Macri y los medios: otro intento para detener la protesta social
Las recientes declaraciones de los funcionarios de Cambiemos en el perfeccionamiento de técnicas represivas, espionaje y criminalización van a tono con una polarización contra la protesta social. Los medios hegemónicos de comunicación se hacen eco y orquestan en la batalla por el “sentido común”. Volver sobre el proyecto anti-piquete, reprimir manifestaciones en el espacio público y esconder la crisis hasta las elecciones son algunos ejes de esta coyuntura.
Las últimas medidas del Gobierno parecen endurecer su posición frente a la protesta social. Mientras escribíamos estas líneas y el gobierno reprimía a los docentes en el Congreso, el diario La Nación informaba sobre la decisión de Cambiemos respecto a avanzar con medidas “innovadoras” que aseguren desorganizar los “piquetes”. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, y Gerardo Milman, Secretario de Seguridad Interior, se reunirían, en estos días, con los altos mandos de las fuerzas de seguridad a fin de perfeccionar el accionar contra toda protesta social.
Entre las novedades, hacen hincapié en la compra de grúas y otros elementos para remover los autos que obstaculicen los operativos represivos.
Recordemos que la protesta social también innova. Muestra de ello fue la concentración en la Panamericana y 197, que tuvo lugar durante el paro general del 6 de abril, donde los manifestantes generaron otra alternativa al clásico piquete, circulando lentamente con sus automóviles para visibilizarse. Quizás haya sido ese el motivo que llevó a los gendarmes a golpear a automovilistas y lanzar gases contra los vehículos.
En el diario de los Mitre se puede leer que se analiza la compra de “máquinas disuasivas no violentas ni letales (…) Uno de los dispositivos, por ejemplo, emite un sonido insoportable para el oído humano y dispersa en pocos segundos a los activistas (…) Otros aparatos disparan chorros de espuma que se solidifican en el acto e impiden el normal movimiento a los manifestantes. Luego las fuerzas de seguridad pueden reducirlos con mayor facilidad”.
Estas declaraciones y recientes indicios, como el envío de un “ejército” para desalojar a los trabajadores que ocupaban la planta AGR-Clarín, evidencian que el Gobierno -tras el aventón de la marcha del 1A, el “cierre” del conflicto docente y el “supuesto” éxito de despejar y evitar algunos cortes durante el paro general del 6A- vuelve a una remake del fallido proyecto anti-piquete que entró en vigencia el pasado 17 de febrero y cayó en desgracia.
El piquete como método de protesta se ha vuelto trasversal a las clases sociales: un corte de luz, una notificación de despidos o un tarifazo son detonantes para que el reclamo bloquee el tránsito, por eso la medida no va solo contra los “piqueteros” o trabajadores combativos, sino contra las diferentes expresiones de la protesta social.
El gobierno apunta que este es el momento y los medios han puesto el acento sobre el recurrente tema de los cortes, las caras tapadas, los palos y la mar en coche. Los análisis firmados por “figuras periodísticas” redactan las más burdas líneas que se escudan en el “derecho al trabajo”, en el “respetar la democracia” y otras yerbas. Un ejemplo es la nota de Jorge Lanata publicada en Clarín el 8 de abril donde se puede observar la exacerbada complicidad represiva. La foto que acompaña la nota habla por sí sola.
La nueva intentona va en consonancia con el ambiente que se percibe en “las calles”. En los últimos meses no han cesado los abusos policiales contra jóvenes, estigmatizados por “portación de rostro”, artistas callejeros, motociclistas, manteros, etc. Son las víctimas diarias de la arremetida policial que, replicando el discurso oficialista del último aniversario del golpe del 76, intentan volver a instalar la “teoría de los dos demonios”.
El incremento de la prepotencia policial es resultado de la luz verde que se está dando desde el gobierno a sectores que dentro de las “fuerzas de seguridad” pujan por más libertad a la hora de reprimir y eso se plasma en la disputa por el espacio público, donde pasa de la intimidación por la mera presencia al accionar concreto en calles, plazas, etc.
Recordemos el miércoles pasado cuando una niña fue esposada y golpeada en la Isla Maciel, rodeada de policías e increpada por su condición de villera, o la detención de la joven militante de La Garganta Poderosa, luego de filmar la detención ilegal de un menor esposado e introducido en un patrullero. También el cruel ataque al comedor “Cartoneritos” en Lanús.
Incluso en el reciente femicidio de Micaela, el gobierno, mediante sus ejércitos de trolls, intenta disputar la significación del movimiento feminista que es a claras opositor a un gobierno que busca deslegitimarlo. Al conocerse el asesinato de Micaela y la complicidad de la justicia patriarcal, el gobierno comenzó un operativo para deslindar su responsabilidad y desviar las potenciales movilizaciones hacia un reclamo por más “mano dura”, baja de la imputabilidad de menores y aplastar al garantismo en la justicia. Es decir, esta maniobra también responde a la estrategia general de aumentar los niveles represivos. Y, como no podía faltar, los medios masivos publicaron en ese sentido.
El envalentonamiento que el gobierno de Macri le ha ido cediendo a las “fuerzas de seguridad” va dirigido a erosionar la capacidad de las organizaciones sociales y políticas para dar respuesta al contexto de crisis económica que caracteriza su gestión.
Si hay más despidos y suspensiones, si crece el costo de vida, si se endurecen los conflictos sindicales o sociales, se prevé mayor protesta. La evidencia es el mes de marzo con las masivas movilizaciones de las mujeres, de los docentes y de las centrales sindicales. Un mes histórico en torno a los conflictos.
En ese camino, el Gobierno parece elegir la polarización, endurecerse en momentos electorales y responsabilizar a la anomia social por incremento de la pobreza. El objetivo es mellar sobre el “sentido común”, que se culpabilice a la protesta social y detrás está el “hay que dejarlo hacer”, “hay que darle tiempo” o la tan útil amenaza de la “desestabilización”. Polarizar tiene por fin retener al electorado disconforme que votó a Macri y que en las próximas legislativas de octubre puede penalizar al gobierno emitiendo su voto a la oposición.
Los medios hegemónicos de comunicación han acompañado todas estas decisiones. En los últimos días han cerrado filas con la avanzada de Cambiemos.
Lejos parece haber quedado la reprimenda de Clarín contra el gobierno luego de poner en duda su participación en los negocios del futbol, cuando se podían leer en el diario de mayor tirada las primeras tibias críticas a la gestión. Para subsanar la alianza, Mauricio Macri otorgó una batería de beneficios que hicieron engordar el valor de las acciones del multimedios Clarín, el botín fue la multiplicación en pauta publicitaria con el aumento de un 500% (casi 370 millones de pesos), decretos a medida del grupo, habilitación a la compra de Nextel, el otorgamiento de la frecuencia 4G y hasta el desguace de la detestada Ley de Medios.
Pero eso es cuento viejo. Desde hace semanas, un conjuro de medios hegemónicos televisivos, radiales y gráficos se alinearon en esta cruzada que busca responder a una sociedad movilizada.
Fuente: ANRed
