Bolivia retoma la agenda de infraestructura frente a la tempestad geopolítica

5 septiembre, 2017 por Redacción La tinta

La estabilidad económica de Bolivia viene siendo amenazada por la turbulencia de la geopolítica regional y los planes de desestabilización de las derechas locales y los EEUU. En medio de esta situación, el gobierno de Evo Morales retoma la agenda de infraestructura e impulsa nuevamente la carretera del TIPNIS.

Por Shirley Ampuero y Javier Calderón para Celag

El 8 de agosto del 2017, el presidente Evo Morales y su vice Álvaro García Linera completaron 11 años al frente del gobierno boliviano, liderando uno de los procesos más sólidos de transformación social, económica, política y cultural en toda la región. Un proceso cuyos hitos fundacionales están centrados en las luchas sociales de indígenas y campesinos, y en sus desarrollos de gobierno en una gran movilización social por las transformaciones culturales y los cambios en la estructura económica, que sin ninguna duda han ampliado y profundizado la democracia.

El gran esfuerzo político por la nacionalización de los recursos naturales bolivianos, cambió las condiciones de híper explotación que existían hasta 2005, bajo las condiciones de tutelaje semicolonial de los Estados Unidos. Resulta importante recordar que el gas y el petróleo boliviano eran extraídos por las transnacionales con la fórmula 80% de ganancias para las empresas y 20% para el Estado nacional. Con la nacionalización esa formula se invirtió: el 80% de las ganancias fueron para la construcción de un Estado inclusivo y con el objetivo de justicia social, el 20% para las transnacionales -quienes se quejaron y resistieron pero continuaron extrayendo después de los cambios- confirmando la existencia de grandes márgenes de ganancia en el negocio y la justeza de la medida soberana.

En buena medida es debido a ello que Bolivia se mantiene en unas condiciones de ‘buen vivir’ muy superiores a la realidad existente antes del primer mandato de gobierno del Movimiento al Socialismo-MAS. En medio de la actual desaceleración económica mundial que algunos teóricos asumen como recesión, Sudamérica -dependiente y centrada en la economía primaria- sufre los efectos negativos en las finanzas nacionales y en la política fiscal por la caída de los precios mundiales de las materias primas, la enconada ofensiva conservadora para revertir los cambios industrializadores, de distribución del ingreso y por imponer de vuelta las medidas neoliberales en toda la región;  un contexto recesivo en el que Bolivia sale airoso sin procesos inflacionarios ni atisbos de escasez o dificultades de acceso a alimentos o productos básicos, vinculados al autoabastecimiento soberano de alimentos y de ordenamiento de las cadenas productivas [1].

Combinando una economía exportadora de productos primarios y de generación de empresas agroalimentarias nacionales se logró entre 2010 y 2017 duplicar el PIB del país (crecimientos de más del 4% anual), según lo constata el Banco Mundial[2], con su efecto virtuoso sobre otros sectores de la economía interna. Un proyecto económico que espera ampliarse en el 2018 con la relación político comercial fortalecida el 15 de agosto en la reunión del canciller boliviano Fernando Huanacuni y su homólogo de China: Wang Yi, en la que hablaron de la visita de Evo Morales al gigante asiático y anunciaron el ingreso del país andino como miembro activo del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura.

Crecimiento del PIB de Bolivia 2010-2017

Bolivia busca mayor estabilidad económica y política, pues sabe que no está exenta de provocaciones o ataques foráneos, en especial, por la sostenida estrategia de asedio sobre Venezuela -uno de sus principales socios políticos en la región-.

Los planes de desestabilización de las derechas locales y de los EEUU contemplan avanzar sobre Bolivia: el 14 de agosto Peter Brennan -encargado de negocios estadounidense en Bolivia- profirió una amenaza que lo comprueba[3]. El diplomático declaró que “ojalá Bolivia nunca llegue al punto en que se encuentra Venezuela”, afirmación que puede entenderse como una confesión de parte -por el papel de EEUU en lo que ocurre en Venezuela- y una velada amenaza, al tiempo que reafirma la intención de buscar quiebres y contradicciones en los sectores que siguen apoyando el proceso de cambio en el país andino para retomar la agenda destituyente desatada desde el comienzo del mandato de Morales[4].

Estas amenazas están relacionadas también con el papel de Bolivia en la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos-OEA, donde el embajador Diego Pary ha representado una posición soberana e independiente a la actuación del uruguayo Luis Almagro, secretario de la entidad, que viene operando con todas sus fuerzas para el derrocamiento del presidente Maduro de Venezuela. La estabilidad económica viene siendo entonces amenazada por la turbulencia de la geopolítica regional.

Bolivia retoma agenda de infraestructura

En el contexto de ese escenario político y económico, el 13 de agosto se promulgó la Ley 969 de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) que levanta la intangibilidad de ese territorio, generando un debate político de trascendencia entre el gobierno y la oposición boliviana. Una ley que permitirá al Estado la construcción de una carretera que comunicará al departamento de Beni (frontera con Brasil) con el departamento de Cochabamba, atravesando el TIPNIS sin pasar por el departamento de Santa Cruz.

