Venezuela en la encrucijada: aportes para la reflexión (Parte II)
Por Agustina Porta y Juan Bazán para La tinta
En el apartado anterior sobre la situación venezolana, referíamos y dábamos cuenta de la complejidad que supone la comprensión del escenario del país vecino; sobre la que reina el desconocimiento y la confusión, debido en gran medida al cerco mediático y las disputas en juego. De esta forma nos propusimos indagar sobre las causas históricas y estructurales de la crisis económica actual, así como también dar cuenta de las dinámicas del contexto.
En este segundo y último apartado se hará referencia a los instrumentos y estrategias que el gobierno ha aplicado en el último tiempo, como paliativo a las variables que emergen de esta crisis estructural. El entramado describe distintos tipos de políticas, como así también el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente.
El primero de los casos, surge tras el contexto de desabastecimiento iniciado en el 2016, que evidenció las falencias del proyecto de MERCALES, principalmente expresado a través de la especulación y el “bachaqueo” de productos subvencionados por el Estado; todo ello recaía en la economía de los hogares más vulnerables de Venezuela. Como parte de una contraofensiva, y dinámica salida a esta situación, el gobierno venezolano implementó los CLAP: una canasta de alimentos básicos, que llegan a cada una de las familias de forma mensual. El costo de los CLAP- MERCAL es de aproximadamente 9 mil bolívares en la actualidad, y se recibe en las zonas censales de bajos recursos, a través de los Consejos Comunales y los/las Líderes de Calles (esta última es una nueva figura para fortalecer la eficiencia territorial en la entrega de alimentos).
Esta medida tuvo sus puntos fuertes, pudiendo garantizar una cuota mínima de alimentos para la subsistencia de los habitantes a un precio justo (mientras el CLAP completo cuesta 9 mil bolívares, un arroz sólo cuesta 8 mil en el mercado), a la vez que fijó un precio mínimo para referenciar los precios del mercado; del mismo modo que mostró la vulnerabilidad del sistema especulativo, pudiéndolo sortear en gran medida.
Ahora bien, emergen numerosas problemáticas respecto de esta política. En primer lugar, los censos que caracterizaban sociodemográficamente cada área poblacional, aquellos desde donde se planifican los puntos focales de cada política, quedaron desactualizados frente a la crisis económica de los últimos tres años. Esto se explica a partir de una sociedad que previo a la llegada del chavismo, no poseía prácticamente un sector de clase media. Luego de más de quince años de gobierno en donde se produjo un fuerte ascenso social, la caracterización sociodemográfica de los sectores vulnerables, y el trabajo territorial que a raíz de ello se ha generado, determina un panorama en donde estas urbanizaciones que en su mayoría poseen bases de misiones, acceden a un mejor servicio de alumbrado público, distribución de electrodomésticos, educación y salud, tarjeta de hogares de la patria, y a un CLAP a menor costo. Por el contrario, sectores trabajadores precarizados y de clase media baja, afectados fuertemente por la crisis, no poseen el acceso a estos servicios y siguen pagando el CLAP de la comercializadora (que va desde 14 mil a 17 mil bolívares dependiendo de los productos), aun habiendo perdido poder adquisitivo y sufriendo un descenso social, producto de la crisis.
Otro de los factores críticos de esta política, es que a medida que la crisis se fue profundizando, la cantidad y calidad de los productos que componen los CLAP fue descendiendo, de la misma manera que la inicial propuesta de que llegasen cada quince días a los hogares, se extendió hasta un mes. Los CLAP tipo uno y dos, que distinguían a las familias con y sin niños, para priorizar la incorporación de cantidades de leche, también fue suprimido y estandarizado en un solo modelo. Finalmente, el CLAP es el mismo para todas las familias, más allá de la cantidad de personas que componen el hogar.
Desde una mirada más general, esta medida no ha podido atacar la raíz respecto al problema de la soberanía alimentaria, objetivo delineado desde el segundo mandato de Chávez.
De vinculación directa a los CLAP, puede encontrarse como medida complementaria la Cesta Ticket, que al igual que el primero, busca palear una situación coyuntural de crisis económica, a partir de la transferencia de dinero a los trabajadores del sector formal de manera de compensar salarialmente la pérdida de poder adquisitivo. Cabe destacar que el monto es significativo, puesto que se percibe un monto aproximado del 70% del salario de cada trabajador en una tarjeta de uso exclusivo para la compra de alimentos (la tarjeta no se activa en ningún otro lugar que no venda exclusivamente alimentos). De todas formas, un amplio sector de los trabajadores del Estado que están en situación de informalidad, así como los trabajadores que están en el sector privado, no perciben esta Cesta Ticket.
