Estela de Carlotto: «Nos quieren borrar de la historia»
En un fallo escandaloso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. Abuelas de Plaza de Mayo anticipó repudio internacional.
Por mayoría, la Corte Suprema declaró aplicable la Ley 24.390 en el caso de caso de Luis Muiña, condenado por ser parte de un grupo paramilitar que actuaba en el centro de detención clandestina dentro del hospital Posadas, conocido como «El Chalet».
La ley conocida popularmente como el «beneficio del 2×1» estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 pero hoy se encuentra derogada. Permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron sin sentencia firme. De esta manera, la Corte Suprema avala que las penas de represores puedan reducirse de manera contundente.
En diálogo con Radio Nacional AM750, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto criticó duramente a los jueces de la Corte por el polémico fallo: «Equiparan los delitos de lesa humanidad y el genocidio de terrorismo de estado a cualquier preso común que roba una gallina. Estamos en un país de trastornados», expuso.
«Es una estafa a la moral social. Nos están destruyendo, no sólo la economía sino la moral, la conciencia cívica que hemos logrado los últimos tiempos para defender lo que hay que defender. En esta lucha que tanto falta todavía, que tengamos estos retrocesos enormes es terrible».
De Carlotto ligó la decisión de la Corte al gobierno de Cambiemos, que sigue una «norma de olvido y desprestigio» de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Nos quieren borrar de la historia y hacer una nueva. Hay un pueblo que tiene que salir a denunciar esto a nivel internacional porque esto se tiene que saber porque el fallo es contrario a lo que entiende Naciones Unidas, la OEA o Amnistía Internacional».
Dependencia del Poder Judicial
Casualidad o causalidad, los tres jueces que aprobaron el fallo por mayoría son magistrados vinculados a Cambiemos.
Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz son los magistrados que se incorporaron a la CSJN con la presidencia de Mauricio Macri. De hecho, el mandatario intentó designarlos por decreto a un mes de asunción pero el rechazo de propios y ajenos obligó a que el nombramiento pase por el Congreso de la Nación.
Elena Highton de Nolasco por su parte, también se puede haber visto condicionada por el gobierno nacional. La jueza cumplió en diciembre pasado los 75 años y el Ejecutivo presionó para que se jubile del tribunal. La única vía prevista por la Constitución para que un magistrado pueda quedarse en su silla cinco años más tras pasar esa edad es que el Presidente de la Nación proponga una extensión de su mandato y que esa propuesta sea refrendada por el Senado. Nada de eso ocurrió, pero Highton logró su cometido porque el Gobierno decidió dejar extinguir el plazo que tenía para apelar el amparo que presentó la jueza para evitar la jubilación obligatoria.
De Carlotto, remarcó esta situación y apuntó contra Highton de Nolasco: «Si viven bajo presiones para mantener el status que se pongan un kiosco».
La titular de Abuelas adelantó que trabajarán con urgencia en una «denuncia feroz» para revertir el fallo de la Corte en una instancia internacional. En este marco, le envió un mensaje frontal a la Corte y al Gobierno: «Nosotros no vamos a parar. Yo me enojo, pero me calmo y pienso cómo tengo que hacer para desbaratar todo esto, con razonamiento y respeto. Realizaremos una denuncia feroz a nivel internacional sobre la justicia argentina».
Comunicado de prensa de Organismos de Derechos Humanos
Hasta el día de hoy, fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos.
Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.
Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.
Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema.
De tomar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de tres años de prisión, que son de ejecución condicional y, así, un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho.
Llama poderosamente la atención que la jueza Highton de Nolasco, que en otras oportunidades impartió Justicia a favor de la verdad, hoy vote en sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes. Para dar un ejemplo, en el fallo Magnacco de 2009, que llamativamente fue omitido por la mayoría del Tribunal, justamente Highton de Nolasco se había pronunciado de forma opuesta a la resolución que tomó hoy, al considerar que debía aplicarse la ley 24.410, que establece penas más graves para delitos de apropiación.
Los organismos no claudicaremos en la lucha por la Justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias nacionales e internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. Asimismo, convocamos a todo el pueblo a defender los derechos conquistados, que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad.
Abuelas de Plaza de Mayo /Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora / Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas / H.I.J.O.S. Capital / Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) / Asociación Buena Memoria / Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte / Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz / Fundación Memoria Histórica y Social Argentina / Liga Argentina por los Derechos del Hombre
* Fotografías Colectivo Manifiesto.
