Violencia institucional: fuertes críticas de la ONU al Estado argentino
El Comité contra la Tortura de ONU publicó sus conclusiones finales y recomendaciones sobre el quinto y sexto informe del Estado Argentino, donde figura la preocupación por la persistencia de la tortura en los lugares de encierro, la detenciones ilegales en las comisarías, entre otras.
El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas publicó sus conclusiones y recomendaciones respecto del quinto y sexto informe técnico presentado por el Estado Argentino. A fines de abril, el Comité se reunió para evaluar el informe oficial y contrastarlo con datos aportados por diferentes instituciones y organizaciones argentinas.
Las preocupaciones por la persistencia de la tortura y los malos tratos en los lugares de encierro y otros ámbitos que dependen de las fuerzas de seguridad, el elevado número de muertes en lugares de detención y la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes, ocupan un lugar central dentro del diagnóstico y las recomendaciones elaboradas por el organismo.
Mecanismos de prevención de la tortura y registro de casos
Un punto de preocupación está relacionado con la creación y puesta en marcha de los mecanismos nacional y locales de prevención de la tortura. En este punto, la ONU insta al Estado a avanzar con el proceso de conformación del Comité Nacional Contra la Tortura, siguiendo las normas establecidas internacionalmente sobre transparencia, representatividad e idoneidad para selección de sus integrantes.
También se ha expresado en favor de crear mecanismos locales de prevención de la tortura, considerando que sólo seis provincias cuentan con esta herramienta. En este informe la ONU vuelve a insistir con una vieja recomendación vinculada a la producción de información y el registro de casos de tortura. Una vez más exige al Estado “establecer un sistema eficaz de recopilación de datos estadísticos a nivel nacional”. En este marco, reconoce como positiva la experiencia del Registro Nacional de Casos de Tortura creado hace cinco años por una iniciativa conjunta de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria Nacional y el GESPYDH.
Condiciones de reclusión
A raíz de los informes presentados por la CPM que se derivan de las inspecciones regulares realizadas en lugares de encierro en la provincia, el Comité manifiesta “su inquietud ante el impacto de la sobrepoblación en la degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de separación entre personas condenadas y procesadas, tal y como documentan varios litigios colectivos presentados en todo el país”. En este punto, toma especialmente nota del incendio ocurrido en marzo 2017 en la Comisaría 1 de Pergamino, Buenos Aires, en el que murieron 7 jóvenes que permanecían detenidos bajo custodia del Estado. Otro aspecto considerado es el traslado de detenidos como modo de castigo. Aquí el Comité insta al Estado a garantizar el alojamiento cerca de sus hogares.
También señala que debe «aliviar el hacinamiento de los lugares de detención» utilizando medidas alternativas a la prisión y destaca que deben aplicarse las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de ONU (Reglas Mandela), revisar el uso excesivo de la prisión preventiva y no utilizar el aislamiento sin estricto control y supervisión judicial.
Asimismo, recomendó que evite reformas legales «que desnaturalicen el principio de progresividad en que se basa la reinserción social de los condenados», señalando expresamente su preocupación por el proyecto de reforma a la ley nacional Nº 24.660 de Ejecución Penal, en trámite en el Congreso Nacional.
La salud en los lugares de encierro
La CPM viene solicitando al Estado provincial que la Dirección de Salud Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia, pase a depender del Ministerio de Salud, integrarse a las políticas públicas y no generar desigualdad en el trato de las personas detenidas. La ONU ha asumido esta perspectiva y por eso recomienda “que los servicios médicos penitenciarios estén vinculados al Ministerio de Salud a nivel federal y provincial, conforme a la recomendación del SPT (Subcomité para la prevención de la tortura de la ONU).
Impunidad y reparación a las víctimas de la violencia institucional
Frente a las prácticas vulneratorias de derechos por parte de las agencias de seguridad del Estado, para el Comité también resulta preocupante el marco de impunidad que oculta responsabilidades de los funcionarios públicos. En este sentido, consideró los planteos realizados por la CPM como la recomendación de dar impulso a la policía judicial, iniciativa que en la provincia de Buenos Aires ha sido aprobada pero no implementada.
En este mismo sentido, la ONU exige “investigar sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales y de sus superiores. Cuando corresponda, el Estado debe castigar debidamente a los culpables y proporcionar una reparación adecuada a los familiares de las víctimas”.
Violencia policial
El Comité señaló su preocupación por la violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, «en el marco de detenciones policiales sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conductas delictivas».
A partir de esto urge al Estado a investigar «todas las denuncias de homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento y maltrato policial», así como también a restringir las detenciones a situaciones de flagrancia y a la existencia de orden judicial previa. También el Comité señala que debe poner fin al alojamiento permanente de detenidos en comisarías y garantizar el cumplimiento de dicha prohibición.
Mujeres, colectivo trans y migrantes
Especial preocupación señala el Comité respecto de grupos especialmente vulnerables en contextos de encierro como las mujeres o el colectivo de personas trans. La CPM acercó en este sentido datos específicos sobre condiciones de detención y prácticas vejatorias que han sido recuperadas en las conclusiones finales.
Respecto de la situación de migrantes, se ha manifestado la preocupación por “la reciente sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia No. 70/2017, que deroga parte de las garantías de la Ley 25.871 de Migraciones e introduce un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión”.
*Por Agencia Paco Urondo
