaron por su orientación sexual.
La protesta por la desaparición de Santiago Maldonado del último viernes terminó con 31 detenidxs, de lxs cuales 10 eran mujeres jóvenes de entre 19 y 30 años. Un saldo represivo que se ensancha: no es el primer episodio de violencia policial que las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires protagonizan desde el debut del nuevo gobierno. Entre el 7 y el 8 de marzo 26 personas fueron reprimidas y judicializadas en torno a las acciones por el Paro Internacional de Mujeres en Argentina. Los relatos de las personas detenidas ponen en evidencia cómo violencia policial y violencia machista se intersectan en los cuerpos de las manifestantes presas en el marco de protestas sociales.
“Cuando nos detuvieron y escuché que una de las chicas pidió para ir al baño pero no tenían personal femenino, me di cuenta de que todo el procedimiento era ilícito”, dice a LATFEM Paola Barriga, una joven de 26 años, estudiante de fotografía de la Universidad de Avellaneda. Ella estuvo encerrada en la Comuna 30. Había ido a la marcha a registrar con su cámara de fotos. Vio que le pegaban a una persona y quiso intervenir. Sintió un impacto en su cadera y se cayó. Le habían dado una patada. De inmediato, cuatro oficiales varones la llevaron a la rastra. Su equipo fotográfico quedó desmembrado en el suelo. Una vez en la dependencia policial escuchó que un policía joven le decía a otrxs de lxs detenidxs: “Somos oficiales y deberían volver la época de los vuelos”.
“A la violencia contra los participantes de manifestaciones en general, en diferentes países del continente se suman casos de violencia física, sexual y verbal, vinculados con el hecho de ser mujer. En diversos países de la región se registran manifestaciones de violencia de género en el actuar policial a través de amenazas o agresiones verbales de connotación sexual y del uso excesivo de la fuerza”, señala el documento Los Estados latinoamericanos frente a la protesta social, una publicación editada en Argentina por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) en la que colaboraron organismos de Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Los relatos que recupera el relevamiento siguen un determinado patrón. Tocamientos, desnudez forzada, amenazas de violación, golpes en la vagina y en los pechos, insultos de carácter sexual: acciones que vulneran gravemente la integridad física, psíquica y la dignidad de las mujeres. “En este contexto, además de reprimir la protesta, el poder y la violencia buscan restablecer los roles tradicionales de género que le asignan a las mujeres un mandato de pasividad social”, dice el documento de los organismos. No se trata de un fenómeno nuevo, “suele estar invisibilizado y de esta manera se contribuye a perpetuar prácticas de violencia contra las mujeres por parte policías y agentes del Estado”.
A Javiera Sepúlveda carabineros chilenos le patearon en la vagina en 2011 en el marco de una manifestación estudiantil. En ese momento tenía 15 años. Ana, una joven universitaria chilena, fue detenida después de una marcha en Temuco. La agredieron verbalmente y después la obligaron a desnudarse en la comisaría.
“Pinches putas ¿pero querían venir a marchar?”; “esta putita está bien puesta para que nos la cojamos”; “métele la mano hasta el bizcocho” o “váyanse a la casa perras culiás”: son algunos de agresiones verbales que registra el informe a mujeres manifestantes de Brasil, México y Chile.
Otras manifestaciones de la violencia machista en manos de agentes policiales incluyen el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas de los movimientos de mujeres y feministas. En Chile, en marzo de 2016, hubo 7 femicidios en 7 días. Las organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans convocaron a una manifestación al palacio de gobierno para exigir una “alerta de género”. Eran 50 mujeres manifestantes y se presentaron alrededor de 50 agentes de fuerzas especiales con camiones hidrantes. El operativo terminó con 9 mujeres y 3 hombres detenidxs, golpes, patadas e insultos por parte de los agentes policiales. En Brasil, en noviembre de 2015, participantes de la I Feria del Libro Feminista y Autónoma, en Porto Alegre, fueron agredidas y amenazadas por la policía. “Además, en las Marchas das Vadias, que ocurren en diferentes ciudades del país, es común que las participantes sufran ofensas de carácter sexual y en algunos casos agresiones y amenazas”.
El último 8 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires, las policías Federal y de la Ciudad tuvieron un despliegue represivo en la manifestación con la que culminó el Paro Internacional de Mujeres. Hubo una “cacería policial” que se aprovechó de la desprotección de las personas una vez que terminó la movilización: 15 mujeres fueron detenidas de manera arbitraria y con violencia. Varias relataron, más tarde, que fueron requisadas de manera vejatoria. Muchas fueron obligadas a desnudarse durante la detención, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, las detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y la lesbofobia. Las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros insultos. 15 mujeres y 5 varones quedaron imputadxs con diferentes figuras como atentado, resistencia a la autoridad y lesiones.
“La investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser subsumidos en los tipos penales vinculados a la violencia institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”, señala un dictamen hecho por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) en el que concluye que se trató de hechos de violencia institucional. El CELS ejerce la defensa de Laura Arnes, Agostina Invernizzi y Natalia Milduberger en las causas armadas en su contra y, en representación de Milduberger, la querella contra la policía por las detenciones arbitrarias y las requisas vejatorias.
La protesta social es un derecho fundamental para la defensa de otros derechos. Muchos de los derechos y libertades del presente son consecuencia de luchas y conquistas que sucedieron en las calles en el pasado. Sin embargo, los Estados latinoamericanos reproducen prácticas para restringirla, impedirla o criminalizar. En Argentina, la gestión de Cambiemos está marcada desde su debut por hechos de violencia policial a manos de las fuerzas federales, de la Policía Bonaerense y de la flamante Policía de la Ciudad, fusión entre la Metropolitana y la Policía Federal.
Observar el accionar policial en clave de géneros obliga a decir que el foco principal de la violencia institucional son los varones y esto tiene un correlato con las estructuras sociales y las expectativas de géneros que pesan sobre todas las personas. Los varones, en especial aquellos que habitan barrios pobres, son las principales víctimas del hostigamiento y la violencia policial. Son, también, la mayoría de los detenidos y reprimidos cuando se trata de manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo y vivienda. Basta con repasar las identidades de aquellos asesinados en manos del Estado en el marco de protestas. Pero no hablar de las particularidades que conllevan las detenciones de las identidades femeninas es silenciar una parte del relato.
*Por María Florencia Alcaraz para Latfem / Fotos: Colectivo Manifiesto.
