Dos por uno: mientras la sociedad rechaza el fallo, los represores de La Perla quieren salir
Mientras una multitud se movilizaba por las calles para frenar el indulto de penas a represores y el Senado convertía en ley un proyecto para prohibir la aplicación del 2×1 a militares condenados por delitos de lesa humanidad, poco más de una decena de genocidas solicitaba ante los Tribunales Federales de Córdoba que se les acortaran las condenas. ¿Quiénes son los 11 genocidas que quieren salir en libertad?
Por Agostina Parisí para La tinta
El polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la aplicación del cómputo 2×1 para un represor condenado por delitos de lesa humanidad no sólo trajo el rechazo de la sociedad argentina, también llevó un viento de esperanza a la cárcel de Bouwer, donde cumplen condena la mayoría de los represores de lesa humanidad de Córdoba. Quienes no están allí gozan el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, o están alojados en penales de otras provincias.
La sociedad argentina mostró un contundente rechazo al fallo en la jornada de ayer, con marchas multitudinarias en todo el país. También el Congreso de la Nación aprobó una ley contra la aplicación del 2×1 para represores. Sin embargo, a la par de estas manifestaciones de defensa de los derechos humanos, once genocidas de Córdoba pretenden que la Justicia reduzca sus condenas. Algunos de ellos fueron imputados del juicio La Perla, otros condenados en procesos anteriores. Las presentaciones fueron realizadas por la Unidad de Letrados Móviles del Ministerio Público de la Defensa y en dos casos por una abogada particular.
El fiscal Carlos Gonella ya anticipó que dictaminará en contra de todos los pedidos: “Voy a solicitar a los dos Tribunales Orales de Córdoba que los rechacen. Este tipo de beneficios no pueden ser aplicados a personas que fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad” .
Otra vez, la patota de La Perla
El primero en pedir la aplicación del 2×1 fue Arnoldo ‘Chubi’ López. El 25 de agosto del año pasado el Tribunal Oral Federal Nº1 lo condenó a prisión perpetua por 457 imposiciones de tormentos agravados, 242 desapariciones forzadas seguidas de muerte, 109 privaciones ilegítimas de la libertad, entre otros crímenes de lesa humanidad.
A ‘Chubi’ no le agradó la sentencia de los jueces. Cuando terminó la audiencia vociferó una serie de insultos hacia el público del recinto. “Te vamos a secuestrar”, le gritó al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Envalentonado, se retiró de la sala al igual que el resto de los imputados del juicio más grande de la historia de Córdoba.
López fue un torturador del ex centro clandestino de detención La Perla, así lo recuerdan los sobrevivientes. Fue Personal Civil de Inteligencia del Ejército e integrante de la denominada ‘patota’ de La Perla.
Tampoco le gustó escuchar la condena a Carlos Alberto Díaz, ex suboficial del Ejército especializado en Inteligencia. Integró la patota de La Perla desde el inicio de su funcionamiento como campo de concentración, y se mantuvo allí hasta su cierre y refuncionalización en 1979. En 2008 fue condenado a prisión perpetua, y también en el juicio La Perla.
Cuando terminó la lectura de la sentencia, el juez Jaime Díaz Gavier le pidió a los gritos que haga silencio. El festejo del público de la sala provocó la furia y amenazas del represor.
“El represor que actuaba a cara descubierta”
Jorge Ezequiel Acosta –alias ‘Sordo’, ‘Rulo’, ‘Capitán Ruiz’– es otro de los que recuerdan los sobrevivientes de La Perla. En 1976 se desempeñaba como oficial de Inteligencia del Ejército.
“Tenía un enorme desprecio por la vida, actuaba a cara descubierta. No tenía ningún escrúpulo y el grupo que comandaba no sólo secuestraba, sino que también robaba. Podía matar a alguien sin motivo, por antipatía personal y también salvarle la vida si le caía simpático. Disfrutaba intimidando a algunos prisioneros”, describió la sobreviviente y testigo Graciela Geuna.
Acosta fue condenado a prisión perpetua en 2008; el primer juicio de lesa humanidad en Córdoba, y también en 2016 cuando finalizó la megacausa.
También solicitó el 2×1 el represor Ricardo Lardone, quien fue Personal Civil de Inteligencia del Ejército. Conocido como ‘Fogo’, ‘Fogonazo’ y ‘Rodolfo Anselmo Ramón Lacaba’, fue otro integrante de la patota. Como fotógrafo realizaba tareas de inteligencia señalando a militantes en concentraciones, actividades sociales o estudiantiles. La Justicia lo condenó a perpetua en dos ocasiones.
Su colega Emilio Morard no se quedó atrás. También ex personal Civil de Inteligencia del Ejército, pidió que el 2×1 le reduzca la condena. Morard integró el Comando Libertadores de América y la patota de La Perla, La Ribera, y otros centros clandestino. El Tribunal Oral Federal del juicio La Perla lo condenó a perpetua por 194 desapariciones forzadas seguidas de muerte, 280 imposiciones de tormentos agravados, entre otros delitos.
Otra de las solicitudes corresponde a Oreste Valentín Padován, ex suboficial del Ejército especializado en Inteligencia. Integró la patota de La Perla y otros centros clandestinos, y se retiró del Ejército durante el menemismo, en 1995. Fue condenado a perpetua en 2008 y en 2016.
Los asesinos de Raúl Bauducco
En julio de 1976 y bajo la orden del teniente coronel Víctor Pino, un grupo de presos fue llevado a un muro de la ex cárcel de barrio San Martín (UP1). Miguel Ángel Pérez era cabo, recordado por los sobrevivientes por su brutalidad. Pérez recorrió despacio la fila de detenidos dándoles bastonazos a todos. Raúl Bauducco, estudiante de Ciencias de la Información en la UNC y militante del PRT-ERP, se cayó al piso por un bastonazo en la cabeza.
Pérez lo amenazó: si no se levantaba, lo mataba. Bauducco no respondió y el cabo le consultó al Teniente Coronel Enrique Mones Ruiz si podía matarlo. Mones asintió y Pérez le disparó.
Miguel Ángel Pérez y Enrique Mones Ruiz fueron condenados en el juicio Menéndez I en 2008, por este y otros delitos. Ambos se interesaron por la aplicación del 2×1.
Las demás solicitudes pertenecieron al ex personal civil de Inteligencia del Ejército Héctor Raúl Romero; el ex teniente Emilio Huber –condenado por torturas a los presos de la UP1 y el asesinato de René Moukarcel– y Juan Domingo Ayala, ex policía del Comando Radioeléctrico condenado a 12 años de prisión por su participación en el asesinato de presos de la penitenciaría de San Martín.
El fiscal Gonella aseguró que rechazará los pedidos de los once represores. Ocho de las solicitudes fueron presentadas en Tribunales Federales durante la jornada de ayer, al mismo tiempo que el Congreso de la Nación votaba una ley para rechazar la aplicación del 2×1 en condenados por delitos de lesa humanidad. Los pedidos de los represores cayeron como una catarata. Durante la noche, más de cien mil cordobeses marcharon hacia la calle de Tribunales Federales. Esta vez no fue para festejar una sentencia, sino para gritarle a la Justicia que no los libere.
* Por Agostina Parisí para La tinta.
