El cuento chino de la Barrick
Shandong Gold es el gigante asiático que a la brevedad comenzará a operar junto a la multinacional canadiense Barrick Gold en Veladero, donde en septiembre de 2015 se produjo el derrame más grave de la historia de la minería argentina, además de otros dos incidentes sucedidos en septiembre y marzo pasado en la cordillera sanjuanina. Robert Moran había advertido que ocurriría algo así en un informe que entregó al juez federal Sebastián Casanello cuando actuó como perito de parte de la Asamblea Jachal No Se Toca en el marco de una denuncia que exige el cierre definitivo de esa explotación por violación al Código Minero y a la Ley de Glaciares.
Por Nahuel Lag para Revista NAN
El jueves 18 de mayo, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) advirtió sobre la inminente reactivación de la mina tras una reunión entre funcionarios y empresarios en la sede porteña de la Casa de San Juan. El mismo día, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, se reunía en China —adonde fue como parte de la comitiva del presidente Mauricio Macri— con los nuevos socios de la Barrick, a quienes les confirmó que la actividad se retomará. Ese mismo día, la Asamblea de Jáchal despidió al experto, quien falleció en un accidente de tránsito en Islandia: “Robert vino, subió a la cordillera y no solo confirmó lo que muchos sospechábamos del estado general de la maldita mina, también aportó su sabiduría para destacar otros aspectos quizás más ocultos y generó un documento tajante, inapelable, duro y concreto”. En una charla con NAN, que lo había ido a buscar dos semanas antes de su repentino fallecimiento, Moran advirtió sobre el pasado, presente y futuro de contaminación que significa Veladero, el débil control de la actividad por parte del Gobierno y la perspectiva de la intervención china.
Yo te avisé
“Cuando ocurrió el maldito derrame de Barrick en Veladero debimos salir a buscar información. Nadie sabía qué hacer y la Asamblea Jáchal No Se Toca se hizo cargo de lo que otros no. Salimos a investigar y, en base a eso, sugerimos medidas y nos encargamos de que los funcionarios ‘responsables’ no se hicieran los olvidados o distraídos para ejecutarlos”, recuerda el comunicado de despedida a Moran de los vecinos de Jáchal, ciudad vecina al departamento sanjuanino de Iglesia, donde está Veladero. La localidad lleva su nombre por el río homónimo, el mayor de la cuenca que recibió el millón de litros de agua cianurada que desbordó del valle de lixiviación —represa con agua, resto de piedra y tóxicos— en septiembre de 2015. Moran falleció el pasado 18 de mayo, tiempo después de que los integrantes de la asamblea lo conocieran.
“Sólo nos cobraba el pasaje y la estadía. Un hombre cuyo asesoramiento a empresas y gobiernos se paga en miles de dólares la hora nos pedía sólo los gastos, eso ya hablaba de su grandeza. Salimos a vender números para juntar ese puñado de dólares, y la gente jachallera respondió una vez más”, reseñan los pobladores en otra parte de su cálida despedida.
Moran subió a Veladero varias semanas después del más grande derrame. La Asamblea Jáchal No Se toca lo había presentado como perito de parte ante el juez sanjuanino Pablo Oritja, quien lo había rechazado. Diego Seguí, abogado de la asamblea, presentó junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas una demanda en la justicia federal que aterrizó en el despacho de Casanello, el juez que pidió a Moran que suba a la mina y responda un cuestionario de 13 preguntas. A diferencia de Oritja, Casanello rechazó las impugnaciones presentadas por los abogados de la Barrick, representados por el exministro de Seguridad bonaerense León Arslanian. Varios meses después de la elaboración de ese documento y dos semanas antes de que falleciera inesperadamente, NAN lo fue a buscar para ahondar en las condiciones de esa mina.
¿Cómo describiría los estándares que encontró en Veladero de acuerdo a los estándares internacionales?
