Cárceles y el flagelo de las condiciones inhumanas de detención
Se presentó frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por la grave situación que se vive en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Por Vivian Palmbaum para Marcha
En el marco del 163 período de sesiones de la CIDH, que se lleva adelante en Lima Perú, se presentó la denuncia impulsada por CELS y la Comisión Provincial de la Memoria y la Defensoría Pública de Casación. En abril pasado ya se había pronunciado el Comité Contra la Tortura de la ONU donde quedaron expresadas serias objeciones por las situaciones que afectan a las personas en situación de encierro en Argentina. La masacre de Pergamino, silenciada por el estado provincial, como una muestra de la crisis de todo el sistema penitenciario, en especial en la provincia de Buenos Aires.
No son cifras, son personas
Tal como lo indican los datos del propio Servicio Penitenciario, hoy en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 40 mil personas privadas de libertad con un nivel de sobrepoblación que llega al 100%, si se toman las y los detenidos en comisarías. (1)
El conocido fallo “Verbitsky” del año 2005, fija como precedente que el encierro en cárceles es inconstitucional porque no puede garantizar condiciones dignas de detención.
Las comisarías deberían ser un lugar transitorio de detención, sin embargo las cifras que arroja el relevamiento sobre esos lugares de detención son escalofriantes: 432 dependencias policiales donde se hallan 3010 personas alojadas, de las cuales sólo 1039 tienen camastro, es decir un lugar donde recostarse. Más del 70% del total de los establecimientos policiales, es decir unos 250, tienen algún tipo de inhabilitación de la justicia o por decisión ministerial, no obstante lo cual se alojan allí unas 1798 personas.
Tal como lo indica el informe presentado ante la CIDH, la tasa de encarcelamiento alcanza cifras históricas de 234 personas encarceladas cada 100 mil habitantes. Es decir que la grave situación que se registra en las comisarías es un correlato de lo que sucede en las 62 cárceles y alcaidías. Sobrepoblación y hacinamiento para las personas privadas de su libertad, a lo que se agregan graves violaciones de los derechos humanos. Entre las denuncias más habituales de las personas privadas de su libertad, se halla la falta de acceso a la salud, graves condiciones estructurales que como consecuencia producen hambre, frío, aislamiento y alimentación deficiente, entre otras tantas que sufren cotidianamente.
Masacre de Pergamino
En el informe presentado se consigna lo sucedido el pasado 2 de marzo en la denominada Masacre de Pergamino, cuando siete jóvenes alojados en la dependencia policial, murieron como consecuencia del incendio que allí se produjo. Sus responsables: el estado nacional y los policías que abandonaron a los reclusos en medio de una situación de violencia que no está del todo esclarecida aún. La gobernadora Vidal, luego de minimizar el hecho, se comprometió a poner en marcha una reforma del Sistema Penitenciario que aún no se concreta, en consonancia con las falsas promesas que constituyen una política nacional desde su campaña.
Nuestra Constitución Nacional dispone expresamente en el art. 18 que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. Dicha cláusula impone al Estado “la obligación y responsabilidad de dar a quienes estén cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”. También los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional reconocen estos derechos fundamentales mientras le garantizan al individuo que se encuentra privado de su libertad el principio de humanidad en el tratamiento penitenciario, exigiendo en esta etapa de ejercicio del poder punitivo del estado, el respeto a la dignidad inherente al ser humano y la proscripción de cualquier forma de sometimiento cruel, inhumano o degradante.
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias
En mayo de este año el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA), que depende del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su segunda visita al país, llegó hasta 19 cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, también de Jujuy y Chubut en donde entrevistó a 200 detenidos y detenidas, además de autoridades de los ministerios de Justicia, Seguridad y de Migraciones. Entre algunas de las objeciones figuran “los amplios poderes de policía para privar a personas de su libertad basadas solo en la sospecha o por verificación de identidad”, algo ampliamente usado “en niños callejeros, migrantes y personas gay, lesbianas y trans“. También elevó quejas contra la violación al límite de dos años a la prisión preventiva que establece la ley 25.390 al haberse encontrado con personas que han pasado de cuatro a seis años bajo la modalidad preventiva, algo que se vuelve “un castigo de facto”. Las críticas también fueron contra los arrestos en protestas y piquetes. “Figuras como ‘bloquear el tráfico’ y ‘resistencia a la autoridad’ son inherentemente ambiguos y le dan un alto grado de discrecionalidad a la Policía”, afirmó.
En ese momento el Grupo de Trabajo dio la voz de alarma por el uso de comisarías para alojar detenidos por largo tiempo.
Al mismo tiempo que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que encarnan la doctrina Cambiemos, emprenden una de las mayores transferencias de recursos de nuestra historia a los sectores financieros internacionales, encabezan una cruzada contra los trabajadores y los sectores populares que puedan constituir un obstáculo a las mismas. Una historia tristemente conocida y que está en sintonía con lo que sucede en nuestra región con el cercenamiento de los derechos laborales al tiempo que se intenta instalar las sospechas sobre luchadores populares que puedan atentar contra estos intereses. Con estas políticas de endurecimiento en nombre de la seguridad, se produce un preocupante aumento de las personas encarceladas, en condición de procesados, más allá de lo admitido por la ley. Con inhumanas y escandalosas condiciones de detención, tal lo evaluado por los propios organismos internacionales.
Nuestras leyes y códigos que legitiman la defensa de la propiedad, por encima del valor de la vida digna de las personas, llenan esos oscuros lugares de detención, donde toda humanidad parece desaparecer. Las cifras ponen en evidencia que las cárceles están llenas de pobres, una sentencia que es parte del saber popular, tan bien expresado por Los Redondos: “todo preso es político”.
*Por Vivian Palmbaum para Marcha