Durante estos recientes cuatro años, se han implementado distintos programas y políticas sociales focalizadas en los sectores más postergados, respecto de las políticas generalizadas de los últimos años de gobierno. Se podían encontrar como ejemplos de ello la misión Hijos de Venezuela, destinado a jefes de familia que se encontraran en esta situación, con un cobro por cantidad de hijos; así mismo la misión Madres de Barrio, destinada a mujeres en situación de desempleo o empleo precario, con el agravante de su condición de género para el ingreso en la competencia en el mercado de trabajo.
Estas dos políticas conforman hoy una unificada denominada Hogares de la Patria. El monto establecido es de 70 mil bolívares por unidad familiar, y fue aumentado recientemente a 90 mil bolívares aproximadamente, equiparándose a un salario mínimo. Si bien las personas que cobraban la tarjeta mediante Madres de Barrio pasaron directamente a la nueva misión, no ocurrió lo mismo con los beneficiarios de la misión Hijos de Venezuela, que están en la espera de ello hace más de dos años. Es válido mencionar, que las personas que percibían misión Hijos de Venezuela, cobraban en su momento un monto significativamente inferior a Madres de Barrio, y que en su condición de vulnerabilidad, se encuentran actualmente sobrellevando la crisis sin este ingreso fundamental. Así mismo, hay una selección discrecional en la cantidad de hogares que reciben el beneficio, no en cuanto a una distinción político partidaria, sino al tope establecido en la entrega de tarjetas por cada cohorte anual (llamadas campañas anuales); por ello la política no se caracteriza ni por su universalidad, ni por ser un derecho, como sí sucede con políticas similares en el resto de América Latina.
A pesar de todas las consideraciones, para quienes reciben el importante monto, es una condición posibilitadora en el manejo de la crisis para su economía familiar (característica acentuada reiteradas veces en las entrevistas llevadas a cabo a dichos beneficiarios).
Pese a las estrategias y el manejo de la crisis económica estructural antes desarrollada, existen otros escenarios de conflicto que se dirimen al interior de estos límites, disputando significantes e imaginarios colectivos, y de fondo, la gestión político-administrativa. Estas instancias algunas veces retornan hacia los límites económicos, en el caso de la oposición para agudizar el conflicto, y por parte del gobierno como elemento de resistencia y defensa del proyecto que exceda la coyuntura; sin embargo, la mayor parte de las veces se centra en una disputa de poder político, expresado en la relación de fuerza de actores internacionales, como la intromisión de la OEA en asuntos de soberanía nacional.
En esta contienda, el papel de los medios de comunicación, tanto nacional como internacional, juegan un rol fundamental. En los discursos de los representantes del gobierno, constantemente se explicitan las consecuencias de este escenario de “posverdad”, y sus implicancias en el accionar político de la oposición; a partir de ello resulta irrelevante la interpretación de un dato empírico o la reconstrucción de un hecho, sino que dado el poder de la masividad mediática, es posible inventarlo o reacomodarlo a gusto y conveniencia.
La posverdad sobre Venezuela
Casos como estos se pueden observar en un sinfín de situaciones, pero dos de ellas nos permiten evidenciar claramente los efectos de la “posverdad”. El primero de ellos, remite al panorama de violencia extrema y militarización figurado en los medios de comunicación, que construye cifras de muertes que no son representativas en el mundo, ni aun de los principales escenarios de violencia, y sin embargo son exacerbadas como si fueran cifras de guerra. Allí, lo empírico y real de una cifra se desvanece a la luz del contexto adornado que proveen los medios de comunicación en la utilización de la posverdad como herramienta. Esta tendencia al desastre irreversible, que pareciera ser lo que mide esta cifra, es similar a lo que ocurría en los años noventa en Argentina con la medición del “riesgo país”.