La mayor parte de las operaciones de lixiviación con cianuro en las explotaciones de oro suelen generar contaminación de la calidad del agua, pero esos problemas raramente se hacen públicos, excepto cuando ocurre un accidente grave y atrae la atención pública. Un ejemplo similar fue el derrame en Baia Mare, en Rumania, en el año 2000. Estos embalses con agua de desecho (N.deR.: denominadas de “relave” o de “cola”, que contienen material tóxico) habían contaminado la calidad del agua, al menos, por meses, pero no alcanzó un reconocimiento internacional hasta que los embalses de cola colapsaron creando un enorme problema (N.deR.: considerado el peor desastre ambiental de Europa después de Chérnobil). Aunque las represas de cola no son similares a las de Veladero, los químicos que se derraman en el agua de desecho son muy similares. También es similar al caso de Veladero como las autoridades rumanas habían pasado por alto la débil regulación.
¿Entonces, la falta de controles por parte de las autoridades gubernamentales para que se cumpla con la legislación para proteger el medio ambiente es una constante a nivel mundial?
Los problemas vistos en Veladero ocurren en otras partes del mundo, pero después de tres derrames similares en un período tan corto, es claro que las autoridades provinciales no tienen respuestas adecuadas para asegurar que los problemas de la explotación minera van a ser corregidos.
¿Usted conoce otros casos como Veladero, en los que ocurran tantos derrames frecuentes? ¿Cómo actúan en otros países en casos así?
Como mencioné anteriormente, eventos similares ocurren en muchos países y las regulaciones responden con la misma ineficiencia para la población afectada. Otro ejemplo ocurre en el estado de Colorado, de donde soy oriundo, en un lugar llamado Summitville. Desde 1986, cuando comenzaron las operaciones modernas, la explotación de lixiviación con cianuro comenzó a derramar químicos. Cuando entró en bancarrota en 1992, el sitio fue declarado “superfund”, lo que hizo que los contribuyentes norteamericanos pagaran los costos de limpieza: se trata de miles de millones de dólares al presente y el daño todavía no fue remediado, por lo que esa zona requerirá de costosas plantas de tratamiento del agua posiblemente para siempre.
Seguridad jurídica
El informe elaborado por el experto quedó en manos de Casanello. Pero el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, solicitó a la Corte Suprema el apartamiento del magistrado federal al considerar que la investigación, impulsada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, era “ilegal” y sólo perseguía “el cierre de la mina”. La Corte Suprema respondió al pedido y por “cuestión de competencia” dejó en manos de Casanello sólo la investigación de los funcionarios nacionales. Los entonces exsecretarios de Minería y de Ambiente de la Nación Sergio Lorusso y Jorge Mayoral. Su par provincial, en tanto, no avanzó contra el exCeo de la Barrick Guillermo Caló ni en la responsabilidad del Ministerio de Minería provincial. Culpó a ejecutivos de poco rango.
En cambio, habilitó nuevamente las operaciones en espejo a la rehabilitación del gobierno sanjuanino. Ocurrieron dos nuevos derrames. En el de septiembre la reacción se repitió: cancelación de las operaciones, multas, solicitud de “trabajos de prevención”. La tercera, la de marzo, aún mantiene la actividad detenida.
“El juez no hace nada. No adopta medidas más que por acto reflejo del Ministerio de Minería de la provincia: una cautelar cuando el ministerio suspende la actividad y levanta la cautelar cuando el ministerio habilita. Oritja ha dicho que ‘no tiene margen de maniobra’”, describió el control de la actividad minera de parte del Poder Judicial provincial el abogado de la asamblea de Jáchal.
Limitado por la Corte a las responsabilidad nacional —que desde diciembre de 2015 incluye al Ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman—, Casanello comenzó a mover nuevamente el expediente en marzo pasado y solicitó informes sobre las medidas tomadas por el juez sanjuanino tras el segundo y tercer derrame, además de las pericias de Moran, que quedaron a disposición de la justicia provincial. “Oritja no contesta ni un recibido”, denunció Seguí en diálogo con NAN.
