Hábeas corpus colectivo contra allanamientos y criminalización a las organizaciones
Organizaciones sociales y centros culturales de Córdoba presentaron un amparo por los allanamientos que la Policía de Córdoba ejecutó hace diez días en sus locales. En conferencia de prensa, los involucrados expusieron los motivos y preocupaciones que motivaron la presentación judicial: “Se encuentra amenazada la libertad ambulatoria de los compañeros”.
Por Débora Cerutti para La tinta
Por la mañana del jueves 7 de septiembre, varias de las organizaciones sociales que fueron allanadas la semana anterior junto a los abogados Sergio Job y Alejandro Brussa presentaron un hábeas corpus colectivo en Tribunales II por los allanamientos que encargó el fiscal Gustavo Dalma tres días después de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y un día antes de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado.
“Los hechos que denunciamos se expresaron en la destrucción parcial de nuestros espacios políticos, secuestro de materiales (carteles, pancartas, bombos, redoblantes, etc.), detenciones arbitrarias, golpizas por parte de la Policía a familiares víctimas del gatillo fácil, maltrato y hostigamiento a las personas que se encontraban en los locales allanados, entre otras acciones que tuvieron el claro objetivo de sembrar miedo para evitar la movilización del viernes pasado donde se reclamó por la aparición con vida de Santiago Maldonado”, afirmaron en un documento conjunto las organizaciones.
El hábeas corpus preventivo colectivo nombra los allanamientos y solicita al juez que tome recaudos, exhorte a las autoridades y las fuerzas represivas a que estos procedimientos no vuelva a ocurrir. El amparo apunta a que el Poder Judicial por medio del Juez de Control N° 7 a cargo de motorizar el hábeas, realice una investigación sobre los hechos. La misma presentación ofrece testimonios y pruebas para fundamentar el temor de represalias hacia los miembros de los espacios allanados.
En referencia a los hechos, en la conferencia los abogados afirmaron: “El jueves hubo sin anticipo y sin orden judicial 4 detenciones de compañeros que participan de alguna manera en espacios organizativos; 14 allanamientos; además de la violencia y de que se llevaron instrumentos de música, banderas. No se encontró ninguna cuestión relacionada con delito”.
Uno de los abogados subrayó que los operativos que se llevaron a cabo fueron «desproporcionados» ya que con la excusa de investigar un delito común, se perpetró un «ataque directo a todas las organizaciones sociales con un mensaje claro de que ellos estaban mostrando los dientes y puede seguir agudizándose”.
Una vez que llegue el hábeas corpus al juez de control, se debería convocar a los abogados junto a los testigos para realizar la investigación correspondiente. En la conferencia de prensa, se planteó la situación de vulnerabilidad sobre la libertad ambulatoria e integridad física de los militantes sociales y políticos del campo popular cordobés y en función de eso le piden al juez que libre exhorto a las autoridades policiales para que se abstengan de realizar cualquier tipo de persecución infundada sobre militantes organizados en espacios colectivos.
Anarquismo y estigmatización
Los espacios colectivos allanados destacaron que tanto en Córdoba como en Buenos Aires -en la concentración por la aparición con vida de Santiago Maldonado-, las personas detenidas fueron imputadas por el mismo delito: «intimidación pública«.
La figura “intimidación pública”, según los abogados, no se adecua a los hechos ocurridos, posee una intencionalidad política y pretende generar una situación de violencia: “Como si estuviéramos atravesando una situación de violencia política por parte de las organizaciones cuando en realidad lo que estamos viviendo es una situación de violencia política por parte del Estado, atacando y persiguiendo a las organizaciones y a quienes se organizan”, afirmó el abogado Sergio Job.
Por otra parte, uno de los integrantes del Espacio Social Anarquista que fue allanado junto a otros tres espacios en Barrio Güemes en la inaudita jornada del día jueves 31 de agosto, aseguró que en el operativo policial actuaron efectivos sin identificación, autos sin patente y móviles con personal de civil: “Acá en Córdoba la protección política hacia la Policía es muy fuerte. Creemos que hubo una gran campaña antes del jueves para preparar la opinión pública. Ese día sucedieron todas estas irregularidades que mencioné con el agravante que el fiscal Gustavo Dalma tiene causas muy sensibles para la provincia, por ejemplo la desaparición de Facundo Rivera Alegre, y no vemos que en ninguna de las otras causas haya desplegado semejante operativo y semejantes medios en simultáneo para llegar a la verdad”.
Respecto al rol de los medios masivos de comunicación, Manolo -otro de los participantes de la conferencia- alertó acerca la estigmatización que están produciendo hacia el anarquismo a nivel mediático, brindando datos erróneos y falsos. Por citar un ejemplo, el diario La Nación publicó una nota la semana pasada que plantea la “detección de una célula anarquista” en Córdoba.
Al respecto Manolo expuso: “Queremos decir públicamente que el anarquismo existe en Córdoba y ha existido por mucho tiempo. El anarquismo en Argentina tiene más de 100 años con una tradición histórica y pública. O sea que no es muy acertado la detección de una célula. No somos células. Somos militantes sociales y políticos que estamos a la luz del día. No hay nada difícil en detectarnos. Incluso pueden encontrarnos, conocer nuestros locales. Porque la mayoría de las organizaciones que fuimos allanadas somos organizaciones sociales, culturales políticas abiertos”.
Estuvieron también en la conferencia de prensa miembros de la Biblioteca Popular Heraldo Eslava, de Villa La Maternidad, de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) que describieron los modos en que se realizaron los allanamientos, y el secuestro de banderas, actas de las organizaciones, instrumentos musicales, cajas de alimentos y teléfonos celulares. Respecto a este último elemento, Maximiliano de las FOB afirmó: “La orden de allanamiento no lo manifestaba pero fueron arrebatados y todavía no nos los han devuelto”.
Un poco más tarde se hizo presente también en la conferencia de prensa Eduardo Salas, legislador provincial del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, quien afirmó que lo sucedido el día jueves “se inscribe en el intento tanto nacional como provincial de crear en Argentina un estado de excepción”.
* Por Débora Cerutti para La tinta / Imagen: Colectivo Manifiesto