La inconsistencia de esta cifra, se halla a partir de la comparación internacional de estos números con las realidades de países vecinos como Colombia y México. En Colombia, la cifra de muertos en lo que va del corriente año supera las mil personas, mientras que en México, asciende a más de siete mil; la simple comparación de los mismos, echa por tierra el peso específico de los más de cien muertos de tres años en Venezuela. Dentro de este número de víctimas venezolanas, más de la mitad pertenecen al sector del gobierno, entre fuerzas de seguridad y militantes.
Como segundo punto, y en relación directa al mencionado tema de la posverdad, se encuentran los casos de Luisa Ortega y Leopoldo López. El primer caso remite a la fiscal general del Ministerio Público, acusada por distintos poderes del Estado (Ejecutivo y Judicial) de entorpecer las distintas causas de la comisión de la verdad, para las víctimas y afectados por las acciones violentas y “guarimbas”. Más allá de su inacción por esclarecer los sucesos que tanto denuncia la oposición, el poder ejecutivo no tiene la potestad para relevarla de su cargo, situación que ha hecho pública el presidente en reiteradas ocasiones. Sin embargo los medios de comunicación no cesan de denunciar la persecución política, constituyendo a la Fiscal General como víctima de un proceso autoritario y como nueva referente de la oposición.
El segundo de los casos, hace alusión a uno de los líderes políticos de la oposición Leopoldo López, quien fuera encarcelado antes de su sentencia firme, por pedido expreso de su familia, debido al riesgo de muerte. Incluso su mujer, enfrentándose a los deseos de la oposición, comunicó públicamente el agradecimiento al gobierno, por velar por la seguridad de su marido. Paradójicamente, este hecho se resignifica desde la posverdad, como el recuento de un preso político más por parte del gobierno.
El derrotero de este escenario conflictivo llevó al chavismo a proponer, mediante lo establecido por la constitución, una Asamblea Nacional Constituyente (A.N.C.) que intente resolver esta situación de forma democrática y a través de representantes directos del pueblo. La oposición decidió no presentarse, sosteniendo una coherencia con su propuesta de alejarse de los canales democráticos, y planteando como única alternativa al conflicto, la erradicación del gobierno actual de las estructuras de mando.
La A.N.C., está compuesta por 537 miembros que se eligen en base a dos criterios: 364 corresponden al ámbito territorial y 173 al sectorial. Tras la precandidatura de representantes de ambos espacios, se llevó a cabo la elección de constituyentes el pasado 30 de julio. La elección sectorial de los pueblos originarios se realizó luego, puesto que como lo establece la constitución, los pueblos indígenas deben elegir sus representantes de acuerdo a sus formas ancestrales.
Aunque cada representante sectorial y territorial debatió previamente con sus representados las propuestas a llevar a la constituyente, se establecieron ciertos objetivos programáticos para la asamblea a nivel nacional:
1- “La paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación, el proceso constituyente es una gran convocatoria a un diálogo nacional para contener la escalada de violencia política, mediante el reconocimiento político mutuo y de una reorganización del Estado, que recupere el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos como garantía del pleno funcionamiento del Estado democrático, social, de derecho y de justicia, superando el actual clima de impunidad.
2- El perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela potencia, concibiendo el nuevo modelo de la economía post petrolera, mixta, productiva, diversificada, integradora, a partir de la creación de nuevos instrumentos que dinamicen el desarrollo de las fuerzas productivas, así como la instauración de un nuevo modelo de distribución transparente que satisfaga plenamente las necesidades de abastecimiento de la población.
3- Constitucionalizar las misiones y grandes misiones socialistas (…)
4- La ampliación de las competencias del sistema de justicia, para erradicar la impunidad de los delitos (…)
5- Constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y democrática (…)
6- La defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero (…)
7- Reivindicación del carácter pluricultural de la patria (…)
8- La garantía del futuro (…)
9- La preservación de la vida en el planeta (…)”
Pese a que para el oficialismo y sus seguidores, la A.N.C. expresa a modo de mito una solución a todos sus males, lo cierto es que no se puede precisar los alcances reales que tendrá esta medida respecto de las estructuras de fondo antes detalladas. Probablemente esto dependa no solo de las políticas de gobierno, sino también de las dinámicas geopolíticas en las que se inserta, y de lo reversible que pudieran ser algunas situaciones del complejo presente venezolano. Más allá de esto, es ineludible apreciar el carácter innovador y desafiante de una propuesta que redobla la apuesta política y democrática como lo es la A.N.C.
*Por Agustina Porta y Juan Bazán para La tinta.