La reactivación de la causa federal, que según los demandantes dará por probada la violación a la Ley de Glaciares, despertó una rápida reacción de los abogados de la Barrick Gold, patrocinados por Arslanian. Los abogados de la minera plantearon que se declare la nulidad de todo lo actuado por el juzgado federal al considerar que se “extralimitó” en sus funciones desobedeciendo a la Corte. “La producción de eventos contaminantes, no uno sino varios, obliga a considerar de modo definitivo su cierre”, había señalado Casanello en su escrito dirigido a su par sanjuanino.
El tercer derrame reconocido públicamente ocurrió el 29 de marzo. Al día siguiente, el Ministro de Minería sanjuanino, Alberto Hense, volvió a ordenar la suspensión del valle de lixiviación. Volvió a enviar “técnicos ambientales” y a la policía minera, dependiente del Ministerio.
En San Juan existe una policía minera que responde al gobierno provincial. ¿Existen este tipo de organismos de control en otras partes del mundo? ¿La sociedad está habilitada a participar del control de este tipo de explotaciones en algún país? En el informe que entregó a Casanello señaló que los controles de Veladero están producido por partes económicamente interesadas.
En la mayoría de los países, las autoridades de regulación dependen del Estado nacional y no de los gobiernos locales. Sin embargo, con la presión internacional para alejar las regulaciones de los gobiernos centrales, hay una tendencia de fortalecer los controles de los gobiernos provinciales en muchos países y en algunos estados de los Estados Unidos. Las presiones para tales cambios, normalmente, provienen de sectores pro-industria minera, que saben que tienen más facilidades para influenciar el comportamiento de las autoridades locales, y que es mucho más difícil hacerlo a nivel nacional. En estos tiempos políticos, la dificultad para controlar la actividad minera se incrementa en todos los países. La creciente competición en la economía global, los ciudadanos y la industria abogan por más trabajo y presta poca atención en los costos “ocultos” no pagados por las empresas.
¿Cómo podrían visibilizarse esos costos “ocultos”?
El mayor problema de la industria minera es que todavía no se las obliga a emplear técnicos independientes para realizar los relevamientos de las actividades e informarlo públicamente. Esto permite a la industria minera ocultar muchos de los costos más amplios de la actividad, que, en realidad, se los carga a la sociedad general y a las futuras generaciones.
El 6 de abril, la china Shandong Gold Group le compró a la Barrick Gold el 50 por ciento de la explotación minera suspendida. El 28 de abril, Barrick y Shandong presentaron al gobernador Uñac y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, un plan para volver a operar. “En caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”, dice el inciso e del artículo 264 del Código Minero votado en 1987, modificado en el menemismo y continuado por el kirchnerismo y el macrismo, con políticas tributarias benévolas o más benévolas como única variable.
El jueves pasado, Uñac —delfín y continuador de la política minera del presidente del PJ, José Luis Gioja— se reunió en Beijing con representantes de la provincia china de Shandong, propietaria de la empresa homónima, para “generar convenios y acuerdos” con los nuevos socios y continuar la explotación de la minera suspendida. La sociedad entre las multinacionales también contempla explorar el proyecto minero binacional argentino-chileno de Pascua-Lama cuya operación está suspendida por la Justicia de Chile desde 2013. “En Dubai, China o Japón, todos te piden lo mismo: seguridad jurídica”, dijo Macri al finalizar la gira asiática en busca de “inversiones”.
Barrick Gold se asoció recientemente con una empresa china para las explotaciones en la Argentina. ¿Cuáles son las experiencias de las mineras chinas alrededor del mundo?
Mi experiencia con las operaciones de las mineras chinas son mayormente de segunda mano y cuento con información de otros colegas profesionales. Invariablemente, ellos describen como extremamente laxos el ambiente y prácticas de trabajo de las empresas chinas que trabajan en Ecuador, Papua Nueva Guinea y en algunas zonas de países africanos. Me han dicho, por fuentes confiables, que las compañías chinas buscan activamente y apuntan a países y provincias alrededor del mundo donde las prácticas de “gobernabilidad” son más débiles, y luego intentan comprar intereses en esos lugares.
*Por Nahuel Lag para Revista NAN
