Mendoza: cuatro jueces condenados por lesa humanidad
Cuatro ex jueces federales fueron sentenciados a prisión perpetua por ser partícipes del terrorismo de estado durante la última dictadura cívico-militar. El tribunal consideró que los funcionarios judiciales fueron un eslabón para garantizar la actividad de los represores de la dictadura y que no fueron culpables por “omisión”, sino por una práctica concreta.
Por Alejandra Dandan para Página/12
“Mendoza dejó demostrado claramente que la represión no funcionó sin la participación necesaria de los jueces, no pudo funcionar sin ellos y esto no puede dejar de verse en todo el país”, fue lo primero que pudo decir Ernesto Espeche. Recién terminaba de escucharse la sentencia del, ahora más que nunca, histórico Juicio a los Jueces.
Sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas se congregaron a escuchar la lectura en la explanada de los Tribunales Federales. Los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade condenaron a 25 de los 28 acusados del juicio, 12 de ellos a prisión perpetua, entre ellos a los ex jueces federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret, simbólicos por la enorme influencia que mantuvieron en el fuero local hasta hace muy poco tiempo . Al finalizar la lectura, la secretaria del TOF leyó uno a uno los nombres de cada una de las 110 víctimas del juicio, lo que también significó para los presentes un acto de reparación. Entre ellas, Ernesto escuchó el nombre de su madre, Marcela Vega, una médica, militante del PRT con trabajo en los barrios populares cuya historia accedió por primera vez a una instancia de justicia.
La sentencia de Mendoza marca un antes y un después en la larga historia de avances y retrocesos de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Los jueces inscribieron cada condena en la figura de los crímenes de lesa humanidad y, en diálogo con otras jurisdicciones, también lo hicieron en el contexto del “delito internacional del genocidio”. Hubo tres absoluciones, siete penas de entre 15 y 20 años de prisión y doce perpetuas. También hubo cinco condenas que incluyeron la figura de los delitos sexuales.
Todos los jueces fueron condenados como partícipes necesarios. A Romano lo condenaron por 84 casos de secuestros, 38 tormentos y 33 homicidios. Y Miret por 9 hechos de secuestros, 3 tormentos y 7 homicidios.
De esos números se desprende un dato clave de este juicio: un cambio de criterio para entender el funcionamiento de la justicia en dictadura. Los cuatro jueces llegaron a juicio acusados por omisión de investigar y de denunciar hechos que conocían por sus roles, pero fueron condenados por participación primaria en los crímenes.
Esto sucedió porque durante los más de tres años de juicio, fiscales y querellas buscaron demostrar que lo que hasta entonces se veía como una “no acción” o una omisión de investigar crímenes o denuncias, en realidad fue una acción activa que garantizó la impunidad . Otro dato del juicio es que los jueces no fueron condenados por un caso o una serie de casos, sino por la intervención en un período de tiempo: es decir, un tipo de práctica.
“Esta es la culminación de un trabajo enorme en el que el tribunal compartió todos nuestros argumentos”, dice a Página/12 el fiscal federal Dante Vega, con la respiración todavía agitada, segundos después de la sentencia. “Este es un juicio que tiene sentados a representantes de todo el arco terrorista estatal, inclusive civiles que formaron parte del aparato de la dictadura: y eso es el aparato judicial. El tribunal dijo que también los jueces son responsables, y merecen la máxima pena por partícipes primarios. Que el aporte que brindaron es tan importante que sin ese aporte el terrorismo de Estado no hubiese sido posible. Se pasó de la concepción errada de la omisión, de mirar para otro lado, a la participación activa. Y se puede participar activamente de distintas formas. No solo haciendo. Sino dejando de hacer cuando tenés la obligación de intervenir: las víctimas del terrorismo de Estado, el último lugar que tenían para acudir era la justicia y la justicia era partícipe del terrorismo de Estado, entonces no tenían dónde acudir. Y eso fue la máxima expresión del terror Estatal: no tener dónde acudir en busca de Justicia”.
Por su parte, el nieto recuperado Horacio Pietragalla, ahora candidato a diputado por Unidad Ciudadana, expresó: “Es un fallo histórico no sólo porque se juzga a los jueces cómplices de la dictadura o porque es contundente, sino porque en el contexto de hoy existía una gran incertidumbre acerca de lo que iba a pasar. Esto abre una esperanza: nos dice que dentro de la Justicia hay funcionarios y jueces que tienen una coherencia con sus acciones y pensamientos. Hoy quedó demostrado para los negacionistas que hubo una dictadura que fue cívico militar. Y nos da coraje para seguir”.
* Por Alejandra Dandan para Página/12. / Foto portada: Ana Salatti