En el 2012 la construcción de la carretera había sido sometida a “Consulta Previa, Libre e Informada” con las comunidades, cuyos resultados fueron positivos para la iniciativa del gobierno -por cuanto fue rechazada la intangibilidad del territorio- y se aceptó la construcción de la carretera. El gobierno tomó la decisión de suspender las obras después de la consulta, producto de la presión mediática, aunque 58 de las 69 comunidades que participaron en la consulta aceptaron la construcción de la carretera y 57 rechazaron que el TIPNIS continúe siendo un territorio intangible[5].

El presidente Evo Morales explicó que la construcción de la carretera por TIPNIS es factible, primero porque ya existe un camino en la zona y segundo -dado que el territorio que rodea al TIPNIS es muy hostil a la construcción de una carretera- atravesará 60 km aproximadamente de selva virgen[6]. Este asunto ya desató la polémica entre ambientalistas, ONGs financiadas por gobiernos contrarios al de Evo Morales y por la propia Iglesia católica (pieza fundamental en la colonización española) que a través de la conferencia episcopal declaró: “Que el levantamiento de la intangibilidad le apuesta a la colonización”.

Esta polémica ha sido utilizada por la oposición política en pleno escenario preelectoral. La misma rechazó la promulgación de la ley y las acusaciones gubernamentales que develan intereses económicos de los cruceños en el TIPNIS, asegurando que el interés es tan sólo ambiental. Norman Lazarte, diputado de Tarija por el partido Unidad Demócrata, demandó la inconstitucionalidad de la Ley 969 del TIPNIS, porque considera que vulnera los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de protección del medio ambiente [7]. Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia, afirmó que no están en contra de la construcción de una carretera que comunique a Beni, pero que se debería respetar el territorio del TIPNIS por razones ecológicas y pide coherencia política al gobierno[8]. Samuel Doria Medina también se manifestó en contra y solicita se realice un referéndum[9]. Cides-UMSA (centro de investigación) también rechaza la carretera y se desafiliará del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO porque tiene afinidad con el Gobierno de Evo Morales y “con su modelo político arbitrario que, a nombre de la falacia desarrollista, arremete contra los pueblos indígenas, fractura su liderazgo y divide sus organizaciones”, agrega el documento” [10].

Como muestra del respaldo, la nueva ley fue promulgada por el presidente Evo Morales ante importantes sectores del departamento de Beni en cabeza del Gobernador –Carmelo Lenz-, el Alcalde de San Borja Jorge Añez, habitantes de la región, ganaderos, transportistas, comerciantes y representantes de las comunidades: Oromomo, La Asunta, San Pablo del Isiboro, Santísima Trinidad, Puerto San Lorenzo, San Miguelito, Limo del Isiboro y de los Tsimanes[11].

La retoma de la agenda gubernamental de la construcción de la carretera es una fuerte apuesta del gobierno, la cual se relaciona con las necesidades de ampliar las actividades económicas productivas de la zona (castaña, ganadería, arroz, yuca, étc.) además de conseguir conectar al departamento de Beni hacia el centro del país.

Para el gobierno la consulta previa es una muestra del consenso con lo originarios de la región que apoyan la construcción de la carretera y rechazan la intangibilidad, aunque dirigencias de algunas comunidades están divididas, como la Subcentral del TIPNIS, cuyo presidente Fabián Gil rechaza la construcción de la carretera[12].

Los que apoyan la ley que revierte la intangibilidad -y el propio gobierno- presumen que las fuerzas opositoras a la construcción de la carretera provienen de la elites de Santa Cruz por intereses económicos y no por razones ecologistas, porque la carretera permitirá que Beni se comunique con el país sin pasar por Santa Cruz[13]. De cierta manera el debate sobre la carretera del TIPNIS levanta la discusión sobre el papel de la burguesía cruceña en la rebelión contra el MAS (de la media luna opositora en el 2009) y supone una disputa de fondo sobre la concepción de desarrollo no sólo del gobierno, sino de los sectores de poder que tuvieron el gobierno durante siglos y dejaron postradas las demandas de los pobladores de extensas regiones del país, mientras concentraron riquezas en algunas regiones.

El gobierno tiene el desafío de demostrar en la práctica las falacias de los argumentos en contra de la carretera que pueden resumirse en que las poblaciones -aunque la consulta previa dijo lo contrario- no quieren el proyecto de construcción de la vía por el costo ambiental, que la carretera facilitará el acceso a los cocaleros hacia la zona del Beni y que la vía se puede construir sin afectar al TIPNIS. Argumentos que no son contundentes y son expresados por sectores de poder con innegables intereses económicos y políticos sobre la región.

Una coyuntura boliviana que pone a prueba el apoyo al gobierno, que aún mantiene el 42% de apoyo a su gestión, según lo indica una encuesta de la empresa Ipsos publicada el 18 de agosto[14]. Los buenos números de la economía nacional que generan estabilidad se ponen a prueba con las acciones de alto impacto como las de la carretera del TIPNIS -realizadas en medio de la dura ofensiva de los Estados Unidos- que anuncia tempestades para el pueblo de Tupac Katari.

* Por Shirley Ampuero y Javier Calderón para Celag

Palabras claves: Bolivia, Evo Morales, TIPNIS

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